Las operaciones de chantaje que marcan el historial del comisario Villarejo

Cuenta el detective Francisco Marco, durante años director de la agencia Método 3, que la misma mañana del 7 de junio de 2007, el día en que el traficante de armas sirio Monzer Al Kassar fue detenido en Barajas a instancias de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), el comisario José Villarejo le había aconsejado no viajar a España. Este fue su aviso: "No sé, mi nariz me dice que hay algo que no va bien", escribe Marco en la página 73 de su libro El Método y corroboran con exactitud las actas del proceso que condujo a Al Kassar a una prisión para cumplir 30 años de condena por su intento de vender armas a las FARC colombianas [Puedes leerlo aquí yendo a la página 26 del documento original].

Nadie sabe si, transcurridos 10 años y cinco meses, la nariz de Villarejo le dijo el 3 de noviembre de 2017 que esa jornada, la de su arresto, había de marcar el punto de inflexión definitivo en una dilatadísima trayectoria profesional de más de cuatro décadas donde, a tenor de lo que se va conociendo, el chantaje se solapa una y otra vez con los "servicios al Estado". "Servicios" prestados desde el subsuelo, las alcantarillas, las cloacas o como se quiera llamar a ese pantanoso territorio que investigan ahora la Fiscalía Anticorrupción y el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea.

El magistrado acaba de rechazar otra vez la puesta en libertad del comisario, que se ha negado desde su ingreso en prisión a facilitar las claves que permitan desencriptar los más de 30 terabytes de archivos que le fueron intervenidos. La sospecha de los investigadores –en realidad, certeza– de que Villarejo ha ocultado copias de ese ingente botín informativobotín informativoplanea sobre la escena política como una permanente espada de Damocles. Según el diario El País, el policía jubilado, hoy principal imputado en la denominada Operación Tándem, ha transmitido un mensaje a través de los reclusos con los que comparte rejas en la cárcel madrileña de Estremera: si no recupera la libertad, habrá "traca final" antes de Navidades.

Entre las miles de grabaciones incautadas hay una que vuelve a enlazar hoy los nombres del policía preso y de Al Kassar, que había colaborado con la inteligencia española y cuyo plan con las FARC ignoraba Villarejo, viene a decir la sentencia estadounidense. Y, a modo de confirmación del modelo Villarejo, los enlaza a través del –presunto– chantaje. Entre los archivos requisados tras su detención había un vídeo de contenido sexual grabado en 2007 y protagonizado por el juez de Marbella que en ese momento instruía una querella del empresario sirio contra un rival. Según elespanol.com, ese juez, que ahora ejerce la abogacía, ya ha declarado ante el juez De Egea.  

Aunque aparentemente secundario en las actividades de la organización que, según Anticorrupción, lideraba Villarejo y que durante los últimos 15 años operó "incrustada en puestos de la cúpula del Cuerpo Nacional de Policía", el episodio del exjuez marbellí avala lo que policías y fiscales entienden ya como un axioma indiscutible: que el chantaje es el hilo mugriento y poderoso que hilvana una carrera profesional sostenida bajo los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP. Una carrera en cuya defensa –incluido en el lote las empresas privadas con las que, según los datos disponibles, Villarejo se enriqueció– acaban de enviar sendas cartas al juez De Egea nada menos que sus tres últimos jefes en la Policía, según publicó este jueves el diario El Mundo. 

De Garzón a Corinna

Desde el llamado Informe Véritas, que a mediados de los noventa, y con la investigación judicial sobre el GAL como telón de fondo, intentó destruir al entonces juez Baltasar Garzón con acusaciones falsas como que participaba en orgías o esnifaba cocaína, hasta las revelaciones de Corinna sobre las supuestas cuentas opacas del rey emérito, la acumulación de datos capaces de aniquilar reputaciones o colocar incluso a los espiados en el banquillo de los acusados se constata como la principal herramienta de trabajo del ya jubilado comisario. En una entrevista concedida en 2017 al programa Salvados de La Sexta, Villarejo lanzó una de sus bombas contra políticos. Esta vez, arremetió contra la actual ministra de Defensa: "Margarita Robles me dio la orden para hacer el informe contra Baltasar Garzón"

Entre esos dos extremos temporales, el de Véritas y el de las grabaciones de Corinna, emergen otros dos casos de gran calibre: la denominada Operación Cataluña, destinada a frenar el proceso independentista mediante acciones de espionaje a dirigentes soberanistas y filtración de acusaciones contra ellos a través de medios de comunicación "amigos"; y el caso del ático del expresidente madrileño Ignacio González que forzó su abandono de la vida política dos años antes de que se convirtiera en el principal imputado por graves –y presuntos– delitos de corrupción en el caso Lezo.

La difusión de nuevas grabaciones sobre el almuerzo que en octubre de 2009 reunió a Villarejo y otros mandos policiales de su entorno con Baltasar Garzón y la hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha traído al frente del escenario el uso de prostitutas como técnica privilegiada de chantaje. El audio divulgado por la recién nacida web moncloa.com muestra cómo Villarejo se vanagloriaba, divertido y consciente de que sus palabras quedarían grabadas, de esa técnica de extracción de "información vaginal": "Gente dura, correosa en los consejos de administración, le ponías una chorbita, se la tiraba y (…) y muerto. (...) Además, es que es lo importante y contaban las cosas para que las chicas se sintieran cautivadas. Y claro (….) de verdad, de verdad, fíjate qué cosa tan tonta: era la información vaginal que yo decía. Era una cosa absurda".

Pero, más allá de si determinados audios han sido o no manipulados –la ministra de Justicia asegura que lo está al menos el que le afecta directamente– la existencia del chantaje plantea un problema de enorme dimensión y todavía irresuelto: el de qué hacer con las informaciones de relevancia potencial que Villarejo ha hecho aflorar y cuya obtención parece estar ligada de forma indisoluble al plan de chantaje, tanto si los destinatarios de la extorsión son individuos concretos como, sobre todo, si el misil busca tensionar al propio Estado. A eso se añade un segundo problema: el de discernir dónde acaba la verdad de relevancia pública –y penal– de las grabaciones y dónde comienza la mentira o la manipulación de todos esos informes sonoros y audiovisuales que Villarejo fue almacenando sobre políticos, empresarios, jueces, fiscales y, más que probablemente, también periodistas. 

A punto de cumplirse un año de la detención de Villarejo, esos dos dilemas se condensan en una pregunta aún abierta: ¿en qué se va a traducir la promesa del presidente de que bajo ningún concepto aceptará "ningún chantaje al Estado"? Lo sucedido con las grabaciones de Corinna zu Sayn-Wittgenstein es la punta de lanza de esa incógnita. En los audios, la empresaria sostiene que Juan Carlos de Borbón, con quien durante años mantuvo una amistad íntima, la usó como testaferro, ocultó dinero en Suiza a través de cuentas opacas y con la ayuda de un pariente y cobró comisiones del AVE a la Meca. Todo indica que la grabación –en 2015– y su difusión –o en julio de 2018, a través de elespanol.com y okdiario.com– conforman un chantaje en toda regla urdido desde las llamadas cloacas. ¿Inhabilita eso al Estado para perseguir los eventuales delitos destapados por Corinna?

El juez ha archivado ya esa pieza bajo el argumento de que la ruptura de la relación que les unía desacredita el relato de la lobbista sobre el monarca, argumento que no había esgrimido la Fiscalía. El magistrado dictó el archivo sin tomar declaración a Corinna y sin que Hacienda hiciera otra cosa que certificar que en sus bases de datos no consta que el rey emérito tenga declarada ninguna cuenta en el extranjero. Anticorrupción ha anunciado que, no obstante, investigará fuera de la Operación Tándem lo relativo a las supuestas comisiones del AVE.

Los investigadores no descartan que el padre de Felipe VI pudiera terminar quedando dentro del perímetro de esa investigación si surgieran indicios no ya de corrupción en las transacciones internacionales sino de un blanqueo de capitales posterior a su abdicación, aunque, a tenor de lo que sostienen las fuentes consultadas por este periódico, esa hipótesis se presenta a día de hoy solo como un futurible lejano e improbable.

La extorsión como coartada 

A menor escala, sucede otro tanto con lo ocurrido con dos clanes políticos de envergadura: el de los Pujol y el del expresidente madrileño Ignacio González, que ya estaban sido investigados desde mucho antes de la detención de Villarejo. Pero en ambos casos, los investigados enarbolan la –presunta– ilegalidad de la actuación de Villarejo en su intento por dinamitar la instrucción judicial.

Villarejo ya ha admitido ante un juez durante la instrucción del caso del pequeño Nicolás, su participación en la Operación Cataluña, en la que se inscriben dos pasajes sustanciales: el primero, la elaboración, a finales de 2012, del primer informe o "borrador" de la UDEF sobre los millonarios manejos –presuntamente– ilegales de la familia del expresidente catalán y la demoledora y subsiguiente denuncia de Victoria Álvarez, la exnovia de Jordi Pujol hijo que destapó buena parte de la operativa de blanqueo;  el segundo pasaje conectado a la Operación Cataluña no es otro que la grabación de 2014 que certificó cómo Jorge Fernández Díaz y Daniel Alfonso, entonces ministro del Interior y jefe de la Oficina Antifrau de Cataluña respectivamente, conspiraban para llevar a los tribunales a políticos independentistas. 

En lo que respecta a Ignacio González, la pauta es similar. Como hacía con amigos y enemigos, Villarejo grabó la conversación en la que, en noviembre de 2011, él mismo y su entonces aliado, el también comisario Enrique García Castaño, El Gordo, le contaron a Ignacio González que un implicado en el caso Gürtel había revelado que el ático del que el político y su mujer disfrutaban en Estepona era en realidad una comisión ilegal en especie. González, todavía vicepresidente de la Comunidad de Madrid en el Gobierno de Esperanza Aguirre, dio la siguiente respuesta: "Ya, el tema es que si sale... eso es lo que yo no quiero".

Uno de los hijos del expresidente catalán, Josep, le escribió en mayo a Villarejo una carta en la que le pedía que desvelase quién le encargó la Operación Cataluña. El comisario ni contestó.

Ignacio González optó por otra táctica, pero igualmente destinada a minar la investigación sobre su ático y evitar que se una a la Operación Lezo: esgrimir que ha sido víctima de una extorsión y que la causa abierta sobre el ático tras la denuncia del sindicato mayoritario de la Policía, el SUP, está viciada en su origen. En junio, sus abogados remitieron un escrito a la Audiencia de Málaga en el que subrayan lo siguiente: que la grabación de 2011 –publicó vozpopuli.com– se hizo "sin autorización judicial" y que fue "manipulada" y "cortada".

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Ahora, y otra vez con Garzón como destinatario del ataque, una grabación más de las difundidas por moncloa.com ha animado a condenados del caso Gürtel a emplear la misma estrategia: tanto la defensa de Pablo Crespo como la del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega se proponen interponer una querella contra el exjuez bajo el argumento de que en uno de los audios se oye a Villarejo decir que se reunió con él el día antes de que ordenase abrir las diligencias de lo que luego fue conocido como el caso Gürtel.

Su objetivo, como el de los Pujol y el de Ignacio González, lograr que el caso quede sepultado gracias a la ristra de ilegalidades y extorsiones que –presuntamente– perpetró durante años el comisario Villarejo. Al menos en lo que respecta a Gürtel, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico creen remota la posibilidad de que el Supremo anule la causa.