Sánchez dispone de poco más de la mitad del dinero que le reclaman los presidentes autonómicos

No hay dinero suficiente para todos. Ni mimbres en el Congreso suficientes para hacer frente al desafío de negociar y pactar un nuevo modelo de financiación autonómica que sustituya al de 2009, aprobado en tiempos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por no hablar de las dificultades que entraña poner de acuerdo a 15 comunidades autónomas convencidas de no estar recibiendo lo que se merecen —todas menos País Vasco y Navarra, que gozan de su propio sistema—. Por si esto no fuese suficientemente complicado, en 14 de ellas se celebrarán elecciones antes de un año. Y sus presidentes necesitan reivindicarse ante sus electores.

Así las cosas, no es de extrañar que una de las primeras decisiones del presidente Pedro Sánchez haya sido apartar de sí ese cáliz. No perderá tempo tratando de definir, negociar y pactar un nuevo sistema en esta legislatura, lo que significa una demora de dos años, de acuerdo con el calendario que él mismo anunció hace unos días en una entrevista en TVE.

Eso sí, explicó, el Gobierno no tiene intención de permanecer de brazos cruzados. En los próximos meses, mientras empieza a sentar las bases del nuevo modelo, se propone atender las necesidades más perentorias de las Comunidades Autónomas infrafinanciadas y prestar oídos a todo lo que tiene que ver con el Estado del bienestar: sanidad, educación, servicios sociales y dependencia.

El anuncio del aplazamiento de la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica ha sido recibido con sorpresa y malestar en todas las comunidades, incluidas las que tienen presidente socialista. Para aplacar esas críticas, y después de escuchar a las prioridades de todos los presidentes, el Gobierno planea repartir unos 5.000 millones de euros ya presupuestados —que espera aumentar a 7.000—.

Este dinero es claramente insuficiente para atender las demandas de las comunidades. El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, recordaba hace pocos días que son unos 16.000 los millones que hacen falta para atender las peticiones de todas las comunidades.

Sólo Andalucía pide 4.000, la cuarta parte de ese cálculo. La presidenta Susana Díaz, también del PSOE, tiene la vista puesta en las elecciones —serán en marzo, como muy tarde— y había hecho de esta demanda el eje del tramo final de su legislatura, hasta el punto de haber impulsado un pacto que incluye al PP y a Podemos, pero no a su socio, Ciudadanos con el fin de reclamar esos 4.000 millones al Gobierno de Rajoy.

La apuesta de Díaz, en entredicho

Y justo cuando se las prometía más felices, con la llegada del PSOE a La Moncloa y el nombramiento de una andaluza como ministra de Hacienda —María Jesús Montero, que hasta hace poco se sentaba con ella en los consejos de gobierno de la Junta—, su gran apuesta se viene abajo.

Mientras busca el modo de sacar adelante en las Cortes el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda, imprescindibles para empezar a pensar en unos presupuestos para 2019 que recojan las políticas que quiere impulsar, Sánchez ha empezado a recibir en la Moncloa, por rigurosos orden pode antigüedad estatutaria, a los presidentes autonómicos. Quiere oír, en persona, sus demandas. Uno a uno. Y después, decidir.

El primero, sin embargo, no acudió a la entrevista con peticiones económicas. No las necesita. El Gobierno de Iñigo Urkullu es, con el de Navarra, el único que dispone de financiación propia. Así que su agenda es de otra naturaleza: traspasos pendientes —entre ellos la gestión de la Seguridad Social, prevista en en su Estatuto— y, sobre todo, el acercamiento de los presos de ETA, ahora que la desaparición de la banda ha dejado sin sentido una medida que sólo penaliza a las familias.

¿Qué piden las demás comunidades, además de la actualización de la financiación autonómica que Sánchez ha aplazado? Todas reclaman suficiencia financiera, esto es, capacidad para prestar los servicios para los que tienen competencias, en especial los más costosos, como la sanidad, la educación o la dependencia, que ahogan sus economías desde que Mariano Rajoy puso en marcha drásticas recortes sociales.

Los criterios de reparto del dinero, fijados en 2009, ya no satisfacen a nadie y lo que está ahora mismo encima de la mesa es un complicado debate acerca de cuáles deben ser tomados en cuenta y en qué medida. Algunos, buena parte de las comunidades del norte, quieren poner el acento en aspectos demográficos, como la despoblación, el envejecimiento o la involución demográfica —la población de Galicia, por poner un ejemplo, ya está al nivel de los años cincuenta—. Otros, los que más dinero tienen, ponen el acento en el criterio de ordinalidad: que al final, después del trasvase de dinero de comunidades más prósperas a las que no lo son, que en la práctica las segundas no acaben recibiendo más dinero que las primeras. Algunas, como Extremadura, reclaman con énfasis que el reparto tenga en cuenta el paro estructural, uno de los principales males de esta región.

Sánchez, según fuentes consultadas por infoLibre, dispone de 7.000 millones —poco más de la mitad de lo que se necesita— para contentar a todos. Un reparto muy complicado, especialmente por las suspicacias que previsiblemente levantará la parte que toque a Cataluña, a quien el presidente quiere atraer e la normalidad institucional con una mejora sustancial de su financiación.

La agenda catalana

El presidente no atenderá las demandas que presumiblemente le planteará en la entrevista fijada para el lunes 9 de julio el president catalán, Quim Torra, en relación con el derecho a decidir o la liberación de los presos del procés. Pero sí está dispuesto a escuchar otras demandas y explorar la posibilidad de acuerdos sobre la base de las peticiones de Carles Puigdemont trasladó a Mariano Rajoy en abril de 2016. Entre ellas se cuentan medidas sobre políticas sociales —especialmente la financiación de la sanidad y de la dependencia— , política fiscal y financiera y un amplio capítulo sobre incumplimientos del Estado con Cataluña, invasión de competencias autonómicas e interferencias en la acción del Govern.

Son varias, además, las comunidades que en los últimos han planteado la necesidad que el Gobierno apruebe una quita de deuda para compensar lo que, aseguran, han dejado de recibir durante los años de aplicación del modelo de financiación vigente. A pesar del rechazo reciente de algunos barones socialistas, la lista de quienes, en un momento o en otro, han reivindicado esta medida, es poco sospechosa e incluye a Andalucía, Murcia, Comunitat Valenciana, Aragón, Canarias y Balears, además de a Cataluña. Más de una volverá a poner esta opción encima de la mesa en su entrevista con Sánchez.

A lo que hay que aludir el capítulo de grandes obras públicas: varias comunidades sitúan en primer plano, además, infraestructuras largamente demandas que suponen cuantiosas inversiones, Como la conexión ferroviaria de Extremadura, una prioridad de su presidente, el socialista Guillermo Fernández Vara, o la conclusión de las obras de la alta velocidad que Galicia espera para finales de 2019, por citar sólo dos ejemplos.

A esta complicada partida, Balears añade un ingrediente diferencial: Francina Armengol, su presidente, quiere cerrar cuanto antes un acuerdo sobre el nuevo Régimen Especial para las islas (REB) que mejore la propuesta que había planteado el exministro Cristóbal Montoro. El REB quiere ser un instrumento similar al que ya tiene Canarias para compensar las desventajas que derivan de su insularidad.

El gasto sanitario público cada vez más bajo impacta en las listas de espera y la atención primaria

Ver más

Muchos de los presidentes autonómicos que pasarán por el Palacio de la Moncloa en las próximas semanas pedirán también una convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el órgano en el que tienen lugar las negociaciones multilaterales sobre financiación. Todos los del PP, con seguridad, pero seguramente también algunos del PSOE. Aunque nada indica que Sánchez vaya a modificar su posición.

Más allá de las reivindicaciones económicas, cada territorio hará ver a Sánchez sus prioridades. Asturias ha visto con preocupación la militancia del nuevo Gobierno contra el carbón y exige aclaraciones o soluciones en materia energética. El Principado y otras comunidades como Castilla y León quieren alternativas a la reforma de la política agraria común, que previsiblemente reducirá gravemente en los próximos años el dinero que reciben sus agricultores. Castilla-La Mancha quiere cancelar el proyecto de puesta en marcha del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas (Cuenca) pero exige que el dinero previsto para esta instalación se quede en la región para financiar otros proyectos y reclama también  la cancelación del trasvase Tajo-Segura —justo lo contrario de lo que pedirán la Comunitat Valenciana o la Región de Murcia—.

El cálculo es sencillo: faltan 9.000 millones, así que muchos saldrán de Moncloa insatisfechos.