Un miembro del comité de garantías del PP insta a la Audiencia a pedir al Supremo la imputación de otro vocal de ese órgano

“Suplico al juzgado (…) se proceda a remitir exposición razonada al Excelentísimo Tribunal Supremo en relación con la citación, en calidad de investigado, de Don José Ignacio Echániz Salgado”. Quien en esos términos pidió el 2 de agosto a la Audiencia Nacional que dé los pasos para que el Supremo impute en el caso Lezo al diputado al Congreso por el PP José Ignacio Echániz fue Pedro Calvo, dirigente del mismo partido. Los dos comparten mesa en el Comité de Derechos y Garantías del PP, ahora bajo la batuta de Rafael Hernando.

Al igual que Echániz, Calvo formaba parte del Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón que en noviembre de 2001 dio vía libre a que el Canal de Isabel II adquiriese la firma colombiana Inassa mediante una operación en la que los investigadores observan visos de ilegalidad: la compra se articuló a través de una sociedad radicada en el paraíso fiscal de Panamá y, sobre todo, se cerró por un precio diez veces superior al valor fijado un año antes.

Los indicios delictivos que tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juez perciben en la compra de Inassa explican por qué Calvo se convirtió en imputado ya en enero. Y por qué, con Gallardón a la cabeza, todos los demás miembros de aquel gabinete han sido llamados a declarar por el juez que investiga el caso. Todos salvo Echániz, que goza de aforamiento por ser diputado, de ahí que solo el Supremo pueda llamarle en calidad de imputado.

La inopinada petición de Calvo respecto de Echániz figura en el recurso planteado por su defensa contra la providencia con la que, el 31 de julio, el juez citó para septiembre a los seis exconsejeros de Gallardón que todavía no han declarado. En su recurso, el abogado Jorge Argote, defensor de Calvo, enfatiza que en esa relación de investigados hay un hueco: "En esa lista falta un miembro de dicho Consejo de Gobierno, don José Ignacio Echániz Salgado".

Este miércoles, infoLibre intentó contactar tanto con Pedro Calvo como como José Ignacio Echániz a través del PP. No fue posible. El penalista Jorge Argote rehusó atender la llamada de este periódico.

Órdago al juez instructor

Otros juristas conocedores de la instrucción de Lezo subrayan que al pedir la imputación de Echániz lo que busca Calvo es lanzar un órdago al instructor del caso, Manuel García Castellón, con la esperanza de que el juez derive la pieza completa de Inassa al Supremo y de que, una vez allí, las imputaciones queden en agua de borrajas. 

Sea como sea, la estrategia de defensa de Calvo para que la pieza completa donde se investiga la adquisición de la empresa colombiana Inassa quede en manos del Supremo ha derivado en una situación insólita: la de un dirigente del PP que insta a la Audiencia a solicitar a otro tribunal, el Supremo, la imputación de un compañero de partido. Un compañero con el que, además, comparte su pertenencia al mismo órgano de decisión, el siempre sensible en todas las formaciones políticas Comité de Derechos y Garantías.

Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que cuando en una causa hay varios potenciales responsables penales y alguno de ellos está blindado por el aforamiento, lo habitual es que el juez instructor practique ciertas diligencias antes de enviar lo que se conoce como exposición razonada al tribunal que tiene la potestad de investigar al aforado en cuestión. Porque una exposición razonada consiste, básicamente, en una especie de auto donde un juez desgrana ante otro tribunal los motivos por los que considera que debe tomar declaración a un determinado aforado. Y esos motivos han de aparecer en la exposición debidamente fundados.

La defensa de Calvo no coincide con esas tesis. "¿Por qué –se pregunta Argote en su recurso– el ministerio fiscal excluye expresamente de ser citado como investigado a un miembro del Consejo de Gobierno que es diputado al Congreso?". "Esta defensa –prosigue el abogado– no quiere pensar que sea porque se pretenda eludir la competencia del Tribunal Supremo". 

Calvo ya declaró como investigado ante el juez de la Audiencia que instruye el caso, Manuel García Castellón. Lo hizo en enero, el mismo mes en que compareció también como imputado otro exconsejero madrileño, Juan Bravo, quien cesó como presidente de Adif tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa. El PP no ha adoptado medidas cautelares contra ninguno de los cargos de Gallardón imputados en Lezo.

En junio, y tras varios meses de confusión sobre su situación procesal, le tocó el turno a Gallardón, que negó cualquier ilegalidad. Y desfilaron también otros integrantes de su Ejecutivo como Manuel Cobo y Carlos Mayor Oreja.

Ahora, y a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, el juez ha ordenado que los días 11 y 12 de este mes declaren en calidad de investigados –imputados– el resto de quienes integraban el Gobierno que validó el desembarco del Canal de Isabel II en Inassa mediante el pago 73 millones de euros (83,6 millones de euros al cambio de la época) por el 75% de la compañía. 

Era Pedro Calvo quien en el momento de la compra, avalada por el Gobierno madrileño el 14 de noviembre de 2001, simultaneaba su cargo como consejero de Medio Ambiente de Madrid con la presidencia del Canal de Isabel II, el mayor conglomerado público de la Comunidad de Madrid. Echániz dirigía entonces el departamento de Sanidad.

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En agosto, el digital vozpopuli ya avanzó que la defensa de Calvo había pedido la imputación de Echániz. Pero hasta ahora no había trascendido que, más allá de que ambos pertenecieran al Gobierno de Gallardón hace casi dos décadas, hoy comparten hoy el rango de vocal en el Comité de Derechos y Garantías del PP.

A partir de abril de 2017, cuando fue detenido y encarcelado el principal protagonista del caso y que hasta dos años antes había presidido la Comunidad de Madrid, Ignacio González, la Operación Lezo fue constatando que las sombras de sospecha que desde una década antes ya planeaban sobre el Canal de Isabel II eran más oscuras y más extensas de lo que diversas investigaciones periodísticas habían señalado. Desde noviembre, González se encuentra en libertad bajo fianza de 400.000 euros.