La banca propone lanzar el mercado de los créditos universitarios a pesar del fracaso de los préstamos públicos del ICO

Modificar el sistema de financiación universitaria para que los alumnos sufraguen el coste total de sus estudios a través de créditos con condiciones ventajosas que sólo serían devueltos al alcanzar cierto nivel de renta. Es la propuesta que hizo recientemente la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en cuyo patronato están las principales empresas y entidades financieras, en el documento Préstamos universitarios contingentes a la renta: diseño y aplicación a España [consultar, aquí]. 

Los investigadores Antonio Cabrales, Maia Güell, Rocío Madera y Analía Viola calculan que repercutir a los estudiantes el coste total que supone impartir su formación –con las actuales tasas abonan entre el 15 y el 25%, el resto está subvencionado– supondría un ahorro de entre 1.780 y 6.230 millones de euros públicos al año. Para ello, claro está, los jóvenes tendrían que asumir una deuda de alrededor de 21.000 euros a un tipo de interés del 0% con una tasa de devolución del 10% de la renta al año siempre que esta supere los 15.000 euros brutos anuales (algo menos de 1.100 euros al mes en 12 pagas). Con este modelo, la deuda desaparecería una vez transcurridos 25 años.

El sistema, sin embargo, no es precisamente novedoso. En 2007, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) puso en marcha el programa Préstamo Renta Universidad ICO para que los licenciados con menos recursos pudieran seguir formándose tras estudiar la carrera realizando un posgrado. Los deudores tendrían que empezar a devolver sus créditos a los tres años de haber acabado los estudios o prorrogar la amortización sin intereses hasta 15 años si no ganaban más de 22.000 euros al año (casi 1.500 euros al mes en 12 pagas). Pasado ese tiempo, si tenían un sueldo inferior a esa cantidad, el crédito se cancelaba y el Estado quedaba como avalista.

Pero las condiciones se fueron endureciendo progresivamente en las siguientes convocatorias hasta que en la de 2010 (la última) el interés cero se cambió por un tipo fijo cotizado por el ICO quincenalmente que ha llegado a ser del 5,4%, según los afectados. Además, en 2008 ya se había eliminado el mínimo de salario bruto que tendrían que cobrar los estudiantes para tener la obligación de pagar lo prestado. Es decir, los estudiantes que pidieron préstamos a partir de ese año tienen que devolver el dinero sí o sí.

A finales de 2013, tras varias movilizaciones de los afectados, el Ministerio de Educación accedió a ampliar los períodos de carencia y de amortización de los préstamos de la última convocatoria [ver resolución del BOE, aquí]. Sin embargo, pasado ese plazo, los recibos comenzaron de nuevo a cobrarse. El problema es que la situación de muchos de ellos no ha mejorado desde entonces y siguen sin poder hacer frente a esos abonos. No pagar los recibos les convierte en morosos a los ojos del Estado, lo que les puede entrañar futuros embargos o dificultades para hacer cualquier compra a plazos.

Los afectados llevan años movilizándose a través de la Plataforma de Afectados por los Préstamos Renta Universidad, que ahora tiene sus esperanzas puestas en la aprobación en el Congreso de una Proposición de Ley, impulsada por Unidos Podemos, en la que se promueve que los estudiantes de cualquier convocatoria sólo tengan que devolver los créditos si ganan, al menos, 22.000 euros al año. Está previsto que la Mesa del Congreso, que es el órgano de gobierno de la Cámara, decida en las próximas semanas cuándo se tramita la iniciativa. El colectivo calcula que alrededor de 5.000 jóvenes o no están pagando las cuotas o tienen problemas para hacerlo. 

Miguel Ángel Llamas, el abogado que asesora a la plataforma, asegura que la situación es "dramática" en muchos casos. "Los afectados quieren pagar, pero no pueden hacerlo. Hay situaciones personales que impresionan, que son de miseria, con familias con varios miembros en paro y que no llegan a fin de mes y que tienen esta carga", señala. El letrado asegura también que los deudores han pedido "por todos los medios posibles" una reunión con el ministro Pedro Duque, que tiene la competencia sobre universidades en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, pero todavía no han obtenido respuesta. 

El economista Juan Hernández Armenteros, profesor de la Universidad de Jaén experto en financiación universitaria, señala que estos modelos fracasan cuando el retorno no es "ágil", que es lo que ocurrió en España. "Si los alumnos, cuando acaban sus estudios, no encuentran un empleo adecuado a su formación que les proporcione una renta que permita la devolución del préstamo se producen bolsas de endeudamiento que comprometen la viabilidad de la medida", explica. 

El modelo americano

La propuesta de Fedea llega también en el momento en que más en cuestión está el sistema norteamericano, en el que la mayoría de estudiantes tienen que endeudarse para hacer frente a sus estudios universitarios, que pueden tener un coste superior a los 50.000 dólares anuales. Allí las entidades financieras prestan el dinero a los universitarios y estos los van devolviendo cuando acceden al mercado laboral. También existen planes para repagar estos créditos a tiempo y evitar la suspensión de pagos. 

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En todo caso, el impago de la deuda estudiantil no deja de crecer en EEUU. Según los últimos datos de la Reserva Federal, la deuda pendiente supera los 1,5 billones de dólares (una cantidad equivalente a 1,27 billones de euros) y el 40% de los jóvenes que han finalizado sus estudios universitarios tiene pendiente la devolución de algún tipo de préstamo. Además, la deuda media de los graduados asciende a 28.400 dólares (alrededor de 24.000 euros), según una información de The College Board recopilada por El País. 

Hernández Armenteros confirma que el de los créditos no subvencionados para estudiantes es un modelo que ha tenido poco recorrido en España hasta el momento. "Es cierto que la mayoría de entidades financieras ofrecen este tipo de productos y hacen campañas para colocárselos a sus clientes, pero no despiertan un gran interés. Son prácticas habituales en la cultura anglosajona sin apenas arraigo ni tradición en Europa fuera del Reino Unido", subraya. 

A su juicio, el modelo a seguir debe ser "potenciar" el actual sistema de becas, que lleva años dando muestras de su "debilidad". "Es primordial aumentar tanto la cuantía de las becas, para cubrir el coste de oportunidad de que un joven de una familia humilde no esté en el mercado laboral e incentivar realmente el estudio, como el número de beneficiarios. Esto último se consigue aumentando los umbrales, pues actualmente hay que ser rematadamente pobre para acceder a una ayuda al estudio generosa", sentencia.