Gestación subrogada: una técnica ilegal en España y legitimada en la práctica por una norma que no siempre se cumple

La situación de bloqueo en la que se encuentran una treintena de familias que han tenido hijos por gestación subrogada en Ucrania a los que no pueden inscribir en el Registro Civil Consular de Kiev y, en consecuencia, regresar a su país con ellos, ha puesto el foco sobre una práctica que no es legal en España, pero por la que han nacido en el extranjero desde 2010 más de un millar de menores que han sido después registrados como españoles a través de un mecanismo puesto en marcha en 2010.

La ley sobre técnicas de reproducción humana asistida declara "nulo de pleno derecho" cualquier contrato que se establezca con una mujer para que geste a un niño a cuya filiación renunciará a favor de los contratantes, medie o no compensación económica. No obstante, en 2010, una resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, determinó que los niños nacidos a través de esta práctica en el extranjero podían ser inscritos de forma automática en el Registro Civil en los consulados españoles siempre que presentaran una resolución judicial "en la que se determine la filiación del nacido". 

De esa manera, según explicó el Gobierno en una reciente repuesta parlamentaria a la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes [consultar, aquí], se persigue tanto el control del contrato respecto del país en el que se ha formalizado, como la protección de los intereses del menor y de la madre gestante. Por ejemplo, verificando que su consentimiento se ha obtenido de forma libre y voluntaria. De hecho, esta exigencia tiene su fundamento en la citada ley sobre técnicas de reproducción asistida, que en su artículo 10.3 exige el ejercicio de acciones procesales y la consecuente resolución judicial para la determinación de la filiación paterna de los menores nacidos por gestación por sustitución. 

Sin embargo, no en todos los países se está exigiendo hasta el momento la existencia de esa sentencia judicial, tal y como confirman a infoLibre directivos de tres agencias intermediarias que asesoran en España a futuros padres. En Ucrania, por ejemplo, se tomaban en el consulado en Kiev muestras de ADN tanto del bebé como del padre biológico para certificar su vínculo. "Si todo era correcto se procedía a la inscripción y una vez de regreso en España, la madre adoptaba al bebé", explica Alberto Díaz, codirector de Surrobaby, una de esas entidades. En ese país esta práctica sólo está permitida para parejas heterosexuales casadas.

Ramón López, de la agencia Gestación Segura, confirma que los únicos países en los que la filiación se produce tras una sentencia judicial son Estados Unidos, Canadá y Grecia, aunque en este último la resolución avala el inicio del proceso, no el proceso como tal, por lo que es más cuestionable. Precisamente en los dos primeros países estos procesos tienen un coste más elevado, de hasta 150.000 euros, mientras que en Ucrania o Georgia puede costar una tercera parte, alrededor de 50.000 euros. Este diario preguntó al Ministerio de Exteriores por qué se estaban autorizando registros sin sentencia judicial en países como Ucrania o Georgia, pero no obtuvo respuesta.

Mala praxis 

Las agencias aseguran que, en un primer momento, desde el consulado en Kiev se les trasladó que tras la reciente modificación del Reglamento de la Ley Orgánica de Protección de Datos la representación española dejaba de poder intervenir en la realización de esas pruebas, lo que era un requisito indispensable para la entrega de los pasaportes españoles a estos menores. No obstante, en un comunicado difundido este miércoles, el Ministerio de Exteriores aclaró que ese cambio "no es la causa de ninguna paralización" y que cada expediente se trata de manera individual y exige el análisis de toda la documentación presentada por los interesados.

En su nota, el departamento que dirige Josep Borrell señala que el tratamiento de este tipo de expedientes requiere de un "especial cuidado" por parte de la sección consular de la embajada de España en Kiev al haber sido informada en los últimos meses de "posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores". De hecho, a la vista de esta situación, el ministerio insiste en "desaconsejar el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto", una recomendación que asegura llevar haciendo "desde hace años".

Las familias afectadas y las agencias que las representan, sin embargo, creen que se trata de una "directriz política" del actual Gobierno, sustentado por un partido que se ha posicionado claramente en contra de esta práctica, según señala David Monje, gerente de Go4Baby, otra de estas empresas. En el PSOE, el criterio general es que la gestación subrogada es "algo que ya está regulado" puesto que está prohibida y es "ilegal". Otras formaciones como Ciudadanos sí son partidarias. Su líder, Albert Rivera, anunció este jueves que su grupo tiene previsto presentar en el Congreso antes de final de año una proposición de ley para su regulación. 

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En todo caso, esta no es la primera vez que la inscripción de menores nacidos de procesos de gestación por sustitución resulta polémica. En 2014, los registros estuvieron paralizados durante cinco meses después de que una sentencia del Tribunal Supremo [consultar, aquí] decretara que los bebés nacidos por gestación subrogada en el extranjero no pueden ser inscritos como españoles porque esa técnica no es legal en España. En esa ocasión también hubo recién nacidos que se quedaron en un limbo legal. 

Finalmente, el Ministerio de Justicia, entonces dirigido por Alberto Ruiz-Gallardón, dictó una instrucción para ordenar a todos los consulados que volvieran a inscribir a los niños nacidos mediante esta técnica basándose en una sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que estableció la obligatoriedad de inscribir a los bebés nacidos por gestación subrogada, apelando al "interés superior del menor". Y eso a pesar de que en el derecho europeo es general la prohibición de la gestación por sustitución mediante precio. 

Ahora, las familias afectadas en Ucrania explorar otras posibilidades para poder traer a los recién nacidos a España. La principal es lograr la nacionalidad y el pasaporte ucranianos, aunque es un trámite que se puede demorar varios meses.