La ONU denuncia abusos continuados de derechos humanos en Nicaragua "mientras el mundo aparta la vista"

El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos ha denunciado este miércoles que la represión y las represalias contra los manifestantes que en los últimos meses se han echado a las calles contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, continúa mientras la comunidad internacional "aparta la vista" ante lo que está sucediendo en el país centroamericano.

En un informe, la oficina que dirige Zeid Raad al Hussein ha defendido que es necesario adoptar "medidas urgentes" ante la crisis de Derechos Humanos en Nicaragua, donde desde el pasado abril hay ya más de 300 muertos y otros más de 300 manifestantes han sido detenidos, mientras que muchos de quienes participaron en las protestas o se han expresado en contra del Gobierno se han visto obligados a esconderse o abandonar el país.

"La represión y las represalias contra los manifestantes prosiguen en Nicaragua, mientras el mundo aparta la vista", ha lamentado Zeid en un comunicado. "La violencia y la impunidad de los últimos cuatro meses han puesto de relieve la fragilidad de las instituciones del país y del Estado de derecho, y han generado un contexto de miedo y desconfianza", ha subrayado.

Por ello, ha instado tanto al Consejo de Derechos Humanos de la ONU como a la comunidad internacional en general a que "adopten medidas específicas con el fin de evitar que la crisis actual degenere en disturbios sociales y políticos aún más graves".

Según ha defendido, "cualquier medida de esa índole debería velar por la plena exigencia de responsabilidades en relación a las violaciones y los abusos de Derechos Humanos, así como garantizar el acceso eficaz de las víctimas a la justicia y las reparaciones apropiadas, incluidas indemnizaciones y el derecho a conocer la verdad".

Uso desproporcionado de la fuerza 

El informe publicado por el Alto Comisionado abarca el periodo entre el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas contra el proyecto de reforma de la seguridad social en Nicaragua, y el 18 de agosto. Entre los abusos documentados figuran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía, incluidas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y generalizadas, torturas y malos tratos, y violaciones del derecho a la libertad de opinión, expresión y reunión pacífica.

Policías y simpatizantes del Frente Sandinista obstaculizan la marcha de autoconvocados en Masaya (Nicaragua). | EFE

En la primera fase de la crisis, según el documento, la Policía y algunos elementos armados progubernamentales reprimieron las protestas, mientras que en la segunda fase de "limpieza", de mediados de junio a mediados de julio, policías y elementos armados progubernamentales, incluidas las denominadas "fuerzas de choque" y las turbas, desmontaron violentamente las barricadas y los tranques.

Estos elementos armados, según la información compilada para el documento, actuaron con el beneplácito de autoridades estatales de alto nivel y de la Policía Nacional, a menudo de forma conjunta y coordinada. "Aunque el Gobierno ya no niega la existencia de elementos armados progubernamentales, sí aprueba sus acciones y les permite operar con impunidad", resalta el informe.

El análisis de la información disponible sobre los más de 300 muertos y 2.000 heridos en las protestas revela que la mayoría de las víctimas fueron hombres menores de 30 años, lo que refleja el perfil medio de los manifestantes, entre los había estudiantes universitarios y jóvenes profesionales.

Vista de una cruz con el nombre de uno de los manifestantes asesinados durante las protestas, en Managua (Nicaragua). | EFE

Además, según el informe, militantes del gobernante Partido Sandinista, funcionarios del Gobierno y miembros de las fuerzas de seguridad (en particular, de la Policía Nacional), fueron agredidos y murieron 22 agentes. "El grado de brutalidad de algunos de estos episodios, que incluyeron quemaduras, amputaciones y profanación de cadáveres, ilustra la grave degeneración de la crisis", subraya el texto, que reclama que se investiguen también estos abusos.

Actualmente, Nicaragua está sumida en una tercera fase de la crisis, que consiste en la persecución y penalización de los manifestantes y otras personas consideradas opositoras al Gobierno. Según el Alto Comisionado hasta el 18 de agosto al menos 300 personas habían sido imputadas, incluso con cargos de terrorismo y delincuencia organizada, por haber participado en las protestas o por haberlas apoyado.

Según el informe, estos juicios adolecen de graves vicios y en ellos no se respetan las normas del debido proceso ni la imparcialidad de los tribunales.

A esto se suma que numerosos funcionarios, incluidos profesores y médicos, han sido cesados en sus cargos y a quienes se les considera críticos del Gobierno se les acosa, intimida y hasta se les agrede. Además, las autoridades, incluso al más alto nivel, estigmatizan y desprestigian cada vez más a los manifestantes y a quienes defienden los Derechos Humanos, tachándoles de "terroristas", "golpistas" o "plagas".

Un joven con la cara tapada camina frente a una pinta durante la marcha Nicaragua Unida Jamás Será Vencida. | EFE

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"En vez de reconocer su responsabilidad por los actos ilícitos cometidos durante la crisis, el Gobierno culpa a los dirigentes sociales y de la oposición por lo que denomina 'violencia golpista', así como por la repercusión negativa que la crisis política ejerce sobre el país", lamenta el informe.

Así las cosas, el informe hace un llamamiento al Gobierno de Ortega a que cese de inmediato el acoso, la intimidación y la penalización de las protestas, además de disolver y desarmar a los elementos progubernamentales, suspender los arrestos ilícitos y poner en libertad a las personas que han sido detenidas arbitrariamente.

También insta al Ejecutivo nicaragüense a que adopte medidas urgentes para garantizar la independencia e imparcialidad de la judicatura y a que reanude de manera positiva el diálogo nacional entre funcionarios gubernamentales y representantes de los diversos sectores, con miras a lograr acuerdos basados en los principios de la democracia y los Derechos Humanos.