Las trabajadoras del hogar no quieren otros cinco años de discriminación

Las cuidadoras y empleadas del hogar quieren ser como cualquier otra trabajadora. Dejar de lado, dicen, la explotación que caracteriza a un sector altamente feminizado y con un elevado porcentaje de mujeres extranjeras. Dicen también que ha llegado el momento de gritar basta y así lo están expresando en las calles. El pasado miércoles se concentraron frente al Congreso de los Diputados y el mismo día ocurrió lo propio en Bilbao, Pamplona y València. La protesta se extendió a Sevilla y Granada el pasado domingo.

Las empleadas reclaman dos cuestiones fundamentales: que el Gobierno ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que cancele la enmienda 6777 a los Presupuestos Generales del Estado.

"Somos casi 700.000 personas y nos preguntamos cómo nos pueden mantener en esta situación de discriminación". Habla Carolina Elías, miembro del Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Explica, en conversación con infoLibre, que las concentraciones se están llevando a cabo a nivel nacional y de manera coordinada con "organizaciones de trabajadoras del hogar, movimiento feminista, sindicatos y otras entidades". El objetivo, "replicar estas mismas acciones por todo el territorio para fortalecer la lucha".

Elías cree que es momento de que los partidos políticos escuchen sus reivindicaciones. Hasta ahora, afirma, cuentan con el apoyo de varias formaciones, pero "el PP y Ciudadanos siempre se han desmarcado". Los "partidos de izquierdas sí están más con nosotras", agrega. Y por eso reconoce tener esperanza en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, quien ya ha asegurado que una de sus prioridades es ratificar el Convenio.

Pero el mismo PSOE, por otro lado, "no ha hecho nada por impedir que salga adelante la enmienda 6777", lamenta la trabajadora, quien confirma que algunas representantes del Ministerio de Empleo acudieron a la concentración del pasado miércoles y "prometieron una reunión esta semana para hablar de lo que se va a hacer". De momento la organización que representa no ha recibido ninguna convocatoria para organizar el encuentro. 

¿Qué es el Convenio 189?

El Convenio 189 es el nombre con el que fue bautizado el acuerdo impulsado por la OIT en 2011 para regular el empleo doméstico, cuya entrada en vigor se produjo dos años después. Su principal finalidad consiste en equiparar el trabajo doméstico al resto de empleos a nivel de derechos. España no está entre los 25 países que se han sumado a la ratificación.

Hasta el año 2012 no era obligatorio en España que las trabajadoras domésticas estuvieran dadas de alta en la Seguridad Social si no superaban un número concreto de horas trabajadas, pero una reforma efectuada en el año 2011 las incluye en el Régimen General y obliga a los empleadores a pagar las cotizaciones desde la primera hora contratada.

Esta nueva ley, no obstante, presenta importantes baches para las trabajadoras: ignora el subsidio por desempleo, mantiene el contrato verbal y el derecho a desistimiento unilateral sin ninguna justificación. Así lo explica Pilar Expósito, secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO en el área de Construcción y Servicios. De cara a la Seguridad Social, relata, "se deja fuera el derecho a una cotización por el 100% de su salario, lo que supone una minoración de en torno al 30% respecto a las pensiones". Además, tampoco están "cotizando al Fondo de Garantía Salarial ni al Fondo de Formación", de modo que no se pueden acoger a ellos. 

El Convenio de la OIT blinda cuestiones como la adopción de medidas "a fin de asegurar que los trabajadores domésticos, como los demás trabajadores en general, disfruten de condiciones de empleo equitativas y condiciones de trabajo decente". El acuerdo internacional también establece que "todo trabajador doméstico tiene derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable".

Su ratificación traería consigo además la puesta en marcha de "medidas apropiadas a fin de asegurar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones no menos favorables que las condiciones aplicables a los trabajadores en general con respecto a la protección de la seguridad social, inclusive en lo relativo a la maternidad".

¿Qué es la enmienda 6777?

La reforma de 2011 habla de integrar paulatinamente a las empleadas del hogar en el Régimen General de la Seguridad Social hasta la total equiparación de sus derechos en 2019. La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, sin embargo, introdujo algún matiz al acuerdo previamente adoptado. La enmienda 6777, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, aplaza la fecha pactada hasta enero de 2024 para evitar "una serie de efectos negativos" como "la generación de nuevas obligaciones para los empleadores del hogar". La enmienda fue aprobada con el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Foro Asturias y Unión del Pueblo Navarro.

Pilar Expósito explica que "en el año 2011 se estableció una moratoria de ocho años" de modo que cuestiones como la "cotización al 100% de su base salarial entrarían en vigor en 2019". La prórroga de otros cinco años más, dice, "lo que viene a suponer es un deterioro para las personas en situación de desempleo o pensionistas" y por tanto "abrirá un camino más a la brecha salarial de las mujeres".

Retirar la enmienda, reflexiona, está "en manos de todo el arco parlamentario", pero del Gobierno depende "llevarla a votación para evitar mantener lo que ya se firmó de forma traicionera en los Presupuestos Generales del Estado de 2018".

Empleadas de hogar: un régimen laboral que discrimina a 616.000 trabajadoras

Ver más

Carolina Elías expresa preocupación por el no cumplimiento de lo acordado respecto a la equiparación prevista para 2019. "Hasta el momento no cotizamos por nuestros trabajos reales", de manera que resulta inadmisible "cinco años más en esta circunstancia de invisibilidad, desigualdad y discriminación".

María Jesús Antón, secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad en el área de Construcción y Servicios de CCOO en la Comunitat Valenciana, confiesa no saber cuándo va a llegar la equiparación real. La situación es muy grave, valora. También denuncia las lagunas que todavía sufren las trabajadoras e incide en la inexistente negociación colectiva y en la no regulación respecto a los riesgos laborales. Además, estima la sindicalista, tampoco existe información suficiente para los empleadores, que "se convierten en una empresa", por lo que son necesarias "campañas de sensibilización" para que todas las partes "sean conscientes de sus deberes y obligaciones".

La suma de todo esto, dice, deriva en un escenario difícilmente soportable. "Tiene que haber una ley que las ampare de este tipo de vulneraciones", denuncia. En ello están las trabajadoras. "Sin importar el partido que esté en el poder, vamos a seguir luchando hasta ver materializados nuestros derechos", zanja Carolina Elías.