1996: los 16 'sin papeles' que pusieron en jaque la política migratoria española

El escándalo se cerraba. "Exteriores envía a Nigeria a los 15 inmigrantes retenidos en Barajas", titulaba El País el 16 de agosto de 1996. El grupo de sin papeles, que había llegado con documentación falsa procedente de Guinea Ecuatorial, llevaba casi un mes retenido en el aeropuerto de Madrid, en medio de una crisis diplomática con el país africano y un escándalo ante la opinión pública por el mal trato brindado a los viajeros. Paralelamente a la cuestión migratoria que llevaba también las pateras a las portadas, se celebraban los funerales por las víctimas del camping Las Nieves, en Biescas (Huesca), donde murieron 87 personas y 187 resultaron heridas después de que el terreno fuera arrasado por una riada. Este verano, infoLibre repasa la historia española reciente a partir de las portadas de los principales periódicos de la época, un espejo de los temas que llenaban el debate público en las vacaciones de entre 1978 y 2002.

 

El grupo de 16 personas —una de ellas se fugó, según los medios, días más tarde— había llegado el 21 de julio a Madrid, en un vuelo procedente de Malabo (Guinea Ecuatorial) con pasaportes falsos de Nigeria, Sudáfrica y Camerún, procedentes de Liberia, según reclamaban, de donde habían salido huyendo de la guerra civil que se libraba allí desde 1989. Sin embargo, su solitud de asilo, realizada a su llegada según el Gobierno, había sido rechazada inmediatamente, por lo que se procedió a su deportación al país del que procedían. Pero se resistieron: trataron de impedir la salida del vuelo llamando la atención de los demás pasajeros de diversas formas —el Gobierno llegó a hablar de que el grupo de migrantes trató de "desnudarse, escupir, morder y vomitar incluso"—. Entonces, la seguridad de Iberia los redujo maniatándolos y amordazándolos con cinta adhesiva. Las 16 personas permanecieron en el área de no admitidos del aeropuerto desde entonces hasta su repatriación definitiva el 15 de agosto. 

Cuando se trató de reanudar la deportación, después del cuestionable primer intento, Guinea se negó en rotundo: "El ministro de Exteriores guineano, Miguel Oyono, informó ayer mismo al embajador español en Malabo, José María Otero, que su país 'no puede recibir personas de identidad dudosa", contaba Javier Casqueiro en El País, el diario que más abundantemente cubría el asunto, aunque también ocupaba espacio de portada en La Vanguardia. España trataba de demostrar, primero, que el grupo no provenía de Nigeria. "Varios intérpretes enviados por Interior", relataba El País, "les pusieron a prueba y no fueron capaces de localizarla en un mapa de África ni de cantar su himno. Al parecer, su acento tampoco es de ese país". Y defendía, segundo, que podían ser originarios de Nigeria, Estado que finalmente aceptó hacerse cargo de ellos, un mes después, y recibirlos en un vuelo Madrid-Lagos. 

 

Mientras continuaba el tira y afloja entre Malabo y Madrid, con negativas del primero y amenazas de represalias del segundo, los 16 indocumentados continuaban en Barajas. Pronto fueron 15. Una de las integrantes del grupo, Phile Gay Christo, huyó cuando era trasladada a un centro médico para determinar su edad. O esa fue la versión del Gobierno, que una de sus compañeras cuestionaba: "Tengo la sensación de que Phile no ha escapado", lanzaba Cecilia Hearghob. "Pedimos ir al baño", relataba, "y Phile me dijo: 'Salgamos de aquí ahora. Voy a gritar pidiendo ayuda'. Corrimos y cruzamos la calle, pero no empujamos a ningún policía. (...) La policía me pegó y me llevó al coche. Cuando el agente volvió, Phile, a la que también había pegado, no estaba con él. Pregunté dónde estaba, pero me mandaron callar. Ya no hemos sabido nada de ella".

El caso atrajo la atención del Defensor del Pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, que pidió que España autorizara la entrada de los 15 inmigrantes: "Considera", recogía El País, "que, una vez denegada la solicitud de asilo y al no ser posible su devolución inmediata por carecer de documentación adecuada o por dificultades. para repatriarlas, estas personas podrían entrar en España tras adoptarse las medidas cautelares oportunas e informar a la autoridad judicial". En los primeros diez días de agosto, 100 inmigrantes indocumentados habían sido detenidos en Andalucía. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) y Amnistía Internacional denunciaban la sedación forzosa de deportados y fallos en el proceso de petición de asilo. Miguel Ángel Rodríguez, secretario de Estado de Comunicación, aseguraba: "No se ha hecho nada especial que no se viniera haciendo antes: se ha hecho como se ha hecho siempre".

La riada que arrasó Las Nieves

 

Diario 16 llevaba en portada aquel día una imagen del entierro en homenaje a las víctimas del camping Las Nieves, con el titular: "Multitudinario funeral en Biescas". Unas tres mil personas acudieron al acto en reconocimiento de las 87 víctimas mortales y 187 heridos en la riada que arrasó el camping el 7 de agosto. Las Nieves se situaba en el cono de deyección del barranco de Arás, seco desde hacía décadas. Una tormenta de verano inusualmente fuerte —160 milímetros de agua por metro cuadrado en menos de una hora— llevó el agua de nuevo al barranco, arrastrando por el camino toneladas de roca y de barro. El camping quedó sepultado. Hubo supervivientes que aparecieron a kilómetros del campamento. El último cadáver, el de un niño, no apareció hasta un año después. 

¿Por qué ocurrió la tragedia? La justicia decretó en 2005 que los responsables eran el Gobierno aragonés y el Estado, que debían indemnizar a las familias por haber permitido la construcción del camping en un espacio que suponía un peligro para los acampados. Siempre quedará la duda de si aquello podría haberse evitado: cuando el dueño del camping, Luis Bardají —mirando al cielo en la foto de Diario 16— solicitó el permiso para abrirlo, un técnico advirtió de que había habido inundaciones previamente, y de que podía volver a haberlas. "El miedo a que la tragedia se repitiera aconsejó desalojar ayer a 700 campistas de una instalación en la Comunidad Valenciana", apuntaba el periódico.