Primer aniversario del 1-O: Amnistía denuncia la pasividad de la Fiscalía para investigar las cargas policiales

El próximo lunes se cumple el primer aniversario de la consulta catalana del 1 de octubre y, desde la política, la fecha es motivo de celebración. Así lo expresó esta misma semana el president de la Generalitat, Quim Torra, que manifestó a través de su perfil de Twitter que desea que este día sea "fiesta nacional" porque fue un "punto de no retorno" en su "camino a la independencia". En el lado opuesto se encuentra Amnistía Internacional que, un año después, vuelve a denunciar la actitud pasiva de la Fiscalía General del Estado a la hora de investigar los "abusos policiales" presuntamente cometidos por los agentes que desalojaron los colegios electorales. 

"Un año después, aún queda mucho camino por recorrer en la investigación de los abusos policiales. Los pasos positivos que se han dado siguen dependiendo de las víctimas y de los juzgados a cargo de las investigaciones, sin que la Fiscalía haya asumido el rol activo que le corresponde", aseguró Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional, según el comunicado que hizo público este viernes la organización. 

Concretamente, desde Amnistía informan que actualmente están trabajando en tres casos: el de Alejandra Rayas, que esperaba "pacíficamente" para votar en una escuela de Barcelona cuando la Policía Nacional "la golpeó en la cara y el cuello sin razón aparente"; el de Roger Español, que perdió un ojo tras ser golpeado por una pelota de goma lanzada por un agente; y los sucesos de Aiguaviva, donde la policía empleó gases lacrimógenos, según denunciaron los propios vecinos. Este último suceso, no obstante, está siendo investigado por un juzgado de instrucción de Girona.

Ha habido avances, sí, pero la Fiscalía continúa sin actuar. "A Amnistía Internacional le preocupa la falta de iniciativa de la Fiscalía, ya que un año después no ha solicitado la práctica de ninguna diligencia de investigación dirigida al esclarecimiento de los posibles abusos cometidos", expresa la organización que, por otro lado, ya denunció la actitud del Ministerio Público en el mes de mayo. 

A través de un informe, Amnistía lamentó el "desinterés, obstrucción y falta de colaboración" de la institución, que torpedeaba la investigación de los posibles abusos,  denunciados el mismo 2 de octubre. Constataron que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional "usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de votación". Solicitaron, por ello, una "investigación imparcial, exhaustiva, independiente y efectiva sobre todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza" que interpusieron algunos ciudadanos. Ni en mayo ni ahora ha habido ningún tipo de avance. 

Ministerio del Interior: falta información e investigaciones propias

Ni por parte de la Fiscalía ni por parte del Ministerio del Interior. Amnistía critica, igual que también hizo en mayo, la falta de colaboración de la institución ahora dirigida por Fernando Grande-Marlaska. Según la organización, "está colaborando con los juzgados de instrucción", pero "falta aportar información relevante". "Es obligación del Ministerio del Interior mantener una colaboración decidida con los tribunales encargados de investigar el uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, sin dilaciones indebidas y con todo el detalle disponible que permita el esclarecimiento de los hechos", insiste Beltrán. 

Ni entrega la información necesaria ni inicia investigaciones internas. La organización denuncia continuar sin tener conocimiento sobre si el Ministerio ha abierto diligencias propias para esclarecer estos sucesos, "algo que debería hacer para determinar la responsabilidad institucional e identificar cuáles son las medidas disciplinarias, administrativas o de otro tipo que se deben tomar para garantizar que estas violaciones de derechos humanos no se repitan", asegura Amnistía. 

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La misma actitud que, según denunció la ONG, tuvo la institución cuando era el conservador Juan Ignacio Zoido quien estaba al frente. Este, además, realizó varias declaraciones exculpatorias hacia los agentes de los dos cuerpos. Según repitió, los responsables de las cargas policiales fueron los propios organizadores. 

Por último, Amnistía denuncia también el archivo de varias denuncias por parte del juzgado de instrucción encargado de la investigación de los operativos desplegados en Barcelona. "En algunos de estos casos, las investigaciones se han cerrado por la falta de material audiovisual", en otros, "y pese a reconocerse la existencia de hechos posiblemente constitutivos de uso excesivo de la fuerza, se han cerrado por la imposibilidad de identificar a los agentes", informa la ONG. Otras, fueron archivadas porque el juez consideró que la fuerza fue "proporcionada". 

La Conselleria de Salud cifró entonces en 1.066 el número de personas atendidas con motivo de las cargas policiales: 991 en el día del referéndum y 75 en los días posteriores a consecuencia de las lesiones producidas.