El fin de la 'aventura' de Tragsa en Brasil le cuesta al grupo público 10 millones de euros y el regreso a las pérdidas

La presidenta de la empresa pública Tragsa, Elvira Rodríguez, anunció la semana pasada en la Universidad Menéndez Pelayo que la compañía va a abandonar Brasil y Paraguay, donde mantiene sendas filiales. Rodríguez dio por terminada la “aventura” de Tragsa en ambos países latinoamericanos. Lo que no dijo es que el cierre de las dos sociedades le ha costado a la compañía pública 10 millones de euros, que han convertido los cinco millones de beneficios brutos registrados en 2017 en unas pérdidas netas de 4,9 millones de euros. El ejercicio anterior, el grupo consolidado había conseguido unas ganancias de 814.000 euros, el primer resultado positivo tras encadenar tres años de números rojos.

Rodríguez justificó el fin del negocio en Brasil y Paraguay en el hecho de que el recorrido de ambos proyectos está “agotado”. Sin embargo, fuentes internas consultadas por infoLibre no han dudado en asegurar que la “aventura” americana de Tragsa, en concreto la brasileña, ha sido un “fracaso” desde el principio. Tragsa Brasil se creó en 2013 como filial en un 80% de Tragsa y en el 20% restante de Tragsatec, la sociedad del grupo dedicada a proyectos de ingeniería y consultoría. Fue un proyecto impulsado por el anterior presidente del grupo, Miguel Giménez de Córdoba. Su personal fijo está constituido únicamente por tres personas desplazadas desde España, entre ellos el delegado, y un número de trabajadores eventuales, contratados en el país, que llegó a los 424 en 2014 y se redujo hasta 56 dos años después. Ahora no quedan más que una cuarentena de personas liquidando la empresa.

El caso de la filial paraguaya, Colonización y Transformación Agraria (Cytasa) es distinto. Se creó en 1978 para dar respaldo jurídico a la finca con que el Estado de Paraguay pagó una deuda que mantenía con el español. Con una extensión de casi 7.000 hectáreas, Los Lapachos se dedica a la producción de soja.

Según las últimas cuentas de Tragsa colgadas en su página web, la filial brasileña terminó 2016 con unas pérdidas de 1,96 millones de euros. Tragsa Brasil reconoce que ha cerrado el ejercicio con patrimonio neto negativo pero también dice que está a la espera de “recibir fondos de su controladora en 2017 para revertir esa posición”. Además, hace constar que ese año “pasará a operar con flujos de caja positivos” gracias a una “mejora continua de sus proyectos y obras, así como a la firma de nuevos contratos que equilibrarán los gastos administrativos y los costes”. Sin embargo, la llegada de Elvira Rodríguez a la presidencia de Tragsa, en febrero de 2017, se tradujo en un cambio de estrategia. Fuentes de la empresa aseguran a este periódico que Tragsa va a dejar de acudir a licitaciones públicas en el extranjero y se concentrará en ser únicamente el “brazo ejecutor” de la política de cooperación al desarrollo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

En ese ámbito, Tragsa ejecuta proyectos, unos 80 según su última memoria de sostenibilidad, repartidos entre 28 países de África –Argelia y Malí–, América –desde Honduras hasta Perú– y Europa –Portugal y Turquía–. En total, facturó por esta actividad 33 millones de euros en 2016, la mayor parte en América.

Gran coste, mínimas ganancias

En sus escasos cuatro años de existencia, Tragsa Brasil sólo ha sumado 92.836 euros de beneficios: poco más de 38.000 euros en 2013 y 2014, y únicamente 16.000 euros en 2015. Para alcanzar esas exiguas cifras, Tragsa invirtió en su filial 1,66 millones de euros en dos años y tuvo que pedir dos préstamos, de 5,7 millones de euros cada uno, así como un tercero de 690.000 euros. Además, para cubrir el riesgo del tipo de cambio, Tragsa contrató derivados, que añadieron un gasto de 2,1 millones de euros, según consta en sus cuentas de 2016. En total, el coste financiero ascendió a 15,4 millones de euros.

Con ese dinero, Tragsa Brasil se dedicó a construir redes de saneamiento y abastecimiento de agua, así como a contratar y entrenar a brigadas forestales y a edificar vivienda de protección social.

Ahora, para sanear el negocio, Tragsa ha capitalizado los préstamos que hizo a su filial por importe casi nueve millones de euros, mientras que Tragsatec ha hecho una dotación adicional de 800.000 euros, según la información a la que ha tenido acceso infoLibre. En cualquier caso, las fuentes precisan que ese saneamiento se ha realizado con cargo a reservas, “sin sobrecoste alguno para el erario público”, aunque sí ha reducido el patrimonio del grupo.

Por lo que a Cytasa se refiere, Tragsa la puso a la venta ya en 2014, pero sin éxito. No obstante, sus números son mucho mejores que los de la filial brasileña. En 2014 llegó a ganar 1,1 millones de euros, aunque las cifras de 2015 disminuyen hasta 456.000 euros de beneficios en 2015 y 363.000 euros en 2016. Esos dos años, las inversiones de la empresa pública en la filial paraguaya sumaron 2,88 millones de euros.

La tercera de la SEPI

Tragsa no es la empresa pública más conocida, pero sí una de las de mayor plantilla, con unos 11.000 trabajadores, y la tercera que más aportó a la cifra de negocio de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI), 701 millones de euros en 2016, casi un 20% de lo que factura. El grupo, que trabaja exclusivamente para las administraciones públicas en tareas medioambientales, de desarrollo rural y gestión de recursos naturales, presentó en 2013 el mayor despido colectivo de una empresa pública: 1.636 trabajadores.

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Sin embargo, el ERE tuvo una vida accidentada: fue rechazado por los sindicatos, denunciado ante los tribunales y anulado por la Audiencia Nacional. Hasta dos años después, el 20 de octubre de 2015, no le dio el visto bueno definitivo el Tribunal Supremo. Entre el 31 de diciembre de ese año y los primeros días de enero del siguiente fueron despedidas 555 personas.

Entre 2013 y 2015 acumuló 72,65 millones de euros en pérdidas72,65 millones de euros en pérdidas, pero ha ido recuperando los niveles de producción al tiempo que las administraciones públicas también han ido retornando a la actividad. Así, en 2017 la facturación alcanzó los 706 millones de euros –aún lejos de los 946,6 millones de 2011– y su beneficio de explotación creció un 89% respecto al año anterior.

Creada en 1977 a partir de lo que entonces era el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (Iryda), Tragsa tiene como principal accionista a la SEPI, con un 51% del capital, seguida del Fondo Especial de Garantía Agraria (FEGA), con un 38,9%; la Dirección General de Patrimonio con un 9,9%, y el resto del capital repartido entre las comunidades autónomas, que poseen una participación simbólica de un euro. Es un “medio instrumental” de las administraciones públicas, que son sus únicos clientes. Trabaja con ellas mediante encomiendas de gestión, un instrumento polémico porque no media licitación pública alguna. Tragsa cobra según unas tarifas prefijadas y no puede rechazar ninguno de los encargos que las administraciones le hagan.