La ministra de Igualdad reabre el polarizado debate sobre la gestación subrogada

El debate en torno a la gestación subrogada o vientres de alquiler sobrevuela cíclicamente la opinión pública y las agendas políticas. El pasado domingo 10 de junio, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, despertó las ovaciones de los detractores y las críticas de los defensores de esta práctica, al sostener en una entrevista al diario El País que "los vientres de alquiler son la utilización del cuerpo de las mujeres más pobres".

El PSOE ya consensuó hace un año, en junio de 2017, su postura oficial en torno al debate. Con 175 votos a favor y 31 en contra, los socialistas acordaron rechazar los vientres de alquiler, pese a que las Juventudes Socialistas se habían expresado manifiestamente a favor de una regulación y continúan haciéndolo a día de hoy. Algo más tarde, en febrero de 2018, Unidos Podemos acordó su posición contra "la explotación reproductiva de las mujeres" y apoyó "el mantenimiento de la prohibición actual". Ciudadanos, por el contrario, ha sido la formación que de forma más rotunda ha defendido una regulación de la gestación subrogada. Su defensa explícita se materializó de hecho en una proposición de ley para regular esta práctica, registrada en junio del pasado año en la Cámara Baja. El líder del partido, Albert Rivera, calificó las palabras de Carmen Calvo de "planteamiento retrógrado" y la próxima semana, a través de una pregunta con respuesta oral en Pleno, interpelará a la vicepresidenta sobre "cuál es la posición del Gobierno de España ante la necesaria regulación de la gestación subrogada".

La segmentación entre partidos políticos es reflejo del cisma que suscita el debate también en la esfera social. Las campañas a favor y en contra de la regulación ganan fuerza en internet y ambas partes, lejos de llegar a un punto de encuentro, continúan fuertemente enfrentadas.

"Regular para proteger"

La plataforma Son Nuestros Hijos, compuesta por familias partidarias de la gestación subrogada, ha lanzado la campaña #RespétameRespétanos, ante lo que consideran las "graves manifestaciones de la ministra socialista de Igualdad". Marcos Jornet, presidente de la organización, defiende estar en contra de "cualquier explotación o coacción de la mujer". Estima que, precisamente, para "asegurar la libertad de las mujeres hace falta regular con garantías" y de esta manera "asegurar procesos que sean completamente éticos y en los que se salvaguarden los derechos e intereses de las mujeres y los menores".

Para Jornet, campañas que "usan términos despectivos, que fomentan la desigualdad, son inadmisibles y en último término pueden afectar a los menores que ya han nacido, que están en España y que son ciudadanos con los mismos derechos". Es éste uno de los principales argumentos de los defensores de la gestación subrogada. Y es que aunque la práctica está prohibida en España a través de la Ley sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, las familias que así lo deseen pueden acudir a otros países. Albania, Georgia, Grecia, Holanda, Reino Unido, Portugal, Rusia o Ucrania son algunos de los países donde está expresamente permitida, mientras que otros como Alemania, Austria, Estonia, Finlandia, Islandia, Moldavia, Serbia, Eslovenia, Suiza o Suecia son territorios donde la práctica se encuentra prohibida.

Más allá de abordar la regulación, explica Jornet, "hay una realidad que ni este Gobierno ni otro puede obviar" y es que existen "miles de menores nacidos por gestación subrogada que merecen ser tratados como hijos de cualquier otra familia". Por este motivo, reivindica "el legado de Pedro Zerolo, que medió para sacar adelante una instrucción de la Dirección General de Registros y del Notariado para asegurar el acceso de los menores nacidos por gestación en el extranjero al registro español".

A juicio de Jornet, el debate es inesquivable. "No se puede mirar hacia otro lado ante una realidad que es imparable y no se puede faltar al respeto [a las familias] por parte de una persona con responsabilidades públicas como es Carmen Calvo", agrega en conversación con este diario. Respecto a la regulación, Jornet reitera dos condiciones que deben ir por delante: el modelo debe ser ético y garantista. "Para eso hay que sentarse, dialogar y debatir, buscar puntos en común y tener presente el interés superior del menor", añade, así como "el derecho a decidir y la libertad de las mujeres sin ninguna coacción".

El debate está igualmente activo entre el movimiento LGTBI, aunque en el colectivo hay espacio para las diferencias entre detractores y partidarios. Lo resume la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales (FELGTB). Fuentes oficiales de la organización recuerdan que su composición se construye en torno a más de 40 entidades con diversidad de opiniones. "El último Congreso Federal, celebrado el pasado mes de abril, se debatió el asunto y se decidió que FELGTB propiciará un debate sereno, democrático y respetuoso en su seno y en exterior, en atención a las familias creadas a partir de esta técnica y que forman parte de las entidades federadas".

Las mismas fuentes aclaran que "hay muchas organizaciones que incluso piensan que esto no es un tema sobre el que haya que posicionarse, puesto que no afecta de manera mayoritaria al colectivo LGTBI", de modo que "está ahí pero no es exclusivo". Por otro lado, la federación plantea la dicotomía que concierne a la "parte ética: ¿es un abuso contra la mujer o es una decisión de la mujer sobre su propio cuerpo?". Todos esos argumentos, internamente, no han suscitado acuerdos, de modo que la federación ha instado "a trabajar para intentar alcanzar una postura al respecto, porque todavía hay demasiadas posiciones contrapuestas".

"Las mujeres no se pueden alquilar"

La campaña No Somos Vasijas revela una posición radicalmente opuesta. "Las mujeres no se pueden alquilar o comprar de manera total o parcial", abre su manifiesto. Las personas que lo suscriben piden que los responsables políticos "no se dejen engañar por campañas mediáticas, a todas luces parciales", en defensa de los vientres de alquiler y aseguran que "el deseo de paternidad y maternidad nunca puede sustituir o violar los derechos que asisten a las mujeres y a los menores".

La abogada Altamira Gonzalo, vicepresidenta de Mujeres Juristas Themis –asociación que forma parte de la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres–, cree que la práctica no es más que "una forma de cosificar a las mujeres" y "una explotación de la capacidad reproductiva de las mujeres", especialmente en lo que concierne "a las más necesitadas". Según la experiencia de la jurista, "los contratos son de explotación" y a las mujeres "se las limita, se vigila su movilidad, su medicación, sus relaciones sexuales, son absolutamente esclavas de quienes han contratado su cuerpo". Gonzalo cree que la posición que defiende "es mayoritaria en el movimiento feminista", que lo entiende como un "atentado tremendo a la dignidad de las mujeres".

Por otro lado, la jurista recuerda que la gestación subrogada ya se encuentra regulada en España. "La Ley de Reproducción Asistida declara nulos este tipo de contratos y el Código Penal, en su artículo 221, califica como delictiva la conducta de quien compra, vende y media". Por esa razón, insiste, "en España no hace falta ninguna regulación, está perfectamente regulado". Además, "el Tribunal Supremo tiene jurisprudencia en este mismo sentido, acorde con la legislación que tenemos". Quien, por el contrario, "se aparta del criterio jurisprudencial es el Registro Civil, pero no en todos los casos", matiza la letrada.

Gonzalo descarta la idea de que una regulación permisiva vaya a solventar la explotación que estima hay detrás de los vientres de alquiler, y rechaza cualquier atisbo de altruismo. "No hay altruismo en esto, hay que desengañarse", sostiene. "Detrás de estas campañas hay intereses económicos enormes de empresas de intermediación", valora.

Respecto al "sentimiento noble de paternidad y maternidad, que en ningún caso debe ser confundido con un derecho, ese sentimiento puede resarcirse mediante la adopción", puesto que existen en el país "muchos niños pendientes de que alguna familia los acoja".