El Gobierno amplía la cobertura del bono social en medio de dudas sobre su alcance real

El Gobierno pretende construir una "estrategia nacional contra la pobreza energética" que, según Eurostat, en el año 2016 afectó a casi cinco millones de hogares españoles. Pero mientras se concretan los detalles del plan, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya ha comenzado a adoptar algunas medidas para ofrecer cobertura a los consumidores más vulnerables durante los próximos meses de invierno. Así, el Consejo de Ministros aprobó este viernes un decreto ley que incluye la ampliación de las coberturas del actual bono social eléctrico del Partido Popular que, a partir de ahora, se amplía a las familias monoparentales y a personas en situación de dependencia en el grado II y III. Pero esas no son las únicas novedades.

"El avance es significativo, lo que pasa es que estábamos tan lejos de tener una cobertura social digna que creo que todavía queda mucho camino por recorrer". Es la valoración que hace Jorge Morales de Labra, experto en el sector eléctrico, de las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno en materia energética. Es un paso, pero hacen falta más medidas. 

Las que se han tomado por ahora las concretó este viernes en rueda de prensa la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya anunció el mes pasado en el Congreso de los Diputados que uno de los objetivos del Ministerio era paliar los efectos de la desigualdad económica en materia energética. En este sentido, además de ampliar los colectivos que podrán beneficiarse de la ayuda, el Gobierno eleva un 15% el umbral de consumo que tiene derecho a descuento y se crea un nuevo bono social para calefacción –que consistirá en un cheque directo dirigido a aquellos beneficiarios del bono social–. Son medidas, según Ribera, de urgencia. Dentro de seis meses, la Estrategia Nacional debe estar perfilada. Pero hasta ese momento –aproximadamente en el mes de abril– los consumidores más vulnerables deben estar protegidos. 

Protegidos de lo que advirtió la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado lunes. Según la organización, calentar la casa durante el próximo invierno será un 15% más caro que en el año 2017. En este sentido, 2018 apunta ya a ser el año con los precios más caros desde 1998. Como prueba, la factura de la luz del mes de septiembre, un 45% más cara que hace un año: 71,3 euros por megavatio hora de media. 

Los cortes de luz, más controlados

Ante esta situación, el Gobierno aprobó también la extensión de la medida de prohibir el corte de luz, considerado un suministro esencial. A partir de ahora, en aquellos hogares donde resida al menos un menor de 16 años, una persona con una discapacidad mayor o igual al 33% o una persona dependiente en grado II y III, las compañías eléctricas no podrán cesar el servicio por impago. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono eléctrico que aprobó hace casi un año el PP. 

"Creo que este es uno de los grandes avances", celebra Morales de Labra. "Hasta ahora", recuerda, "para tener vetado el corte de suministro por parte de la compañía eléctrica hacía falta que el ayuntamiento pagara más de la mitad de la cobertura en un plazo de cinco meses. Ahora, además de ese caso, se amplía a otros tres", explica. 

Pero las eléctricas también tienen otras novedades. Según las nuevas medidas aprobadas por el Ejecutivo, las comercializadoras podrán ser multadas con hasta 60 millones de euros si imponen injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes. Además, tampoco podrán realizar acciones de publicidad o contratación a través de visitas domiciliarias.

Las familias monomarentales, nuevas beneficiarias

Además, con el objetivo de que las familias monoparentales puedan acceder al bono social, el Ejecutivo ha establecido criterios de renta específicos para estos colectivos. Especialmente para las familias monomarentales, según especificó Ribera, que añadió que el 85% de los hogares sostenidos por un solo progenitor tiene al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que estas familias puedan acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) –el índice empleado en España como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo– respecto al de las familias biparentales. 

Este criterio, el de renta, es precisamente el que no afecta a las familias numerosas que, como ya ocurría, seguirán pudiendo acceder al bono social independientemente de sus ingresos. No obstante, el objetivo del Ejecutivo es que esto cambie. Así lo dijo Ribera, que aseguró que la Estrategia contra la Pobreza Energética revisaría este punto para que la renta "sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados". 

Es, precisamente, lo que defiende Morales de Labra. Para él, es "básico" que la ayuda dependa de la renta y se acabe, así, con la discriminación positiva de las familias numerosas, que ya fue criticada por Facua-Consumidores en Acción. 

Nuevo bono social térmico

De forma paralela a estas medidas, el Ejecutivo aprobó también la creación de un bono social térmico al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono eléctrico a fecha 31 de diciembre. Se tratará, según explicó el Gobierno, se una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina con independencia del combustible que utilicen. 

El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado y del número de beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre. La cuantía, por su parte, dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario. 

La medida, además de positiva, implanta un sistema de ayuda que, según Morales de Labra, debería extenderse. "Ahora que se ha aprobado el sistema de cheque para la calefacción, yo lo aplicaría a todos los modelos energéticos", explica. Así, "derogaría el bono social actual como descuento en la factura de la luz" y otorgaría una compensación económica directa para que sean las propias familias las que decidan cómo distribuirla. 

Críticas de la oposición y de los consumidores

Pero las medidas no fueron aplaudidas de forma unánime. En este sentido, desde Facua las consideraron "vergonzosas" porque "se resumen en un ínfimo incremento en el reducido número de kilovatios por hora bonificados". 

Ni la ampliación a las familias monoparentales les convence. Así, critican que no se dé acceso al bono social "a familias con bajos ingresos pero que resultan superiores a los pequeñísimos niveles de renta establecidos en el bono social que puso en marcha el Gobierno de Rajoy". "A día de hoy, menos de 700.000 familias han solicitado la renovación del bono, frente a los alrededor de cuatro millones que tenían derecho al anterior, una cifra que ya de por sí resultaba muy baja", añaden. 

Más del 95% de los beneficiarios del bono social aún no había renovado su ayuda antes de marzo

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La OCU, por su parte, si bien no criticó las medidas, que consideran que "van en la buena dirección", sí apuntó a que se quedan "cortas o muy cortas" y que, por tanto, habrá que continuar con los cambios. En comunicado, la organización señala que el objetivo de la normativa es mejorar la situación de las familias en precario, sin embargo, cree que "el efecto es muy limitado". Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, "ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan".

En este mismo sentido se expresó Podemos, que calificó de "tímido avance" la ampliación del bono social. Para la formación morada "se debe ir más allá", y así lo exigirán en la negociación de los Presupuestos. Además, reclamaron revisar la retribución reconocida a las compañías eléctricas para "conseguir una bajada mucho mayor" en la factura de la luz. Así, fuentes de la formación morada explicaron a Europa Press que "la factura se puede reducir mucho más" que el 5% que estima que se puede abaratar el Gobierno con las medidas aprobadas este viernes en el Consejo de Ministros. "Es buena noticia que la factura de la luz baje un 5%, pero se puede conseguir mucho más", aseveraron, avanzando que, por ello, "seguirán presionando al Gobierno".

Pero las voces más críticas llegaron desde el PP. El portavoz adjunto de los conservadores en el Congreso, Guillermo Mariscal, criticó que, ante "una de las facturas eléctricas más grandes de la historia", la ministra Ribera haya aprobado una ampliación del bono social eléctrico como una solución "provisional". "Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una de las facturas eléctricas más grandes de toda la historia, la solución que plantea el Gobierno una solución provisional", dijo.