“Lo siento, ya está alquilado”: racismo, homofobia y aporofobia se cuelan en los buscadores de viviendas

Encontrar una habitación, una buhardilla o un estudio donde empezar con la rutina de septiembre no es tarea fácil. Sobre todo para algunos. Las webs de búsqueda de vivienda como Fotocasa, Idealista o Mil Anuncios ayudan en el proceso aunque se cuelan en las descripciones detalles que podrían constituir un posible delito de odio o discriminación.

Si un propietario no quiere alquilar a una pareja porque son gais, gitanos, trabajadores precarios, estudiantes o incluso por su aspecto… habría una práctica denunciable. El problema es: ¿cómo demostrarlo?

Una persona en búsqueda de casa puede encontrar en las descripciones de los anuncios, al lado del número de habitaciones, el tamaño de la cama, los baños o si tiene ascensor… condiciones que nada tienen que ver con la vivienda: “Precioso estudio, escalera altillo cama matrimonio, muchísima luz, electrodomésticos, amueblado a estrenar, solo para jóvenes españoles”.

Por una experiencia de este cariz pasó el jugador de baloncesto del Básquet Coruña, Larry Abia, hace unas semanas, cuando denunció a través de su cuenta de Twitter el racismo de dos propietarios en su intento por alquilar un piso en la capital gallega: "Era el primer cliente del día, llegué diez minutos antes a la cita, aparecieron dos personas mayores y a pocos metros de mí susurraron: 'No se lo alquiles a ese, dile que no, que es de color'”, explicó el jugador a través de esta red social.

 

No es el único caso de racismo que ha aparecido en redes sociales: una tuitera criticaba el anuncio de un piso en alquiler en Milanuncios que rezaba “Piso seminuevo, completamente amueblado, con muebles buenos, no extranjeros, piden nómina o aval bancario y gente seria. 1ª planta”.

 

Y más denuncias públicas en Twitter: la usuaria @ianmanysa, una joven de Larache (Marruecos) de 25 años,  que creció en Madrid y tiene nacionalidad española, entiende que el problema es que es “mora”. Cuando llegó al inmueble acompañada de su padre, las palabras de la dueña del piso fueron: “Pues… el piso lo he alquilado hace media hora”.

 

La afectada explica que pidió a una compañera de Málaga con la que iba a compartir el piso que llamara de nuevo por teléfono a la dueña para preguntar y sus palabras fueron: "Es que me acaba de venir una mora  de Marruecos y a mí eso es que no me gusta ni un pelo", relata en el hilo de Twitter.

 

Desde la cuenta de Twitter de la plataforma Es Racismo denuncian el caso de una mujer que se ve estigmatizada al ser descartada como inquilina porque es de esa etnia: "Si sois gitanos no... porque ya tuvimos malas experiencias en el alquiler con ellos."

 

En el caso de la aporofobia, –término acuñado el año pasado por la filósofa Adela Cortina, que se utiliza para designar la aversión que no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres–,  Rubén Sánchez, portavoz de Facua, organización que vela por el derecho de los consumidores, niega que esta pueda ser una discriminación: “En el caso de una familia pobre, si tú eres un particular y el motivo es que crees que no va a tener capacidad de pago, no es aporofobia sino falta de confianza.”

Responsabilidad social y empresarial

Las empresas privadas y sus políticas corporativas son las que regulan este tipo de anuncios de carácter racista y desde el portal inmobiliario Idealista afirman: “Luchamos activamente contra todo tipo de xenofobia, no permitimos estas prácticas”. Cuentan cómo es el procedimiento cuando aparece uno de esos anuncios: “Se suprime el comentario del propietario pero se deja el anuncio. La discriminación como tal es ilegal, se borra toda la parte que incumple la legalidad.”

Idealista, con “un millón y medio de anuncios”, conoce el problema a través de “los propios usuarios que nos alertan: bien a través de los canales para denunciar, a través de redes sociales y una vez que las detectamos, se cambian inmediatamente.”

El portal de alquiler de vivienda no aporta datos sobre la cantidad de anuncios de este tipo que ha detectado en su web por una cuestión de confidencialidad aunque señala que tienen un “equipo de calidad” que se encarga de detectar este tipo de prácticas así como de localizar posibles mafias en el sector con intereses delictivos: “Si contamos como les intentamos pillar, le damos pistas”, defienden desde Idealista.

Discriminación residencial

En el informe Provivienda del año 2013 se recogen algunas frases de un grupo de discusión mantenido con propietarios de nacionalidad española: “Esas personas no están acostumbradas a vivir en bloques de comunidad”; “Van a tener problemas con los vecinos”; “Están acostumbrados a vivir de esa forma y entonces, adaptarse a vivir en un sitio que está organizado…"; "Me preocupa un poco lo de alquilar a extranjeros, es que alquilas a unas personas y luego vienen la madre, la tía, y a lo mejor se meten en una vivienda más gente de la que tú estás alquilando”.

Hay anuncios abiertamente discriminatorios en los que dependiendo de la nacionalidad o el origen étnico se les niega directamente la posibilidad de visitar la vivienda y algunos que ponen barreras específicas a la población extranjera que no son necesarios para formalizar el contrato como el permiso de residencia. Hay otros que incluso relacionan al inmigrante directamente con el hacinamiento: "Ideal para 4 o 5 inmigrantes" (una vivienda de 50 metros cuadrados). 

Estos estereotipos y prejuicios se materializan en un trato discriminatorio que relega a los inmigrantes a barrios que perpetúan su marginación. En el caso de haya un trato vejatorio o discriminatorio, desde Facua aconsejan denunciarlo en los tribunales: “Si es un agencia inmobiliaria y tienes pruebas, lo puedes denunciar en la Administración de Protección al Consumidor de la Comunidad Autónoma”.

Discriminación de clase

La exclusión no termina con la población migrante sino que se extiende a otras personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, mucho más en plena escalada de precios y con empleos con ingresos precarios. Eugeni Rodríguez, presidente del Observatori contra l'Homofòbia, lo corrobora: “Las personas sin recursos, sin papeles, difícilmente acceden a las oportunidades básicas de una vivienda digna. En Barcelona es absolutamente prohibitivo, 900 euros de media para acceder a una vivienda en alquiler: nóminas, avales dejan fuera a muchísimas personas”. En ocasiones la única forma de hacerlo es compartiendo piso, y ahí se acumulan las quejas: "En 2017, un 1,8% de las quejas —del número total de quejas que recibió el Observatori contra l'Homofòbia— surgieron una vez que la persona tuvo la vivienda a su nombre, cuando detecta que es trans, se le empieza a hacer la vida imposible, en algunos casos llegando a insultos e incluso agresiones", señala el presidente de la institución.  

Para Rodríguez,  es la Administración la que tiene que hacer que "el acceso a la vivienda sea lo más regulado posible, que se pidan los datos imprescindibles que no supongan una invasión en la intimidad de las personas”.

La Fundación Secretariado Gitano registra más casos de discriminación que en 2017, la mitad a mujeres

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Según un artículo publicado en 2008 en El Economista, se detectaron 1.770 referencias en los anuncios publicados por particulares en las que se incluyen leyendas como: “Abstenerse extranjeros”. Hoy encontrarlas en estas páginas es difícil.

El Código Penal contempla en el artículo 173.1 que infligir a otra persona un "trato degradante", menoscabando o gravando su integridad moral, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años", la misma que conlleva los actos hostiles o humillantes que impidan el legítimo disfrute de la vivienda. 

La respuesta por parte de los ayuntamientos es crucial para que las personas puedan vivir en un lugar asequible con condiciones mínimas. El director del Observatori contra l'Homofòbia expresa su preocupación: “Tiene que haber viviendas y espacios donde poder acceder personas con diferentes grados de vulnerabilidad”. Y critica que no sirve de nada “empezar a construir con las elecciones miles de habitáculos indignos, sino una vivienda digna acorde a las posibilidades económicas de las personas”.