Los retos del Gobierno

Son de consenso generalizado las limitaciones de la acción gubernamental con la actual composición del Congreso y el Senado. Una vez constatadas, el Gobierno debe ponerse manos a la obra y abordar la identificación de los problemas y demandas a resolver, la definición de las políticas que precisa aplicar para hacerlo y los objetivos que se plantea alcanzar dentro de estas políticas.

Esta tarea no pudo ser cumplida por las circunstancias que justificaron la moción de censura, pero bueno sería que se fuera consolidando como un ejercicio de transparencia y responsabilidad política para todo Gobierno.

Son muchos y, algunos muy complejos, los problemas a los que se enfrenta el nuevo Gobierno, son muchas las demandas sociales por atender y ni los unos ni las otras van a poder atenderse con la urgencia que el drama de algunas situaciones sociales exige. Pero es seguro que lo más eficaz en orden a su consecución sería hacer una identificación adecuada de los mismos así como jerarquizar sus prioridades relativas. Buena parte de los principales errores cometidos en la acción de los gobiernos tiene que ver con una inadecuada identificación de los problemas a resolver y con una subóptima jerarquización de sus prioridades relativas.

De modo que en estas notas se intentará contribuir a tal identificación, huyendo tanto de la relación pormenorizada que corresponde a los distintos departamentos ministeriales, como de su excesiva genericidad que pudiera conducir a una formulación excesivamente abstracta. A tales efectos se hablará solo de Cataluña, economía y marco de derechos y libertades.

  I.- CATALUÑA

No será necesario argumentar en exceso respecto al que considero el más importante y urgente, el que concierne al deseo de una parte de la sociedad catalana, expresada como voluntad mayoritaria en la formación del Gobierno de la Generalitat, de alterar significativamente sus relaciones con el Estado español.

Se trata, sin duda, del conflicto más grave en la historia misma de España como Estado y se manifiesta en forma tan explícita cuando esa parte de la sociedad catalana ha podido hacer uso de los derechos que le atribuye la Constitución del 78. Recordarlo tiene como finalidad acotar debidamente la naturaleza y alcance del conflicto: se trata de un conflicto que tiene cauces para ser expresado, uno de los rasgos que distinguen los regímenes de democracia liberal de aquellos otros donde la voluntad de autogobierno es inmediatamente calificada de rebelión o sedición.

Y porque tiene cauces lo deseable es que se manifieste en la forma más explícita posible, sin temor a que dicha manifestación comporte sanción punitiva alguna.

No es pensable que las manifestaciones en las que se hacen explícitas las aspiraciones independentistas, con el nivel que han alcanzado, vayan a desaparecer como consecuencia de una negociación por hábiles que sean los negociadores y por sustanciosas que sean las ofertas de parte del Estado.

Un 40% del electorado no puede determinar el destino de todo un pueblo pero es suficiente grande y con suficientes elementos de cohesión para mantenerse en el tiempo. El nuevo gobierno debería evitar caer en el error de su predecesor apostando por la desaparición del independentismo.

Asumir que este 40% no se siente en modo alguno español y que quiere participar de una experiencia colectiva en la creación de un nuevo Estado es la mejor manera de sentarse a negociar para que el desarrollo de tal negociación se convierta en un mero consumo de tiempo destinado a desgastar al adversario; el problemas seguirá, por mucho tiempo que se consuma en su discusión.

Pero de parte de quienes aspiran a la independencia de Cataluña son de esperar, asimismo, expresiones de flexibilidad para la solución de un problema tan complejo como es el de las emociones y sentimientos encontrados cuales son el de aquellos catalanes que, en tanto que tales, se sienten españoles.

Unos y otros debieran advertir que el tiempo en el que los sentimientos nacionales colectivos se encarnaban en la construcción de Estados está tocando a su fin. Y que el gran reto de las sociedades contemporáneas es la configuración de marcos de convivencia basados en el respeto a la diversidad y a las diversas ideas del bien común.

  II.- CRISIS ECOLÓGICA, ENERGÉTICA, ECONÓMICA Y SOCIAL

Junto a la dimensión política del acuerdo social para la convivencia es indispensable en sociedades adultas como la española trabajar con visión de futuro una constelación de acuerdos concernientes a las formas sociales de producción de los bienes y servicios, al uso que hacemos de los sistemas y recursos naturales que nos acogen y a las fuentes de energía que consumimos en el conjunto del metabolismo social.

La economía española ha discurrido durante décadas por una senda de insostenibilidad en lo ecológico y lo energético pero también en el modelo de producción, distribución y consumo. Una economía en la que siguen predominando patrones rentistas y extractivistas, especialmente en lo que concierne a la explotación desmesurada del suelo para actividades inmobiliarias, en realidad la principal “industria” del país. Y en la que se conjuga un nivel de consumo de agua, materiales y energía por unidad de producto altamente ineficiente con unos niveles de pobreza y desigualdad agudizadas por efecto de las políticas de ajuste y consolidación fiscal aplicadas desde 2010.

La amenaza a las pensiones públicas, uno de los soportes y fuente de legitimidad esenciales del régimen del 78, ha determinado un oleada de movilizaciones que recuerdan por su amplitud y el grado de autoorganización de las mismas las del ciclo del 15M, aumentando las dificultades de un PP ya muy tocado por el escándalo de sus casos de corrupción que al final le han desalojado del Gobierno.

La corrupción no es solo expresión de la degradación moral que anida en ciertos niveles de las élites políticas y económicas. Es también un indicador o rasgo esencial del funcionamiento de la economía española. Cuarenta años después del final del franquismo, las prácticas de la recomendación, el enchufismo y la colusión entre intereses públicos y privados son hegemónicas en ciertos ámbitos de la vida española. El fenómeno de las puertas giratorias es solo una muestra de como la pretendida separación entre lo público y lo privado oculta la realidad de la subordinación de lo primero a lo segundo encarnado en los intereses de los sectores más poderosos del país.

Los escenarios más probables para el futuro inmediato obligan a ser escépticos sobre la tan cacareada recuperación económica. Ocho años de adversidades para los sectores populares parecen haber servido para aumentar el número de millonarios y la desigualdad de renta y patrimonio entre esta minoría y la gran mayoría social, sin que ni siquiera tales beneficios hayan estimulado mejoras sustantivas en el nivel de inversión productiva y en el crecimiento de la productividad del factor trabajo, lastrada como está por el peso de la precariedad y los empleos de baja calidad.

El Gobierno debe proponer un techo de gasto que permita expandir el gasto público en los próximos Presupuestos Generales del Estado en aquellos sectores donde puede lograrse un estímulo a la demanda que alimente a su vez la inversión y mejorar la calidad de esta mediante un esfuerzo compartido con el sector privado en pos de un incremento del valor añadido del conjunto de la economía.

Pero debe hacerlo en el marco de una estrategia, sostenida en el tiempo, de renovación del modelo de producción y reproducción social. Se han reiterado las limitaciones que para la acción gubernamental suponen la actual composición parlamentaria. Pero ellas no pueden ser pretexto para no afrontar la realidad que la próxima crisis que ya se anuncia deja entrever, la especial vulnerabilidad de la economía española, básicamente por causa de a) un patrón productivo especializado en sectores de alto consuno en agua, materiales y energía de los que no estamos precisamente sobrados, b) unelevado peso del sector servicios de bajo nivel añadido, y c) una fragilidad de las finanzas públicas por causa de  la socialización de las deudas privadas operada con las políticas del PP.

Y todo ello en el contexto histórico de una crisis sin precedentes del modelo energético basado en los combustibles fósiles y de una aceleración de los factores de colapso ecológico, especialmente manifestado en los perceptibles aumentos de las temperaturas medias del planeta que tienen en la península ibérica consecuencias singulares con los incendios forestales y la devastación ecológica que año tras año suponen.

No puede ser que problemas de la magnitud de los señalados sean enfocados con un criterio de corto plazo, ni siquiera de una legislatura.

  III.- DERECHOS Y LIBERTADES, DEMOCRACIA

Es urgente el debate sobre las formas institucionales que deben consagrar los principios y fundamentos esenciales de una sociedad de mujeres y hombres libres y responsables: la libertad amenazada por el autoritarismo creciente de los Estados contemporáneos, la democracia amenazada por la oligarquización creciente de nuestras sociedades, la igualdad como presupuesto y condición de posibilidad de la convivencia social.

Como en la mayor parte de los Estados de nuestro entorno, el español ha acentuado la dimensión securitaria de su acción gubernamental incluyendo la difusión de un sentimiento de inseguridad y temor cuyas víctimas principales han sido los derechos y libertades ciudadanas.

La tendencia a naturalizar un Estado de excepción permanente amenaza las bases mismas de la convivencia en libertad y con derechos. Y la privación de los mismos, si asegura esa tranquilidad tan cara al mundo de los negocios, comporta a la larga un fenómeno de desafección de las sociedades que hace imposible el esfuerzo de responsabilidad colectiva preciso para afrontar los retos epocales más arriba señalados.

Las políticas del PP no solo han traído más pobreza y desigualdad. Con su desdén por la democracia y su defensa del gobierno de los de arriba contribuye a producir una sociedad sumisa y desinteresada de los asuntos comunes, lo que la deja inerme frente a los complejos retos de nuestro tiempo. La democracia no es solo el paradigma de gobierno para las sociedades contemporáneas, es también la condición de posibilidad para solucionar estos retos.

La dimensión y alcance de las tareas señaladas exigen de su asunción por el conjunto de la sociedad. Pero compete al Gobierno identificar con claridad los problemas, proponer los objetivos y las políticas adecuadas para atajarlos y precisar los costes y esfuerzos de toda índole necesarios para aplicarlas.

Cuanto antes empecemos mayores posibilidades tendremos de hacer frente con éxito a la crisis que se avecina, una nueva fase de una crisis mal enfocada y peor combatida en los años pasados. Hemos perdido diez años en los que podríamos haber comenzado a enderezar el rumbo colectivo de nuestro país.

Un escenario de crisis como el que se avecina puede ofrecer oportunidades inéditas para construir sociedades más justas, eficientes y sostenibles. Sociedades libres y responsables de sus problemas colectivos y gobiernos competentes en la ejecución de sus tareas constituyen una buena fórmula para enfrentar el futuro. _______________José Errejón Villacieros es administrador civil del Estado