El sector fotovoltaico estima que España duplicará su autoconsumo tras la muerte anunciada del 'impuesto al sol'

El peaje de respaldo que se cobra a los autoconsumidores de energía eléctrica, el llamado impuesto al sol, está dando sus últimos coletazos en España por tres motivos que, por casualidad, han confluido en los últimos meses. El primero se conoció la semana pasada y es la nueva directiva de renovables, para la que ya han llegado a un acuerdo Comisión, Consejo y Parlamento, y que establece que desde su puesta en marcha –se calcula que en 2021– hasta 2026, los Estados miembros deben eliminar cualquier norma que desincentive el autoconsumo. Por lo que, pase lo que pase en España, ya hay sentencia de muerte para el famoso decreto 900/2015, impulsado por el exministro de Energía Álvaro Nadal. Por otro lado, el cambio de Gobierno ha influido, tanto por la toma de posesión del nuevo Ejecutivo como por la caída en desgracia del anterior.

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, afirmó en una reciente entrevista que había que eliminar el impuesto al sol a la mayor brevedad posible. Pero más allá de la posible iniciativa gubernamental, el Congreso se mueve. Ya no habrá vetos del PP aludiendo a los Presupuestos porque ya no es el partido del Gobierno, lo que ha permitido dar alas a dos iniciativas tumbadas por el anterior Ejecutivo, dos proposiciones de ley contra el decreto 900/2015, presentadas por tres partidos. Una por Ciudadanos y otra por Unidos Podemos y PSOE. El veto a la norma de la formación naranja ha sido eliminado por la cámara y tanto la formación morada como los socialistas han presentado de nuevo la proposición, ayudados por la sentencia del Tribunal Constitucional que establecía que el Ejecutivo tenía que argumentar mejor sus alusiones a los Presupuestos para torpedear las leyes. Se debatirá este verano, pero todo apunta a que, sea de una forma o de otra, antes o después, el peaje al autoconsumo tiene los días contados.

Las estimaciones del sector

Según explica el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, las estimaciones de su organización calculan que en el año posterior a la eliminación del impuesto al sol, las instalaciones de autoconsumo en España podrían llegar entre a 200 y 300 MW de potencia instalada, frente a los 135 MW que se instalaron en 2017 según datos de la propia UNEF. Para Donoso, la clave no está en la eliminación del peaje de respaldo como tal, aunque es el punto más polémico. Se aplica a los autoconsumidores cuya instalación está conectada a la red con el objetivo de consumir electricidad en las horas en las que no corre el viento o no hace sol, y que cuentan con más de 10 KW de potencia. Está dividido en dos: uno de acceso a las redes y otro asociado al resto de los costes, como el déficit de tarifa o las primas a las renovables. El primero solo se aplica cuando se hace uso de la red, pero el segundo se aplica por la electricidad autoconsumida, la que se genera en el panel fotovoltaico y se consume en el hogar o en el local sin que un solo electrón salga del circuito. Ecologistas y asociaciones entienden que el autoconsumidor paga por algo que no utiliza y de ese modo es desanimado a apostar por un modelo que reduce su factura y las emisiones de gases de efecto invernadero.

El presidente de la UNEF considera una noticia más positiva aún la seguridad jurídica y la eliminación de trabas administrativas que conllevan las iniciativas tanto de PSOE y Podemos como de Ciudadanos. Con el decreto del PP, explica, "se obligaba a instalaciones que no vertían electricidad a la red a elaborar un informe de viabilidad como si fueran a verter", incrementando el coste. También era necesario instalar los contadores en el exterior de los edificios en vez de en el interior, "algo que en muchas ocasiones tenía un coste superior al del propio proyecto", asegura. "Lo hacen para que el inspector tenga acceso fácil. ¡Pero que toque a la puerta y le abren!", reclama, entre risas.

"En general", concluye Donoso, "había incerteza y ambigüedad. Cada empleado de las distribuidoras lo estaba interpretando a su manera y no se estaban cumpliendo los plazos" con respecto a los permisos necesarios de la instalación. "En ocasiones la tramitación dura más de un año", afirma. En todo caso, el Gobierno del PP estaba ya gestionando la modificación del decreto ley para simplificar los trámites administrativos, por lo que las trabas ya tenían los días contados.

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Para el secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), Juan Castro-Gil, el fin del impuesto al sol incluido en la directiva de renovables era "inevitable", ya que España era "el único país que le estaba poniendo puertas al sol". "El principal problema era el ministro Nadal", recuerda, por lo que ahora, opina Castro-Gil, lo que hace España "no es más que seguir la tendencia del resto del mundo" para promover un modelo de generación de energía eléctrica deslocalizado, inmune a los oligopolios, renovable y limpia por definición, ya que la mayoría de instalaciones de autoconsumo son de energía fotovoltaica.

Castro-Gil espera que PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos lleguen a un acuerdo en el Congreso y que este último se sume al "sentido común", en referencia a la postura de la formación naranja en los últimos años con respecto al impuesto al sol. En 2017, todos los partidos (excepto PP y Foro Asturias) firmaron la proposición de ley de eliminación del peaje de respaldo, el Grupo Popular la bloqueó y Ciudadanos no se opuso, defendiendo el derecho a veto del Gobierno. Posteriormente, Cs estuvo negociando con el Ejecutivo eliminar trabas administrativas del texto legal y, hace unas semanas, celebró que se eliminara el veto a su propia iniciativa. Unos virajes que no gustaron a las asociaciones de energía fotovoltaica.

El Gobierno de Mariano Rajoy aseguraba que la supresión del peaje de respaldo privaría al Estado de 162 millones de euros en impuestos y un gasto de 10 millones adicionales para compensar el déficit que, según sus cálculos, provocaría la consecuente reducción de los peajes. Sin embargo, UNEF elaboró el pasado año un informe que intentaba desmontar los cálculos del Ejecutivo asegurando que no habían estimado bien el porcentaje de los autoconsumidores a los que les afectaba el impuesto en comparación al resto, una cifra que la organización consideraba mucho menor. El impacto sería positivo, según Unef, con un saldo positivo para el Estado de ingresos de más de 68 millones de euros, contando "retornos fiscales y costes anuales evitados".