Las competencias limitadas de la Generalitat para influir en el régimen de los presos independentistas

Concluye la primera fase del plan de acercamiento de los políticos independentistas presos a Cataluña. Seis de los nueve dirigentes soberanistas que desde hace meses se encuentran en prisión provisional acusados de un delito de rebelión fueron trasladados este miércoles a cárceles catalanas. Los primeros en llegar fueron el ex vicepresident del Govern Oriol Junqueras, el exconseller Raül Romeva y los ex líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que ingresaron a última hora de la mañana en el centro penitenciario de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Pocas horas después, llegaron a la cárcel de Puig de les Basses, en Figueres (Girona), la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell y la exconsellera Dolors Bassa. Los tres presos restantes –los exconsellers Joaquim Forn, Josep Rull y Jordi Turull– continúan en Madrid a la espera de que se resuelvan, de una vez por todas, los trámites para ser trasladados a Cataluña.

El acercamiento de los líderes del procés a cárceles catalanas suscitó las críticas de PP y Ciudadanos. Ambas formaciones no tardaron en señalar que el traslado de los dirigentes independentistas obedecía a contrapartidas políticas para el Ejecutivo de Pedro Sánchez y se mostraron indignados por el hecho de que los reclusos pasen a depender ahora del control de la Generalitat, que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones. “Es el pago de la hipoteca que tiene Sánchez con los partidos independentistas”, señaló la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, que añadió que el presidente del Gobierno está dispuesto a “vender España a trozos para mantenerse en la Moncloa”. En la misma línea se pronunció la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, que acusó al líder del Ejecutivo de dar “aire y victorias morales” a los independentistas.

También cargó contra el acercamiento el ex presidente del Gobierno José María Aznar. Durante una entrevista en Onda Cero, fue contundente: hay un “golpe de Estado sin resolver” y, para más inri, los “golpistas” están siendo trasladados a “cárceles que controlan los golpistas”. Sin embargo, desde el Gobierno se rechazaron todas y cada una de las acusaciones. En primer lugar, el Ejecutivo socialista dejó claro que el acercamiento no responde a “ningún tipo de pacto ni de pago”, en palabras del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Y, en segundo término, se ha intentado trasmitir que los presos no tendrán más o menos beneficios por el hecho de ser movidos a prisiones catalanas. “No hay mayores privilegios o menores privilegios aunque [las cárceles] dependan de la Generalitat”, aseveró Grande-Marlaska a mediados de junio.

La vida de los presos independentistas en las prisiones de Lledoners y Puig de les Basses, afirman las fuentes consultadas por este diario, será muy parecida a la que tenían en las cárceles madrileñas de Estremera, Soto del Real y Alcalá Meco. La única diferencia, dicen, es que estarán “más próximos a sus lugares de residencia”. “Aunque la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria, la ley y el reglamento que se les aplica son a nivel estatal”, explican. Con estos mimbres, cabría entonces preguntarse qué aspectos del día a día de los seis presos independentistas en las prisiones catalanas dependerán ahora de la Administración central, cuáles serán competencia de la Generalitat de Catalunya, qué decisiones estarán en manos del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena o en qué situaciones tendrá la sartén por el mango el juez de vigilancia penitenciaria.

Permisos y clasificación en grados

Una de las primeras dudas que surgen tiene que ver con la concesión de permisos de salida ordinarios, la clasificación en grados o la libertad condicional. En este sentido, fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dejan claro que los presos del procès “no tienen derecho, por su condición de preventivos, a obtener ese tipo de beneficios penitenciarios”. Por tanto, toda excarcelación hasta la celebración del juicio depende exclusivamente de lo que decida el juez del Tribunal Supremo que lleva la causa del procès, Pablo Llarena. El magistrado del Alto Tribunal ya ha rechazado en más de una ocasión las peticiones de puesta en libertad provisional hechas por las defensas de los políticos independentistas encarcelados.

No obstante, la Ley General Penitenciaria establece, en su artículo 48, que los presos preventivos sí que tienen derecho a permisos de salida extraordinarios “en caso de fallecimiento o enfermedad grave de los padres, cónyuge, hijos, hermanos y otras personas íntimamente vinculadas con los internos, alumbramiento de la esposa, así como por importantes y comprobados motivos”. Este tipo de permiso fue el que solicitaron Junqueras y Jordi Sànchez, por ejemplo, para intentar acudir al pleno de investidura en el Parlament de Cataluya. En este caso, la normativa señala que la concesión de estas salidas debe contar con la aprobación “de la autoridad judicial correspondiente”. “El juez Llarena es el que tendría que autorizar esos permisos extraordinarios”, afirman las fuentes consultadas por este periódico.

Régimen de visitas

Lo que sí sería competencia de la Administración catalana, explican los juristas, sería “la vida interna en la cárcel, el mantenimiento del orden y de la seguridad”. En este caso, por ejemplo, competería a la Generalitat la decisión sobre los módulos en los que se encierra a los reclusos o la asignación de celdas –el Departament de Justicia ha colocado a Junqueras, Romeva y los ‘Jordis’ en celdas individuales–. También es la Administración catalana la que decide sobre el régimen de llamadas o visitas en las cárceles de Cataluña. En este sentido, desde Justicia de la Generalitat se ha dejado claro que el régimen de visitas de familiares será el mismo que han tenido hasta la fecha en Madrid. Dispondrán de 40 minutos a la semana, que pueden distribuirse en dos encuentros de 20 minutos, para las comunicaciones en locutorio y a través de cristal.

La única diferencia, en comparación con los centros penitenciarios madrileños, se encuentra en las comunicaciones íntimas, familiares y de convivencia. En este sentido, el Reglamento Penitenciario fija que dicho vis a vis nunca podrá durar ni menos de una hora al mes ni tampoco más de tres. En las cárceles en las que se encontraban, los reclusos con hijos menores de diez años disponían de 3 horas al trimestre para verlos. Sin embargo, ahora en Cataluña, tanto Junqueras como Romeva y Cuixart podrán estar con su pareja y sus hijos 90 minutos mensuales –es decir, cuatro horas y media trimestrales–.

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Quejas y recursos a sanciones disciplinarias

Y, ¿quién resuelve sobre los problemas que puedan surgir dentro de la cárcel? En caso de que uno de los seis dirigentes independentistas presos reciba una sanción disciplinaria y decida recurrir, será “el juez de vigilancia penitenciaria del territorio en el que se encuentra la cárcel”, explican los expertos, el que se encargue de resolver dicho recurso. También es competencia del juez de vigilancia “acordar lo que proceda sobre las peticiones o quejas que los internos formulen en relación con el régimen y el tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los derechos y beneficios penitenciarios [de los presos]”. “Por ejemplo, si se les deniega una comunicación, la visita de un familiar o una llamada telefónica, la competencia sería del juez penitenciario”, explican las fuentes jurídicas pulsadas.

Con todo esto sobre la mesa, cabría preguntarse también si los presos del procès podrían volver a solicitar el traslado a otra cárcel catalana diferente. En este sentido, los expertos aseguran que pueden pedir un nuevo cambio de prisión si lo consideran oportuno “en cualquier momento”. Si es a otro centro penitenciario en Cataluña “más cercano a su domicilio”, explican, la decisión al respecto estaría en manos de la Administración catalana a través de la Direcció General de Serveis Penitenciaris de la Generalitat. En caso de que, por cualquier motivo, quisieran pedir el traslado a una cárcel que se encuentre fuera de suelo catalán, las fuentes jurídicas afirman que deberían coordinarse la Administración autonómica con la Administración central.