Las empresas españolas se embolsaron 529 millones por la venta de armas a dictaduras en 2017

La venta de armas sigue siendo un negocio muy lucrativo en España, y poco importa que los compradores de estos productos sean regímenes con escasas virtudes democráticas. Según un informe oficial elaborado por la Secretaria de Estado de Comercio, al que ha tenido acceso infoLibre, las empresas españolas vendieron el año pasado "material de defensa" por un valor de 4.346 millones de euros, la cifra más alta de la última década. Y un importante pellizco de este dinero provino de dictaduras: monarquías absolutas como la de Arabia Saudí o repúblicas autoritarias como Egipto pagaron más de 529 millones de euros en 2017 por hacerse con armas de fabricación española.

El desglose de los datos lo recoge el informe Estadísticas españolas de exportación de material de defensa, de otro material y de productos y tecnologías de doble uso correspondiente al año 2017. El documento, que aún no es público pero al que ha tenido acceso este diario y que elabora anualmente la Secretaría de Estado de Comercio, revela que el valor de las exportaciones de material de defensa realizadas durante el año 2017 aumentó un 7,3% con respecto al año anterior y superó por segundo año consecutivo los 4.000 millones de euros.

Más de 529 de esos millones procedieron de once países que pueden calificarse como dictaduras ya que, o bien no celebran elecciones (como Arabia Saudí u Omán), o bien tienen procesos electorales que dan como resultado victorias aplastantes del candidato en el poder (caso de Egipto, donde Abdelfatá Al Sisi ganó las últimas elecciones con el 97% de los votos, o Kazajistan, donde el presidente Nursultan Nazarbayev gobierna desde 1991 y se impuso en los últimos comicios con el 97,8% de los sufragios). Y ello pese a que la ley española prohíbe exportar armas "cuando existan indicios racionales" de que pueden ser empleadas "en acciones que perturben la paz, la estabilidad o la seguridad", "exacerbar tensiones o conflictos latentes", "ser utilizados de manera contraria" a los derechos humanos o "con fines de represión interna".

El principal cliente individual de las empresas españolas de armamento fue Alemania, que gastó más de 1.213 millones de euros en comprar ocho aviones de transporte y otro material. En segundo lugar se encuentra Reino Unido, cuyo gasto ascendió a 949,8 millones de euros y que adquirió 6 aviones de transporte, y le sigue Francia, que invirtió 422 millones de euros en material de defensa español –casi todo el dinero se utilizó para sufragar la compra de tres aviones de transporte–. Según explica el propio informe, el comercio con estos tres países y con Italia (que gastó 90,3 millones de euros) "se concentró en transferencias de productos, equipos y tecnología dentro de los programas de cooperación existentes en el ámbito de la defensa", entre los que se cuentan "el caza de combate EF-2000, el avión de transporte militar A400M" o "el helicóptero Tigre".

No obstante, el cuarto mejor comprador de armas españolas en 2017 fue un país con un régimen mucho más controvertido que los socios europeos de España: Arabia Saudí. La teocracia, que gobierna con mano de hierro desde hace décadas la Casa de Saud, compró a España material de defensa por un valor de 270,1 millones de euros el año pasado pese a liderar desde 2015 una coalición internacional contra Yemen. La compra, según indica el informe, abarcó "un avión de transporte (55,5 millones de euros), repuestos para aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para una aeronave de un programa de cooperación europeo, aviones no tripulados, plataformas porta morteros, granadas de mortero, munición de artillería" y equipos de vigilancia.

Omán, Kazajistan, Tailandia o Emiratos Árabes

Ningún otro de los once regímenes sin elecciones o con elecciones amañadas que compró armas a España lo hizo en la misma proporción que los saudíes. El siguiente de estos países en nivel de inversión fue Omán, otra monarquía absoluta comandada por el sultán Qabus bin Said al Said, que se gastó en 2017 un total de 72,8 millones de euros en armas españolas y otros 4,4 millones en material antidisturbios. Ese dinero le sirvió para comprar "cinco patrulleras ligeras de vigilancia costera (42,2 millones de euros), 33 vehículos todo terreno no blindados (5,5 millones de euros), repuestos y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española, lanzagranadas, munición de calibre medio, detonadores y encendedores eléctricos para mecha lenta y sistemas integrados de vigilancia aérea".

Otros 158 millones que se embolsó el sector armamentístico procedieron de tres dictaduras que hicieron en 2017 un gasto similar en material de defensa español. Kazajistan, gobernado por el exjerarca soviético Nazarbayev, gastó 54,6 millones de euros en dos aviones de transporte y repuestos. Tailandia, desde 2014 gobernada por una junta militar cuyas compras tuvieron un valor de 52,8 millones, también compró un avión militar y repuestos para aeronaves, así como "munición antiaérea y de artillería para las Fuerzas Armadas y la Marina" y "bloques de explosivo". Y Emiratos Árabes –que gobierna el emir Jalifa bin Zayed Al Nahayan–  invirtió 52,9 millones en "partes, piezas y reparables para aeronaves de transporte de fabricación española y para aviones de reabastecimiento en vuelo, cuerpos de bombas, granadas" y otro material.

El resto de los regímenes dictatoriales a los que España vendió armas en 2017 hicieron desembolsos mucho más modestos. Egipto, por ejemplo, se gastó 12,5 millones de euros en repuestos para aeronaves, corbetas, vehículos de transporte y blindados; Catar abonó a la industria armamentística española ocho millones a cambio de "granadas de mortero" y "recambios para carros de combate"; y Vietnam se gastó más de tres millones y medio de euros en sistemas de dirección de tiro. En comparación, el gasto del resto de países es meramente testimonial: República Democrática del Congo pagó 518.000 euros; Etiopía gastó 179.852, y Cuba apenas 1.750 "en un rifle de caza para la Policía".

Turquía es uno de los mejores clientes

Además de las dictaduras, entre los compradores de armas a empresas españolas en 2017 también se encuentran países que, pese a celebrar elecciones con regularidad y con la concurrencia de múltiples partidos, han sido acusados de prácticas autoritarias, antidemocráticas o agresivas. Es el caso, por ejemplo, de Turquía, uno de los mejores clientes de la industria armamentística nacional, que gastó el año pasado nada menos que 301,4 millones de euros en dos aviones de transporte, repuestos para aeronaves, componentes de motores de buques, queroseno de aviación y municiones, entre otros productos.

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Marruecos, por su parte, también fue uno de los países donde España exportó armas en 2017, aunque por un valor muy inferior: el reino alauí gastó 16,7 millones en granadas de mortero, munición antiaérea y componentes para tanques. El desembolso de Israel fue mucho menor y ascendió a 1,4 millones de euros, una cantidad similar a la que gastó Argelia, que pagó 1,7 millones a la industria armamentística española. Y Venezuela fue el destino de componentes militares por un valor de 3,4 millones de euros.

Pese a las restricciones que plantea la ley, en 2017 el Gobierno únicamente vetó cuatro exportaciones de material de defensa. Dos de ellas afectaron a Israel, que no pudo comprar a España diez caños para el desarrollo de rifles y 17 direcciones de tiro para carros de combate, mientras que otro de los vetos fue para una operación con destino a China (seis sistemas de clasificación acústica) y el último afectó a Myanmar (20 pistolas de tiro deportivo).

El informe de la Secretaría de Estado de Comercio fue remitido a las Cortes hace unos meses, y los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso tienen hasta el 17 de septiembre para elaborar un dictamen sobre el mismo. En principio, la ley obliga a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, a comparecer en la Cámara baja "para informar sobre las estadísticas", si bien fuentes del PSOE plantean la posibilidad de que Méndez no explique el documento y se limite a entregarlo, dado que es un informe elaborado por el anterior Gobierno. Grupos como Unidos Podemos se oponen tajantemente a esta opción y aseguran que exigirán que la secretaria de Estado comparezca ante la comisión.