Las propuesta de crear “centros cerrados” para migrantes alarma a las ONG: “No queremos repetir la experiencia de Grecia”

Faltan poco más de 48 horas para que comience el Consejo Europeo en el que los Veintiocho intentarán buscar una solución a la situación de los migrantes y refugiados que tratan de alcanzar el continente a través del Mediterráneo. Las políticas xenófobas del ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, y su antítesis con la decisión del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, de acoger a las 629 personas rescatadas por el barco Aquarius, han situado el debate en el centro de la actualidad. Pero la solución, de momento, tan sólo pasa por propuestas y no por acuerdos concretos. Mientras tanto, las cifras de quienes atraviesan esta ruta, catalogada ya como la más mortífera del mundo, no decaen.

Jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea (UE), entre ellos el de España, se reunieron este domingo para tratar de acercar posturas en el debate que, en este momento, está encima de la mesa de todos los gobiernos europeos. Convocados por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, acudieron a la cita, junto a Pedro Sánchez, los jefes de Estado o de Gobierno de Alemania, Francia, Italia, Grecia, Austria, Bulgaria, Malta, Bélgica, Holanda, Croacia, Eslovenia, Dinamarca, Finlandia, Suecia y Luxemburgo. No acudió, en cambio, el llamado Grupo de Visegrado, formado por Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, los que, en la línea de Salvini, rechazan acoger en sus países a migrantes y refugiados solicitantes de asilo. 

Y aquí está, precisamente, la división. El tablero europeo ahora mismo está formado por dos grupos diferenciados. De un lado, Italia y los cuatro de Visegrado, contrarios a la acogida e integración y a la adopción de cuotas de reparto de solicitantes de asilo. Del otro, todos aquellos países favorables a buscar otro tipo de solución que no pase por el cierre completo de fronteras. Ambos grupos han lanzado su primera propuesta. La italiana pasa por la creación de "centros de protección internacional" en los países de tránsito como Libia o Níger desde los que se gestionarían las solicitudes de asilo –aunque el viceprimer ministro libio, Ahmed Maitig, por su parte, la ha rechazado, tal y como informaron este lunes los medios italianos después de la visita que Salvini hizo a la ciudad de Trípoli–. La francoespañola, por su parte, también incide en la necesidad de gestionar los flujos migratorios a través de la creación centros "cerrados" de migrantes –en palabras del presidente francés, Emmanuel Macron–, o centros "controlados" –según Sánchez–, pero dentro de la Unión Europea. 

Las posiciones, por tanto, han dado pasos para acercarse. Además, Sánchez aseguró este mismo domingo que tanto él como el resto de socios comunitarios estudiarán en los próximos días la propuesta migratoria del Ejecutivo italiano. En este sentido, desde Moncloa precisaron, según Europa Press, que para el Gobierno "ambas propuestas –la de establecer centros de migrantes dentro y fuera de la UE– son compatibles". Y en este sentido se pronunció también el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, que aseguró, respecto a la creación de estos centros, que "el problema no es el dónde sino el cómo".

Para las ONG, en cambio, hay una diferencia sustancial en el dónde, aunque no disimulan su preocupación por ambas propuestas. Según explican, que la solución a las llegadas masivas de migrantes y refugiados pase por centros "cerrados" –o "controlados", como prefiere denominarlos el jefe del Ejecutivo– no es lo ideal. La experiencia de campos de refugiados en las islas griegas, la imprecisión del término "cerrados" o la posible semejanza con lo que en España conocemos como Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) preocupa a las organizaciones, algo recelosas con las soluciones que, de momento, se han puesto sobre la mesa. 

¿Y los Derechos Humanos?

El anuncio conjunto de Sánchez y Macron se ha limitado a hacer hincapié en esa necesidad de crear centros "cerrados" o "controlados". De momento, no se ha detallado nada más, y esto alarma a las ONG. "Esto nos preocupa seriamente, en primer lugar, porque en ningún momento cuando se ha anunciado esta iniciativa se ha hablado de que se vayan a garantizar los Derechos Humanos y la asistencia de todas las personas que lleguen ahí", asegura Lara Contreras, responsable de Relaciones Institucionales de Oxfam Intermón. "Eso debería haber ido en el anuncio en el primer lugar", añade. 

En este sentido, Contreras recuerda el caso de los campos de refugiados de las islas griegas y lamenta, así, que la propuesta de París y Madrid pueda provocar la apertura de más centros de este tipo. "Nos preocupa también que tenemos la experiencia de Grecia y los centros de las islas. Son lugares pensados para 2.000 personas que han llegado a albergar hasta 10.000", critica.

 

Junto a Italia, Grecia es uno de los países de la Unión con mayor presión migratoria, y la solución a las masivas llegadas que, desde el año 2015, ha presenciado el país heleno no han sido alabadas por ninguna ONG. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) informó el pasado mes de febrero de que más de 600 solicitantes de asilo instalados en las islas del Egeo denunciaron en 2017 haber sido víctimas de violencia sexual o de género. La situación ha sido especialmente preocupante en los centros de recepción de Moria, en la isla de Lesbos, y el de Vathy, en la isla de Samos, que acogen a unas 5.500 personas, más del doble de su teórica capacidad. Y el peligro de que esto se replique en otros países de la UE está latente. "La experiencia es muy negativa y el temor a que se esté replicando esta situación que ya sabemos que no funciona y que hace sufrir a las personas que llegan a nuestro territorio está ahí", lamenta Contreras. 

Pero es que, además, la imprecisión del término "cerrado" genera muchas dudas. Quizá por este motivo, Sánchez ha preferido denominarlos centros "controlados", aunque el adjetivo utilizado por Macron es el que más ha asustado a las organizaciones. Así, Josep Buades, portavoz del Servicio Jesuita a Migrantes, explica que el término evoca a lo que en España conocemos como CIE. "Cuando se concibieron, eran una puerta de salida, no de entrada" como, argumenta, se están empleando en la actualidad. Esto, según añade, elimina la utilidad de los centros, por lo que llevar a cabo "un internamiento en un centro cerrado, sobre todo durante un tiempo prolongado, es inútil". 

Desde Amnistía Internacional, por su parte, no quieren aventurarse demasiado a la hora de calificar esta propuesta, aunque sí se muestran preocupados por este tipo de políticas "de contención", tal y como las califica Verónica Barroso, responsable de Relaciones Institucionales y portavoz para temas de crisis de refugiados de esta organización. Según explica, tanto la propuesta italiana como la que realizaron conjuntamente España y Francia son peligrosas. "Hay que ver en qué se va a concretar todo esto pero, en principio, solo con el anuncio que han hecho sí que nos preocupa que efectivamente estas personas queden totalmente desprotegidas", lamenta. 

Pero, además, confirma que las políticas europeas en materia de migración que se discutirán este 28 y 29 de junio en Bruselas marcharán por la senda de la externalización de fronteras, algo que llevan denunciando las ONG desde que se comenzaran a tomar estas medidas en 2016 con la firma del acuerdo UE-Turquía. El Consejo Europeo, explica Barroso, habla de "plataformas regionales de desembarco", cuya idea es establecer un sistema rápido de identificación de aquellas personas que migran por razones económicas y aquellas que necesitan protección internacional. El resultado que podría dejar esta política: "la desprotección" de todos aquellos migrantes económicos. 

Estos, según Sánchez, serían devueltos a su país de origen. Pero para Buades tampoco tiene sentido. "Si ningún país reconoce que son de su nacionalidad y no están dispuestos a recibirles no pueden ser 'devueltos', así que la opción de que permanezcan encerrados tampoco tendría sentido en este caso", argumenta. 

Reconfigurar el Reglamento de Dublín

Los países de la Unión Europea pondrán sobre la mesa otra cuestión principal: el Reglamento de Dublín. Según este documento, las solicitudes de asilo tienen que demandarse en el primer país europeo al que llegan estas personas, que se hará cargo de ellas. Pero la crisis migratoria que comenzó en el año 2015 –cuando la foto de Aylan Kurdi, el niño sirio que apareció ahogado en una playa de Turquía, conmocionó, al menos de cara a la galería, a Europa entera– cambió el panorama. Entonces, se elaboró el sistema de cuotas por el que todos los países europeos debían acoger a un número determinado de migrantes que habían llegado a las costas griegas o italianas. Sin embargo, cuando terminó el plazo dos años después, ninguno de los Veintiocho, incluido España, había cumplido con su compromiso. 

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Por ello, desde las ONG, solicitan reformar el Reglamento de Dublín y que, además, se establezcan nuevas cuotas de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros. La responsabilidad, explican, es de todos ellos. "Lo que queremos que contenga el Reglamento de Dublín es esa responsabilidad compartida con las personas que llegan. Lo que pedimos es que se obligue a los países a aceptar esas cuotas y se sancione si no lo permiten", explica Contreras.

Y con ella coincide Barroso. "Lo que estamos planteando y lo que le hemos pedido al presidente del Gobierno es que se acuerde un mecanismo obligatorio de reparto de cuotas de tal manera que las personas refugiadas puedan ser acogidas de una manera justa y equitativa", afirma. "Con eso, por un lado se consigue restar presión a los países fronterizos, que son los que reciben mayor número de llegadas, y que se puedan repartir esas personas que están llegando entre el resto de Estados miembros de una forma más justa", añade. 

Esto es lo que solicita Roma. En 2017, llegaron al país 120.000 migrantes y, por ello, recriminaron a sus socios europeos la falta de apoyo en la acogida, materializada en las bajas cuotas de reubicación –la acogida de refugiados procedentes de Italia y Grecia– que alcanzaron todos los países de la Unión. Y con esta división llegamos a este jueves y viernes, cuando 16 países tratarán de buscar una solución a un problema que, según los expertos, en verano no hará si no aumentar.