Las comunidades aprueban los objetivos de déficit con la oposición de las gobernadas por el PP y de Canarias

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado este jueves los objetivos de déficit para el conjunto de las comunidades para los próximos tres años. La propuesta del Gobierno ha conseguido el respaldo de siete comunidades, mientras que otras seis se han posicionado en contra y la Comunidad Valenciana se ha abstenido, según han informado a Europa Press fuentes de la reunión.

Junto al Gobierno se han posicionado las comunidades de Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, Andalucía, Baleares y Extremadura, todas gobernadas por el PSOE, y Cantabria, del Partido Regionalista de Cantabria.

En contra han votado la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Galicia, Murcia y La Rioja, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, controladas por el PP, además de Canarias, de Coalición Canaria. La Comunidad Valenciana, en la que gobierna el socialista Ximo Puig, ha registrado la única abstención de la votación.

Este ha sido el resultado alcanzado en el encuentro del Consejo que reúne a la titular de Hacienda, María Jesús Montero, y a los consejeros autonómicos del ramo, excepto Euskadi y Navarra. La cita ha estado marcada por la ausencia de la Generalitat de Cataluña.

La propuesta del Gobierno supone rebajar dos décimas el objetivo de déficit de las comunidades autónomas de cara al próximo año, de forma que pasará del 0,1% del PIB previsto al 0,3%, lo que se traducirá en un incremento de los recursos autonómicos de alrededor de 2.400 millones de euros.

Montero indicó la semana pasada que la nueva senda de estabilidad presupuestaria acordada con Bruselas contempla un déficit del 1,8% para 2019, por encima del 1,3% estimado con anterioridad. Lo que ha permitido que el Ejecutivo reparta entre las administraciones un aumento de estos objetivos.

Abstención de Comunidad Valenciana

El consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, ha explicado al término del encuentro que su abstención, saltándose el sentido del voto del resto de autonomías controladas por el PSOE, se ha debido a que la propuesta de aumento de los objetivos de déficit resulta "insuficiente" para un territorio que "es el peor financiado de España".

Según ha explicado Soler, la situación de partida de la Comunidad Valenciana es muy diferente a la de otras comunidades y ha puesto el acento no tanto en la propuesta del Gobierno, que aplaude, sino en el propio diseño autonómico, que "ha repartido bien las competencias pero no los recursos". "Eso estamos camino de que se resuelva", ha concluido.

Reforma de la financiación autonómica

La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de crear un grupo político de trabajo para la reforma de financiación autonómica, que se reunirá a partir de septiembre, ha sido recibida de manera dispar por las comunidades autónomas. Mientras que las gobernadas por el PSOE celebran que es un avance respecto a la situación con el Gobierno anterior, comunidades con gobiernos del PP creen que supone "comenzar de nuevo" los trabajos para la reforma, sin que se vaya a culminar antes de acabar la legislatura.

Al término del encuentro, el consejero de Hacienda de la Comunidad Valenciana, Vicent Soler, ha afirmado salir "muy satisfecho" porque considera que el Gobierno ha demostrado tener una concepción "más autonomista" de la relación con las comunidades y por el próximo inicio del debate político sobre la reforma del sistema de financiación gracias al grupo político propuesto por Hacienda.

Por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, su consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha indicado que a todas las comunidades les "corre prisa" la modificación del modelo y por eso ha aplaudido que, a partir de los informes técnicos, se vaya a comenzar a trabajar en ello. También ha mostrado su satisfacción con los objetivos de déficit y ha aplaudido que el Gobierno haya hecho "reparto equitativo" entre las distintas Administraciones Públicas.

La vicepresidenta de la Junta de Extremadura y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, también ha destacado el "cambio sustancial en la actitud del Gobierno" respecto al de Mariano Rajoy y ha afirmado que todas las comunidades están de acuerdo en "la necesidad de contar con más y mejor financiación". En este sentido, Blanco-Morales ha considerado "saludable" el reparto de los objetivos de déficit, y además ha puesto en valor que la propuesta haya llegado por parte del Gobierno.

En representación del Gobierno de Aragón, el consejero de Hacienda y Administración Pública, Fernando Gimeno, ha apuntado que lo que se pretende es "tener un sistema de financiación ya definido", aunque por el momento los recursos para las comunidades no estén disponibles, y ve positivo que, mientras tanto, se vayan a discutir los sistemas de reestructuración de la deuda.

Según ha explicado, ya hay mucha información disponible y se conoce con precisión, por ejemplo, cuál es el gasto de cada comunidad, y lo que plantea Aragón es que, a la hora de plantear el nuevo sistema de financiación, se decida qué criterios se tienen en cuenta, se calcule el coste de los servicios en cada región y se decida cuáles son los criterios de solidaridad.

Gobiernos del PP alteran del endeudamiento

Por contra, las comunidades gobernadas por el PP se han mostrado escépticas con el grupo anunciado por la ministra y lo han enmarcado en un paso atrás de los trabajos para la reforma del modelo de financiación. En esta línea, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha señalado que los trabajos van a "comenzar de nuevo" con la reunión en septiembre de los directores generales para analizar las insuficiencias que tienen las comunidades autónomas. Para la popular, la senda de estabilidad marcada por el Gobierno va a ahondar el problema de endeudamiento de las comunidades autónomas. "Tenemos mucho endeudamiento y no necesitamos más", ha apuntado.

En similares términos se ha manifestado el consejero de Murcia, Fernando de la Cierva, quien ha asegurado que en el grupo de trabajo "nuevamente" se van a volver a tratar los temas de la financiación y en todo caso no va a haber una reforma urgente del sistema. "Como el presidente Pedro Sánchez ha dicho que no va haber reforma, pues no va a haber reforma", ha lamentado. De la Cierva ha tachado de "preocupante" este planteamiento, ya que para las comunidades peor financiadas supondrá prorrogar la reforma dos años, y "es mucho tiempo", ha recalcado. "Debería intentar abordarse una reforma urgente que la ministra reclamaba no hace tanto, cuando era consejera del Gobierno andaluz", ha recordado, criticando que "cuando Sánchez dice no, es que no".

Sin negociación bilateral

Pese a la presencia del resto de comunidades, a excepción de Navarra y País Vasco, que tienen su propio régimen fiscal, el conseller de Economía de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha asistido a la reunión después de remitir una carta a Montero en la que alude a una Comisión Bilateral para tratar el tema de la financiación de Cataluña.

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Varios consejeros han aplaudido que la ministra haya sido firme con respecto a que esta exigencia, al apuntar que toda negociación de la financiación pasará por el CPFF, reiterando que no va a haber negociaciones bilaterales en esta materia, como reclama la Generalitat de Cataluña. "No habrá ningún tipo de cuestión bilateral" entre el Ejecutivo español y el Govern. "El entorno en el que se discuten las cuestiones relativas a la mejora de la financiación o reestrucutración de la deuda es el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha sentenciado Montero.

La consejera de Extremadura ha puesto en valor que la reunión haya servido para reafirmar "la centralidad" del Consejo como "órgano de decisión". "No caben decisiones bilaterales en cosas que son de interés común", ha recalcado. Al tiempo, ha tachado de "lamentable" y "vergonzoso" que Cataluña no haya estado presente en la reunión y ha pedido que, respetando sus estatutos, las comunidades forales también asistan en el futuro al CPFF.

De la misma forma, el consejero castellano-manchego ha reiterado que toda negociación va a ser en el seno del Consejo y "no va haber otra vía de negociación". "El modelo afecta a todas las comunidades y se deben tratar en el Consejo", ha dicho, defendiendo que la negociación va a ser "con luz y taquígrafos".