El Gobierno negocia con los grupos para salvar la ampliación de gasto en 2019 con los mínimos cambios posibles

Cuando el Gobierno perdió estrepitosamente el 27 de julio la votación de su propuesta de senda de estabilidad en el Congreso —el PSOE sólo consiguió sumar a los diputados del PNV—, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró en los pasillos de la Cámara baja que el Ejecutivo no tenía intención de modificarla antes de volver a someterla al Pleno. Y subrayó que, en el plazo de un mes, como marca la ley, volvería a presentar la misma iniciativa, de cuya aprobación depende que el Gobierno, las comunidades autónomas y la Seguridad Social puedan gastar el año que viene 6.000 millones de euros más de lo previsto en la senda de estabilidad vigente, diseñada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.

Todo un órdago a los grupos que esperan contar el año que viene con mayor margen de gasto, especialmente Unidos Podemos, Compromís y los socios del Govern catalán —PDeCAT y Esquerra—, a los que emplazo expresamente a dar explicaciones a los ciudadanos por su decisión y a los que, en aquel momento, no concedió margen para una negociación. El Gobierno, dijo entonces Montero, trabaja ya en un proyecto de ley de Presupuestos para 2019 basándose en el límite de déficit en vigor, heredado del PP, porque “tal y como se ha producido la votación entiendo que, salvo que recapaciten los grupos políticos, la senda no sale”.

Es más: la ministra llegó asegurar que lo que el Gobierno no va a hacer es llevar al Congreso una senda que le quite más recursos a los ciudadanos de los que le pide Bruselas, porque sería “incomprensible” después de haber obtenido el visto bueno de la Comisión Europea para aprobar un itinerario más flexible en el camino que conduce a la reducción del déficit público y de la deuda.

Sin embargo, apenas dos semanas después de aquella derrota parlamentaria, la más importante de cuantas ha sufrido el recién nacido Gobierno de Pedro Sánchez desde la moción de censura, las cosas parecen haber cambiado. Fuentes del Ministerio de Hacienda confirmaron a infoLibre que el Ejecutivo ya está negociando con los grupos políticos en el Congreso para intentar llegar a un acuerdo que permita ampliar el techo de gasto en los Presupuestos del año que viene, aunque con la la convicción de que sólo será posible hacer cambios mínimos a la propuesta de estabilidad original que la ministra de Economía, Nadia Calviño, trasladó a Bruselas y que Unidos Podemos, Compromís, PDeCAT y Esquerra se negaron a apoyar en el último pleno del mes de julio.

Por si eso fuera poco, si el Gobierno lo consigue, tendrá que superar una dificultad aún mayor: el anunciado veto del PP al techo de gasto en el Senado, donde el partido de Pablo Casado tiene mayoría absoluta.

En los contactos que el Gobierno y el PSOE mantuvieron en el mes de julio sobre este asunto con Unidos Podemos y los independentistas catalanes los socialistas les trasladaron, al menos a la formación liderada por Pablo Iglesias, el compromiso de reformar la ley para que el partido de Pablo Casado no pueda bloquear la nueva senda presupuestaria. Pero sólo, y este es un detalle importante, después de que los conservadores hubiesen consumado su veto. Esto es: primero aprobar en el Congreso el documento que condiciona el techo de gasto, luego someterlo a votación en el Senado y, sólo si el PP cumplía su amenaza de tumbarlo, reformar la ley para que los de Casado no puedan condicionar las decisiones presupuestarias aprovechando su sobrerrepresentación en la Cámara alta, donde el sistema electoral les otorgó una amplísima mayoría absoluta con sólo el 33% de los votos. Así lo confirmaron en su momento a infoLibre fuentes del grupo socialista que participaron en los contactos.

La nueva votación tendrá lugar en el Congreso a comienzo de septiembre. Así lo anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció con ocasión del final del curso político el viernes pasado en la Moncloa. Pero si el Senado vota en contra de la propuesta, el Gobierno tendrá muy poco margen para impulsar una reforma legal que ponga fin a la capacidad de veto de la Cámara alta antes del 30 de septiembre, la fecha en la que, de acuerdo con la Constitución, está obligado a presentar su proyecto de Presupuestos para 2019. Si no hay nueva senda, el Gobierno tendrá que aplicar las reglas fijadas por el PP y renunciar a gastar los 6.000 millones adicionales que pretendía y que, en su mayor parte, tenían por objeto oxigenar las cuentas de las Comunidades Autónomas y de la Seguridad Social.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, se mostró este jueves confiada en que el Gobierno consiga aprobar el techo de gasto de 2019 y la senda de estabilidad presupuestaria que llevará de nuevo al Congreso en septiembre, pero admitió que lo ocurrido retrasará “un poquito” la aprobación de los Presupuestos para el año que viene.

En una entrevista concedida a Europa Press, la ministra aseguró que en todo caso el Ejecutivo va a aprobar el proyecto y no va a eludir su responsabilidad, porque los Presupuestos que se están aplicando este año —pactados por el PP con Ciudadanos y el PNV y asumidos por los socialistas— “no responden a las necesidades que tiene el país”.

Las nuevas cuentas, adelantó Maroto, vendrán acompañadas de una serie de medidas fiscales, con importantes apuestas en materia de digitalización, comercio y turismo en lo que compete a su departamento, y el nuevo impuesto al diésel que diseña el Ejecutivo.

Los límites de no contar con la ampliación

¿Y si al final no hay acuerdo? En ese caso el Ejecutivo elaborará unos Presupuestos para 2019 con los márgenes actuales de fiscalidad y gasto público, subrayó la ministra. El Gobierno, explicó, es consciente de las dificultades que afronta en el Parlamento ante la falta de una mayoría, por lo que trabaja “mucho” en el diálogo y en llevar a la Cámara baja “proyectos de país, dialogados con comunidades autónomas y con agentes sociales”.

Lo cierto es que, sin más margen para gastar el año que viene, el Gobierno tendrá una dificultad añadida para negociar el respaldo a los Presupuestos de 2019 por parte de Unidos Podemos, Compromís, PDeCAT, Esquerra y el PNV.

Los de Pablo Iglesias, Compromís y los independentistas —cuyo apoyo fue esencial para que Pedro Sánchez llegase a la Moncloa— ya emplazaron al Gobierno a negociar en el Pleno en el que negaron su respaldo a la propuesta del Gobierno. Pero no será sencillo.

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ya dejó claro que lo que su grupo quiere es sellar una relación de colaboración “estable y permanente” para “abordar los grandes retos de nuestro país. Un Gobierno sustentado sobre 84 diputados tiene que apoyarse en el consenso y la búsqueda de acuerdos, y eso tiene que hacerse de manera permanente y estable. Si no, va a ser muy difícil que esa colaboración salga adelante”, advirtió en una reciente entrevista concedida a Europa Press.

La posición de Unidos Podemos puede arrastrar, al final, la de los independentistas catalanes y la de Compromís. El mayor riesgo para Pedro Sánchez está en estos momentos en el PDeCAT y Esquerra, sobre todo porque el reinicio del curso político vendrá marcado por las reivindicaciones catalanas coincidiendo con la Diada y el primer aniversario del referéndum de independencia del 1 de octubre. La mayoría de los analistas considera que en estas fechas estaremos además a las puertas de que el Tribunal Supremo celebre la vista oral contra los exdirigentes del procés, la mayoría de los cuales están acusados de haber cometido un delito de rebelión, lo que puede dar lugar a duras condenas de cárcel que en algún caso pueden llegar a los 30 años.

La falta de una nueva senda de estabilidad privará el año que viene a las Comunidades Autónomas de 2.500 millones de euros con los que aliviar sus precarias economías y dificultará, casi con toda seguridad —según fuentes del Ministerio de Hacienda—, relajar la regla de gasto de los ayuntamientos que impide a los municipios con superávit utilizar ese dinero para atender las necesidades de sus vecinos.

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No existen cifras oficiales que expresen cuánto afectará el veto del PP a cada comunidad pero, atendiendo al peso de cada una de ellas en el PIB nominal español, se puede hacer una cálculo aproximado. Las más perjudicadas en cifras absolutas serán Cataluña y Madrid, la primera gobernada por el PDeCAT y Esquerra, dos partidos de los que depende el PSOE para construir mayorías en el Congreso y mantener viva la legislatura, y la segunda por el PP con el apoyo de Ciudadanos. Si el Senado bloquea la nueva senda, cada una de ellas verá cómo se esfuma la posibilidad de contar con unos 450 millones de euros.

Andalucía sí tiene un cálculo —lo compartió su presidenta, Susana Díaz (PSOE), después de entrevistarse con Sanchez en la Moncloa—: 350 millones. También la Comunitat Valenciana, cuyo conseller de Economía, Vicent Soler, calcula que el Gobierno de Ximo Puig (PSOE) se verá privado de 220 millones por culpa del veto de Casado.

Los siguientes en la lista de los más perjudicados por el volumen de recursos que no tendrán a su disposición el año que viene son dos comunidades del PP: Galicia (unos 130 millones) y Castilla y León (en torno a 120). Les sigue Canarias (se verá privada de casi 100 millones de euros), Castilla-La Mancha (unos 85 millones), Aragón (casi 80), Murcia (65), Balears (65), Asturias (casi 50), Extremadura (40), Cantabria (en torno a 30) y La Rioja (algo menos de 20).