La jueza Alaya responde al CGPJ por abrirle diligencias: "Quiero cambiar el sistema desde dentro"

La magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla Mercedes Alaya, quien fuera instructora de macrocausas como los ERE, Mercasevilla o del caso Lopera y empezara la de los cursos de formación, manifestó este miércoles que está "muy tranquila" con las últimas declaraciones que realizó, que ratifica, y con las que pretende "cambiar el sistema desde dentro", en las que aseguró principalmente en lo referente a la independencia de la Fiscalía General del Estado del Gobierno, informa Europa Press.

En un foro informativo, Alaya había dicho que atribuir a la Fiscalía la investigación de los procedimientos por corrupción sería "como tener al lobo metido dentro del gallinero". A este respecto, el Pleno del Consejo Fiscal decidió por unanimidad mostrar su rechazo a estas palabras, ya que considera que "suponen un absoluto desconocimiento" de la institución que es el Ministerio Público, además de un "menosprecio implícito".

En un almuerzo informativo en Madrid, Alaya aseguró que las "presiones" que dice haber sufrido son "absolutamente comprobables" en las hemerotecas y que son los políticos quienes "utilizan a los medios para presionar al poder judicial". También criticó la elección del fiscal general del Estado por parte del gobierno porque puede ser escogido "por afinidades políticas" y, por tanto, podría incurrir en "seguir directrices de partidos políticos".

Precisamente este miércoles se conoció que el promotor de Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) abrió una diligencia informativa en relación con las recientes manifestaciones de Alaya. 

Fuentes del CGPJ indicaron que la apertura de diligencias se produce después de que la Fiscalía General del Estado haya remitido una comunicación al CGPJ considerando que son "merecedoras de la apertura de expediente disciplinario".

En la comunicación se daba traslado de los acuerdos adoptados el 5 de junio por el Pleno del Consejo Fiscal, que rechazó las declaraciones efectuadas el día anterior por Alaya por poner en entredicho, "con el menosprecio que las mismas lleva implícito, la objetividad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y sus integrantes".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Audiencia, Alaya manifestó que "está muy tranquila" por lo que dijo, ratificando que "necesitamos una Fiscalía independiente y no elegida por el Gobierno". "La Constitución dice que será nombrado por el Gobierno, no elegido", subrayó, precisando que está "en contra" de este sistema, "no de las personas".

La magistrada, que no valoró la propuesta de María José Segarra como fiscal general del Estado, defendió un acuerdo de todas las fuerzas políticas para elegir este cargo. "Las fuerzas políticas son tan dispares que tendrían que elegir una persona independiente", sugirió.

Alaya, que aseguró que su relación con el presidente de la Audiencia Provincial, Damián Álvarez, "a día de hoy es magnífica y estupenda", señaló que éste "entiende lo que persigo, modificar el sistema desde dentro". Precisamente, Álvarez aseguró ante el CGPJ que cuando tuvo conocimiento de los comentarios de la magistrada sobre posibles "presiones" políticas pensó, en un primer momento, que ella "buscaba algún tipo de carrera política".

"No se me pasaba ser otra cosa que jueza"

"Es una opinión libre de Álvarez, pero ni se me pasa por la imaginación ser otra cosa que jueza. No estoy tentada ni pienso en otra cosa que no sea mi trabajo, que llevo al día, puedo llevar esto y todo lo que me echen", expresó. "En la Carrera Judicial mientras menos se hable sería mejor, estaría más tranquila sin hablar en mi casa o en mi trabajo", manifestó.

"Mis intenciones son loables, cambiar el sistema desde dentro, sin pretender afear la conducta ni herir a nadie. Hay muchos jueces que pretenden la independencia judicial por encima de todo", afirmó, exponiendo que existe "apariencia de politización" en los nombramientos de altos cargos del CGPJ, Tribunal Supremo, TSJA o presidentes de Audiencias, que son "cargos discrecionales" y que "sí que influyen en las resoluciones judiciales", refiriéndose a "cargos y no personas", quiso aclarar.

En una entrevista concedida recientemente al diario ABC y en un almuerzo informativo en Madrid, Alaya hacía referencia a presiones políticas para "apartarla" de las macrocausas que instruía porque había "miedo" a que siguiera investigando los cursos de formación, y además se pronunció sobre el trabajo de los jueces de refuerzo durante la instrucción.

Esto provocó que la Junta de Jueces de Instrucción de Sevilla expresara su profundo malestar por las manifestaciones de la magistrada cuestionando la capacidad y profesionalidad de sus compañeros, principalmente de quienes realizaron funciones de refuerzo, como el magistrado Álvaro Martín. La Sala de Gobierno del TSJA tomó este martes conocimiento del acta de la Junta Sectorial y puso de manifiesto que es obligación de todo juez promover en la sociedad una actitud de "respeto y confianza" en el Poder Judicial.

En este sentido, Alaya reconoció que le "dan igual" las quejas de sus compañeros, porque lo que quiso decir es que "no podía perder el tiempo" en explicar las macrocausas y los millones de folios que tenía. "Era más eficaz hacerlo yo que explicar a personas que no tenían que tener conocimiento de las causas", expresó.

No obstante, Alaya, que afirmó que "no distingue entre partidos, pues al PSOE y PP les interesa en determinadas instrucciones mover sus piezas", matizó que con sus palabras no se refiere a los jueces de instrucción, sino a Álvaro Martín, miembro destacado de la APM, y "me remito a las palabras que dije". "Hay determinadas personas que representan cargos importantes en asociaciones que deben ser ejemplares, algo que se demuestra trabajando", manifestó.

"Lamenté profundamente dejar los cursos de formación"

A raíz de esto, aseguró que "no ha criticado" a María Núñez, actual juez de Instrucción número 6, quien le merece "todo el respeto". Cabe recordar que Alaya, siendo titular del Juzgado, solicitó ocupar una plaza en la Audiencia Provincial, al tiempo que pidió la comisión de servicio para seguir instruyendo todas las macrocausas, si bien sólo se le asignó el caso de los ERE y a Núñez Bolaños, la instrucción del resto, entre ellas los cursos de formación o los avales concedidos por IDEA.

Alaya no compartía este reparto y, ante su falta de colaboración, el TSJA solicitó al CGPJ la aprobación de una única comisión de servicio en favor del juez de refuerzo, Álvaro Martín, lo que implicaba revocar la comisión concedida inicialmente a Alaya. Entonces, remitió una carta al CGPJ en la que aludía, entre otros aspectos, a la "estrecha amistad" de Núñez Bolaños con el entonces consejero de Justicia e Interior Emilio de Llera.

Sobre esa carta, la magistrada afirmó que era "privada" y pertenecía a un expediente "privado", donde "lo único que decía" era un organigrama "coherente" para terminar estas instrucciones en breve plazo y "no como se están haciendo y dilatando", así como la "amistad íntima de Bolaños con De Llera". "Nos rasgamos las vestiduras por algo que era notorio en Sevilla y que sólo quería poner en conocimiento del CGPJ por si querían tenerlo en cuenta", indicó.

Aseguró que de haber sabido que no hubiese podido seguir con la instrucción, "no hubiese solicitado la plaza en la Audiencia". "Tenía la seguridad hasta el punto de que se pensó por los responsables que la plaza –del Juzgado de Instrucción 6– se iba a quedar vacante". "Lamenté profundamente no seguir con la instrucción de los cursos de formación porque había cosas muy importantes", expresó antes de lamentar que "sin practicar diligencia alguna, se distribuyeron –por la juez Núñez– los informes de la Intervención de la Junta por provincias".

Medios "muy injustos" con ella

Sobre su relación con los medios de comunicación, Alaya expresó que fueron "muy injustos con ella casi desde el primer momento", sobre todo, con informaciones referentes a su estilismo, algo que no hubiese ocurrido de ser un hombre. "Me han dolido mucho", confesó antes de señalar que no se mete en titulares sobre su trabajo.

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También reconoció que esperaba que los órganos jurisdiccionales superiores "respetaran" sus decisiones, pero "no ha sido así", sino que "siempre ha habido altas instancias del Poder Judicial que comentaban sus resoluciones y siempre en negativo".

Aseguró que considera "más que una solemne tontería" pensar que con el trabajo que ella tenía "me preocupara del calendario del PSOE" para hacer coincidir sus resoluciones con elecciones o asuntos políticos. "Es absurdo", insistió.

De otro lado,recordó que "el primer gran daño" que se le causó en la instrucción de macrocausas fue la recusación contra ella en 2010 por una acusada en Mercasevilla, y apoyada por la Fiscalía, por la relación de la actividad profesional de su marido con la investigación judicial, pues su esposo fue auditor de Mercasevilla durante siete años hasta junio de 2002. "Fue duro de admitir esta recusación sin pies ni cabeza", admitió.