La fusión de las cajas gallegas: el fiasco que Feijóo vendió como "hecho histórico" y costó 9.178 millones a los contribuyentes

El 29 de noviembre de 2010, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apadrinó la firma ante notario de las escrituras fundacionales de Novacaixagalicia, la entidad resultante de la fusión de las dos cajas de ahorros gallegas. Ante los máximos responsables de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, y Caixa Galicia, Mauro Varela, Feijóo celebró como un “hecho histórico” una operación que, a su juicio, trascendía “sus objetivos meramente financieros” para convertirse en un ejemplo de cómo Galicia afrontaba la crisis económica con “medidas constructivas y autónomas”.

También atribuyó la “fortaleza de la fusión” a su “demostrada solvencia”. Y glosó la “gestión profesional e independiente” que quedaba en manos de Gayoso, Varela y sus directores generales, José Luis Pego y Javier García de Paredes, también presentes en el acto celebrado en Santiago de Compostela.

Sin embargo, no había transcurrido aún un año y ya en septiembre de 2011 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) anunciaba una inyección de 2.465 millones de euros de dinero público en la caja fusionada. Fue sólo la primera. El importe global del rescate se elevó hasta 10.251 millones de euros, según los últimos cálculos publicados por el Banco de España. De esa cantidad, el supervisor da por perdidos 9.178 millones: en diciembre de 2013 el FROB vendió Novacaixagalicia al financiero venezolano Juan Carlos Escotet por sólo 1.003 millones de euros.

Además, apenas unos meses más tarde –junio de 2012– los cuatro gestores presentes en esa firme solemne terminaban imputados por cobrar 42 millones de euros en indemnizaciones mientras la caja se hundía y pedía dinero público. Mauro Varela fue finalmente desimputado y Javier García de Paredes, absuelto por la Audiencia Nacional. Pero el Tribunal Supremo condenó a Julio Fernández Gayoso y a José Luis Pego, así como a otros dos altos directivos y un asesor legal, a dos años de cárcelcada uno por apropiación indebida y administración desleal. Entraron en prisión en enero de 2017 y empezaron a salir en régimen de semilibertad en agosto y octubre.

En resumen, año y medio después de ese acto en Santiago, Galicia se quedaba sin cajas de ahorros, ya que Novacaixagalicia se convirtió en banco en octubre de 2011. Y pese a que Abanca –la reencarnación de Novagalicia Banco– mantiene el domicilio social en la comunidad autónoma, el capital que lo sostiene es venezolano. La comunidad autónoma tampoco tiene ya bancos propios. Tras la absorción del Banco Pastor por el Popular en 2012, y la de éste, a su vez, por el Santander en 2017, el grupo de Ana Botín dio de baja hace menos de dos meses la ficha bancaria del otro gran banco gallego y trasladó su sede social de A Coruña a Madrid.

En el camino, no sólo se han perdido 9.178 millones de euros de dinero público, sino que, además, la fusión de las dos grandes cajas se saldó con cuatro Expedientes de Regulación de Empleo (ERE), que se tradujeron en 3.780 despidos y prejubilaciones –la mitad de la plantilla–, y en el cierre de 300 sucursales.

Fernández Ordóñez, en contra

El fiasco de las cajas gallegas está bajo investigación en dos comisiones parlamentarias, una en la Cámara gallega y otra en el Congreso de los Diputados, que indaga en la crisis financiera española al completo. En esta última compareció el pasado noviembre el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez. No quiso acudir en persona al Parlamento de Galicia cuando se le convocó, en julio de 2013, pero presentó una declaración por escrito. En ambos foros explicó que la fusión de Caixanova y Caixagalicia provocaba un problema de falta de competencia y, sobre todo, que existían otras alternativas “más sólidas”.

“Tuve ocasión de plantearle estos problemas de competencia al presidente de la Xunta en una entrevista en la que traté de convencerle –y es obvio que no pude– de que permitiera buscar soluciones más sólidas y mejores desde todos los puntos de vista económicos, incluido éste”, contestó al Parlamento gallego. Ambas cajas sumaban el 50% de la cuota de mercado en Galicia, un hecho que no había ocurrido en ninguna otra comunidad autónoma, precisaba Fernández Ordóñez.

Cuatro años después, lo reiteró en el Congreso. La fusión de las cajas gallegas fue “un ejemplo típico” de regulación con los “incentivos mal alineados”. De hecho, fueron las únicas entidades que tuvieron ese problema. “El incentivo”, subrayó, “estaba mal diseñado porque se dejaba al presidente de la comunidad autónoma –y no sólo el señor Feijóo, en el Parlamento gallego había una idea muy grande de galleguidad– que vetara las fusiones”. La operación, explicaba Fernández Ordóñez a los diputados, ha costado “mucho dinero, 9.000 millones”, pero “Galicia no los ha pagado, los paga el Estado, y ése es un ejemplo de libro de incentivo mal alineado”.

La tesis del Banco de España siempre ha sido que la Xunta “lideró” tanto el proyecto de integración de las dos cajas como “las propias negociaciones entre los dos órganos de administración”. Lo repitió el exsubgobernador y expresidente del FROB Javier Aríztegui Yáñez en la misma comisión cuando dejó claro que el Banco de España prefería “otra opción” pero fue imposible “porque las autoridades de Galicia formaron otro criterio e impulsaron otro proyecto”.

Esa alternativa a la fusión de las dos cajas era la integración con una entidad de otra comunidad autónoma. Fernández Ordóñez reveló ante el Parlamento gallego que en 2009 Caixanova y Caixagalicia “estuvieron trabajando en proyectos corporativos independientes”. En concreto, Caixagalicia trabajaba en la integración con otras dos cajas de ahorro, que el exgobernador no cita. Mencionó también a otra “entidad grande con una demostrada capacidad de gestión y que ha superado el ejercicio de estrés de Oliver Wyman con holgura”, que estaba interesada en adquirir la entidad coruñesa. Mientras, Caixanova negociaba con “un grupo de cajas de ahorro de similar tamaño y elevada solidez”, aseguró sin más precisiones.

Pero, continuó, Fernández Ordóñez, “la insistencia y el bloqueo de la Xunta a cualquier fusión de las cajas gallegas con otras de fuera de la comunidad autónoma” frustró estas actuaciones.

Un mandato de la sociedad gallega, dice Feijóo

El Gobierno de Núñez Feijóo replica que no hizo más que cumplir el mandato del Parlamento gallego, que en noviembre de 2009 le había instado por unanimidad a defender que los centros de decisión de las cajas se mantuvieran en Galicia. Así lo explicó en la comisión de investigación del Congreso el pasado mes de abril quien entonces era conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás. “Era el criterio que defendió toda la sociedad gallega”, esgrimió. La futura caja debía ser “solvente y gallega”. Lo que Fernández Currás negó es que la Xunta “antepusiera gallega a solvente”. “El orden fue el inverso; hasta cinco veces se nos dijo que [la caja fusionada] era solvente”, recalcó.

Tanto la conselleira en el Congreso como Núñez Feijóo siempre que le han preguntado han apuntado el tiro hacia Fernández Ordóñez. A juicio de Fernández Currás, “la opinión del gobernador en materia de competencia tampoco es muy relevante”, ya que hasta la Dirección General de Competencia de la UE dio su visto bueno a la fusión. También se quejó la conselleira de los “agravios comparativos” sufridos por Galicia: el Gobierno del PSOE recurrió la Ley de Cajas gallega ante el Tribunal Constitucional, el FROB negó un Esquema de Protección de Activos (EPA) –garantías– a la caja fusionada y valoró su patrimonio neto en sólo 181 millones de euros cuando en libros alcanzaba los 1.714 millones… “La fusión fue la consecuencia de la mala situación de las cajas, de 13.500 millones de euros de aumento del crédito inmobiliario en cuatro años”, resumió en el Congreso.

Núñez Feijóo tampoco ha admitido responsabilidad alguna sobre una operación que Julio Fernández Gayoso consideró “la solución más traumática de todas”. Por el contrario, culpa a los directivos de las cajas, a “algunos políticos y al Banco de España, que “no actuó con la diligencia debida en la fusión de las entidades, en su supervisión y en toda la remodelación bancaria española”. “Y él [Fernández Ordóñez] era el máximo responsable”, remacha.

La conselleira de Facenda, además, descarta que hubiera opciones distintas a la que se ejecutó.  Se reducían a la recapitalización o la liquidación ordenada, “que es la más barata”, sintetizó. Pero la segunda “habría supuesto tener que hacer frente a 30.000 millones de depósitos de minoristas”, así que se prefirió “inyectar dinero público, lo mismo que hicieron todos los países europeos”.

La Xunta sostiene también a su favor que la fusión fue aprobada por el mismo Banco de España que en un principio se opuso. Después, también por el Parlamento gallego –con los votos a favor del PP y el PSOE y la abstención del BNG, pero porque temía que se abrieran las puertas a la privatización–, la CNMV y Bruselas.

En su día, Fernández Ordóñez indicó que el Banco de España había dado luz verde a la fusión “como mal menor para evitar una situación de bloqueo”. Según escribió al Parlamento gallego, ese bloqueo habría aumentado el deterioro de las cajas, lo que a su vez habría acabado en la intervención de las entidades, “una solución más traumática y de mayor coste” –la que se produjo dos años más tarde–. Por eso, el supervisor prefirió “exigir condicionantes para que la fusión pudiera ser aprobada con un mínimo de razonabilidad en cuanto a solidez”. Sin embargo, vuelve a cargar de nuevo Fernández Ordóñez, los condicionantes “se cumplieron muy parcialmente”.

La auditoría que sólo era un “diagnóstico acelerado”

Además de en el mandato aprobado por el Parlamento gallego, la Xunta basó su apuesta por la fusión de Caixanova y Caixagalicia en un informe que encargó a KPMG y publicitó ampliamente. Costó 835.000 euros. Según Fernández Currás, se eligió a esta multinacional de la consultoría por recomendación del Banco de España. El 20 de enero de 2010, la conselleira compareció ante los medios de comunicación para presentar lo que definió como una “auditoría externa”. El comunicado que hizo público la Xunta incluso hablaba de due diligence, el informe previo por el que se investiga a la otra parte en una operación mercantil. Ese documento, aseguraba el Gobierno gallego, no sólo “avalaba la solvencia de la fusión de las cajas gallegas”, sino que también auguraba que la entidad resultante se convertiría en “la quinta caja española por volumen de activos”.

En su comparecencia, Fernández Currás descartaba la fusión con cajas de otra comunidad autónoma tanto como el SIP –Sistema Institucional de Protección o fusión fría–, porque “vaciaría de contenido” las entidades, se perdería la capacidad de decisión, supondría su “bancarización” y resultaría “un proceso irreversible, con un trasvase de trabajadores a la nueva entidad, y que sólo permitiría competencias residuales y de imagen”.

Aunque reconocía que el informe no analizaba otras opciones aparte de la fusión intrarregional y que una integración con entidades de fuera de Galicia podría obtener mejores resultados económicos, la conselleira alegó que no se trataba de “buscar el máximo rendimiento del dividendo”. “Las cajas”, argumentaba, “no se crearon con fines lucrativos”.

En las dos comisiones parlamentarias que investigan la operación gallega comparecieron también dos de los autores de esa auditoría externa. Y negaron que fuera tal, como falsamente argumentó la Xunta. Su trabajo no era sino un “informe preliminar” o “diagnóstico acelerado” sobre la fusión de las cajas. Ni una auditoría de cuentas, ni una due diligence ni ningún otro tipo de documento requerido por la normativa mercantil. Tampoco se les pidió que analizaran otras alternativas a la fusión de ambas cajas, indicó el consultor de KPMG Francesc Gibert Pibernat. Según añadió, el estudio pormenorizado de un proceso tan complejo como una fusión requiere un trabajo de cuatro a seis meses. En cambio, el informe preliminar fue elaborado durante un mes, por un equipo de 50 personas. Se trató de un análisis de la viabilidad de la fusión, para “anticipar el trazo grueso de un trabajo completo”. Una segunda fase, que debía durar tres o cuatro meses, consistía en elaborar los planes de integración y fue encargada a Pricewaterhouse Coopers (PwC) y Deloitte. 

De acuerdo con los datos del informe de KPMG, la fusión debía suponer el cierre de 280 oficinas, un 20% de la red, y un recorte de plantilla de 1.300 empleados, el 90% a través de prejubilaciones. Así se ahorrarían 120 millones de euros al año. Además, preveía unas ayudas del FROB de entre 1.200 y 1.500 millones de euros. Con estos mimbres, y pese a una exposición al sector inmobiliario de 17.000 millones de euros, la consultora calculaba que la entidad resultante no sólo tendría beneficios en un plazo de cinco años, sino que para entonces, además, sería “rentable y sostenible en el tiempo”.

No fue así en absoluto. Según el consultor de KPMG, porque la economía se deterioró de una forma que ni ellos ni nadie habían previsto y porque cambió el marco regulatorio. Gibert Pibernat se refería a las nuevas exigencias de capital impuestas al sector financiero. En 2011 las cajas fueron obligadas a tener un 10% de core capital, o capital principal y por entonces la recién nacida Novacaixagalicia no superaba el 5,2%. El Banco de España cifró entonces las necesidades de capital de la caja fusionada en 2.622 millones de euros, las mayores de todo el sistema financiero español. “Nuestras conclusiones continuaban siendo válidas un año después [de elaborado el informe, en diciembre de 2009], no así a partir del segundo o tercer año”, justificó el consultor de KPMG.

Feijóo se arruga

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Gayoso, contra la fusión con el vecino del norte

Pero no fue Fernández Ordóñez la única voz discrepante con la fusión de las cajas gallegas. El presidente de una de ellas, Julio Fernández Gayoso, también la rechazó en un primer momento. “[Caixanova y Caixagalicia] ocupaban el mismo territorio desde hacía 100 años, era imposible evitar duplicidades de sedes centrales y de oficinas”, lamentó en la comisión del Congreso. Director general de Caixavigo y Caixanova desde 1965 y presidente no ejecutivo de Caixanova desde 2006 hasta 2010, Fernández Gayoso creía que fusionarse con su competidor del norte de Galicia supondría no sólo una sangría de despidos y oficinas, sino además una disminución del negocio, “del crédito viejo, vivo” y una caída de los depósitos, por tanto también de los resultados y de la obra social. Por eso consideraba preferible “una unión de cajas de distintas comunidades, la misma solución que aplicaron todas las cajas de España, sin excepción”. “¿Por qué no se hizo esto en Galicia?”, se preguntó ante los diputados el pasado mes de mayo, “porque no estaba permitido”. Aun así, Gayoso firmó la fusión con Mauro Varela al abrigo de Núñez Feijóo. En la comisión echó balones fuera: “Yo estaba en contra de la fusión, pero quienes tenían que tomar la decisión eran los órganos de gobierno de la caja que, unánimemente, estaban alineados con esa postura”.

Para el presidente de la Xunta, la culpa de todo fue del Banco de España y, retroactivamente, de directivos como Gayoso además del Gobierno que le precedió en San Caetano, integrado por el PSOE y el BNG. Ellos deberían explicar “por qué aumentó tanto la red de oficinas, por qué esas sucursales se abrían en Levante y en lugares de enorme especulación urbanística y por qué se incrementaron tanto los riesgos y las inversiones en inmuebles”, recapituló en una entrevista concedida a la Radio Galega. Pero sobre la decisión de la Xunta, ni una duda: “Volveríamos a hacer lo mismo que hicimos”. La decisión le costó a los contribuyentes 9.178 millones de euros.