La Unión Europea da luz verde a la reducción del IVA para las publicaciones digitales

Fin a la discriminación fiscal que sufren en el Viejo Continente las publicaciones digitales. Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) dieron este martes, en la reunión mantenida en Luxemburgo, su visto bueno a la directiva comunitaria que permitirá a los gobiernos de los Estados miembro aplicar un IVA reducido a los libros, periódicos y revistas electrónicas, equiparándolo así con el trato fiscal que reciben las publicaciones impresas. Después de tres intentos fallidos, y de continuas negociaciones para desbloquear la situación, la República Checa ha decidido finalmente dejar de vetar la propuesta comunitaria tras llegar a un acuerdo con Francia, principal impulsor de la reducción del IVA. Tampoco Bulgaria, que presentó objeciones a última hora, ha hecho naufragar el cambio normativo, que llevaba años tramitándose.

"Esta propuesta es parte de nuestros esfuerzos para modernizar el IVA para la economía digital, y nos permite seguir el ritmo del progreso tecnológico", señaló el ministro de Finanzas austriaco, que actualmente ocupa la presidencia de turno del Consejo de la Unión Europea. "Estas son buenas noticias para la prensa y para el sector de la cultura", apuntó en Twitter el comisario de Economía comunitario, Pierre Moscovici.

La aplicación de un IVA reducido en libros, periódicos y revistas electrónicas lleva años siendo una de las exigencias del sector editorial digital europeo. La actual normativa comunitaria impide igualar el tipo impositivo de las publicaciones digitales y las de formato papel. Así, mientras que en el Viejo Continente las primeras tienen que afrontar un mínimo estándar del 15%, las tradicionales pueden beneficiarse de una tasa cero a una reducida –mínimo del 5%– o súper reducida –menos del 5%–. En el caso de España, las publicaciones electrónicas como infoLibre, que desde su creación viene denunciando esta discriminación fiscal, están sometidas al tipo general del 21%, frente al tipo reducido del 4% que se aplica al formato físico. Un sinsentido del que se llevan quejando durante años tanto los diarios digitales como los principales colectivos de la industria, entre los que destacan la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE) o la Federación de Gremios de Editores (FGEE).

Dos años de compleja tramitación

El debate sobre la fiscalidad reducida para las publicaciones electrónicas se abrió por primera vez en el seno de la Unión Europea a mediados de marzo de 2015, cuando los ministros de Cultura de Francia, Alemania, Italia y Polonia exigieron a la Comisión Europea que se introdujeran en el derecho comunitario cuantos cambios fueran necesarios para poder aplicar un IVA reducido a libros, revistas y diarios digitales y respetar así “un principio de neutralidad tecnológica”. La declaración conjunta fue remitida a Bruselas en respuesta a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que obligaba a Francia y Luxemburgo a dar marcha atrás en la reducción impositiva que llevaban aplicando desde 2012 ambos países a los libros electrónicos. El fallo del TJUE obligaba a incrementar el tipo del 5,5% al 20% en suelo galo y del 3% al 17% en el Gran Ducado.

Finalmente, Bruselas decidió recoger el guante y, en diciembre de 2016, puso sobre la mesa del Consejo una propuesta para modificar la directiva sobre el IVA en la Unión Europea en este sentido. Aunque los cambios propuestos son mínimos, el ligero retoque en la redacción de la normativa supone un mundo. Así, frente a la actual directiva, que establece que este tipo reducido se puede aplicar en el “suministro” de “libros en cualquier soporte físico, periódicos y semanarios que no sean material íntegra o predominantemente publicitario”, Bruselas propone que el IVA especial pueda aplicarse al “suministro” de “libros, periódicos y semanarios, siempre que esas publicaciones no sean material íntegra o predominantemente publicitario y las publicaciones no sean materia íntegra o predominantemente contenido musical o vídeo”.

En un primer momento, la tramitación cogió el impulso esperado. Pero, como es habitual en los procesos de reforma legislativa en la Unión Europea, el asunto terminó siendo utilizado para negociar cuestiones en clave nacional. La iniciativa acabó atascándose en medio de un tira y afloja entre Francia y República Checa por otra cuestión diferente. Durante más de un año, Praga ha vetado sin descanso la reforma, condicionando su voto favorable a la aprobación de otra directiva que permitiría la inversión del sujeto pasivo del IVA, lo que en la práctica supondría que sería el consumidor de la mercancía quien debería pagar el impuesto a Hacienda –en la actualidad, dicha responsabilidad recae sobre el proveedor–. Los checos han repetido por activa y por pasiva que es clave para luchar contra el fraude fiscal. Pero Francia y otros socios europeos –Eslovenia y Grecia, por ejemplo– se han mostrado en todo momento reacios a esta inversión del sujeto pasivo al considerar que se desvía del sistema general del IVA en Europa.

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Reducción en manos de los gobiernos nacionales

Inmóvil en su postura, República Checa bloqueó la tan reclamada reducción impositiva para las publicaciones digitales hasta en tres ocasiones. París y Praga han acordado finalmente desenredar la situación dando cada uno su beneplácito a los textos en disputa que vetaban. Con la directiva respaldada por unanimidad, la pelota se situará sobre el tejado los respectivos gobiernos.

En España, el anterior Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy se comprometió, pocos días después de que la Comisión Europea presentara la directiva, a reducir del 21% al 4% el tipo impositivo aplicable a las publicaciones digitales. Ahora, tras la moción de censura, será el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que tenga que mover ficha. Por el momento, la sucesora de De Guindos, Nadia Calviño, no ha despejado todavía la incógnita. “Tenemos dudas, pero ha llegado el momento de cerrar un acuerdo”, aseveró el pasado mes de julio.