La gestación subrogada también es negocio en España a pesar de estar prohibida

Intentos ilimitados de fecundación hasta el nacimiento del bebé, posibilidad de elegir a la gestante o el sexo del recién nacido, reinicio del programa en caso de aborto, servicio de pediatría... son solo algunas de las prestaciones incluidas en los paquetes que ofrecen las agencias españolas que asesoran a parejas o personas solas que acuden al extranjero para contratar a mujeres que gesten hijos, en la mayoría de los casos, con su material genético y se comprometan mediante contrato a renunciar a los derechos de filiación.

A través de esta práctica, que se conoce como gestación subrogada o por sustitución y que no es legal en España, han nacido en el extranjero desde 2010 más de un millar de menores que han sido después registrados como españoles a través de un mecanismo puesto en marcha ese año. Esta cifra procede de una respuesta parlamentaria del Gobierno a la diputada de Ciudadanos Patricia Reyes, en la que se detalla que el 80% de estos menores proceden de EEUU y Ucrania. Las cifras, sin embargo, no son completas. No recogen, por ejemplo, información referente a Georgia o Grecia, países donde también se llevan a cabo estos procesos.

En la última semana, la situación de bloqueo en la que se encuentran una treintena de familias que han tenido hijos por gestación subrogada en Ucrania a los que no pueden inscribir en el Registro Civil Consular de Kiev ha vuelto a poner de actualidad un tipo de práctica para la que, habitualmente, las familias contratan los servicios de agencias intermediarias que se encargan de todos los trámites: elección de la gestante y de la clínica, preparación de la documentación, gestión de los viajes al país en el que nacerá el bebé... Los potenciales clientes entienden que, de esa forma, se garantizan estar acompañados durante un proceso que suele ser tedioso.

En sus páginas web, la mayoría de estas compañías ofrecen catálogos por países, programas y costes. El país más caro es Estados Unidos, aunque también el más seguro porque se emite una sentencia judicial que tiene validez en España, lo que facilita la inscripción del bebé como ciudadano español. Allí el proceso puede costar más de 150.000 euros. En Ucrania, centro de la polémica en la última semana, la filiación se venía haciendo cotejando muestras de ADN del padre y del menor, lo que no cumple estrictamente con el mecanismo previsto por el Gobierno en 2010. La diferencia es que allí el programa más básico puede salir por 40.000 euros.

Además, la mayoría de las agencias que operan en EEUU, Ucrania o Georgia ofrecen también la posibilidad de elegir el sexo del bebé, algo que en España está prohibido por la ley de reproducción asistida salvo que se realice con fines terapéuticos autorizados, pero que sí permite la legislación de ambos países. Esta posibilidad sólo está incluida en los llamados programas VIP o tiene un coste extra, pues se realiza un diagnóstico genético preimplantacional y se seleccionan los embriones que corresponden a un sexo determinado antes de transferirlos al útero de la gestante.

Mercado en auge

Tal y como ha podido constatar infoLibre, el Registro Mercantil recoge la existencia de al menos una quincena de empresas dedicadas a esta actividad en España. Se trata de un mercado incipiente, pero que sí da muestras de estar en pleno apogeo. De hecho, la mayoría de estas compañías han sido creadas en los últimos cinco años, a partir de 2013. Fuentes del sector reconocen que, de manera reciente, personas que han pasado por el proceso de tener hijos a través de esta técnica han creado empresas para asesorar a otras personas que se puedan encontrar en su misma situación.

Es el caso, por ejemplo, de Javier Cantero, que ha sido padre por gestación subrogada en dos ocasiones (2010 y 2012) en EEUU y que contó su experiencia en el programa de Cuatro Conexión Samanta. Su socio, Alberto Díaz, que también fue padre a través de esta técnica, explica que ambos decidieron montar en 2013 la agencia Surrobaby, a través de la que ya han propiciado el nacimiento en el extranjero de más de 150 bebés. En 2016, la compañía declaró una facturación de 123.895 euros y un beneficio de 74.475 euros.

En su empresa, que es una de las más económicas, el proceso más barato, que se realiza en Ucrania, cuesta 39.900 euros. Si los padres quieren elegir a la gestante y el sexo del bebé, que este nazca en un hospital privado, alojarse en un apartamento individual o tener un abogado propio en España la factura puede superar los 50.000 euros. La agencia Go4Baby, creada en 2015 y que opera exclusivamente en Ucrania y Georgia, ofrece tarifas similares. En ambos países, sin embargo, estos procesos están vetados para parejas homosexuales.

Díaz, de Surrobaby, asegura que el 99% de sus clientes son personas de clase media. De hecho, muchas de estas compañías facilitan la financiación de estos procesos a través de acuerdos suscritos con entidades financieras. Por ejemplo, en la página web de su empresa se informa de que sus clientes tienen a su disposición "préstamos personales con tipos de interés muy competitivos y plazo de amortización de hasta en 10 años" o "préstamos hipotecarios con condiciones excepcionales". Eso sí, advierten de que la concesión estará sujeta a la aprobación previa por parte de la entidad financiera, dependiendo de la situación económica de los futuros padres.

María Jesús Jiménez decidió hace tres años compaginar el acompañamiento a familias que quieren iniciar procesos de gestación subrogada con su trabajo en una asesoría de su propiedad, que sigue siendo su principal fuente de ingresos. De hecho, con su agencia Matergest sólo ha propiciado el nacimiento de seis bebés en estos tres años. "Querer tener un hijo es un sentimiento muy fuerte… y cuando sabes cómo puedes ayudar a otras personas te preguntas que por qué no hacerlo. Las agencias no somos ONG porque cobramos por lo que hacemos, pero no todas somos iguales", subraya. 

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Aunque ella también trabaja con Ucrania, país al que define como "el vientre de alquiler del mundo", Jiménez admite que, a los clientes que se lo pueden permitir, les recomienda destinos más seguros. "En Ucrania se han hecho cosas mal, pero no con procesos en los que estuvieran implicadas familias españolas", asegura. Esta misma semana, el Ministerio de Exteriores explicó en un comunicado que la embajada de España en Kiev había sido informada en los últimos meses de "posibles casos de mala praxis médica asociada a los procesos de reproducción asistida, así como de casos de posible tráfico de menores". De hecho, el Gobierno "desaconseja el inicio de cualquier proceso de gestación subrogada en este contexto", una recomendación que asegura llevar haciendo "desde hace años". En Matergest, por ejemplo, han paralizado los procesos con Ucrania.

El de las agencias intermediarias, no obstante, es un ámbito heterogéneo en el que convergen también otros perfiles, como los despachos de abogados especializados en derecho de familia, que ahora también atienden estos procesos. Pero también hay quien ha visto en este mercado una provechosa opción de negocio y no duda en utilizar técnicas poco ortodoxas. Es el caso del joven emprendedor Diego Sánchez Giménez, también conocido como Dídac Sánchez, que está detrás de dos compañías dedicadas a este negocio: Subrogalia y Gestlife.

Con la primera de ellas, Subrogalia, fue condenado el pasado noviembre a pagar 88.408 euros a dos parejas que habían iniciado procesos de gestación subrogada en México en los que el juez detectó incumplimientos graves de sus compromisos. Según la sentencia, el asesoramiento jurídico que la compañía ofrecía por contrato era insuficiente e incorrecto y ni siquiera se pudo acreditar que tuviera contratados abogados. El fallo también constata que la Clínica Iegra Tres Torres, también de su propiedad, no tenía permisos para fecundar los embriones que después se trasladaban al extranjero para ser implantados a las gestantes. infoLibre intentó, sin éxito, contactar con Sánchez Giménez por teléfono y correo electrónico para obtener su versión.