Las ayudas para formar a trabajadores duplican su importe al incorporar parte de los fondos no gastados desde 2015

El Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal negocian la convocatoria de 2018 de ayudas públicas para impartir cursos de formación a ocupados. Serán 400 millones de euros, de los cuales 350 millones se concederán como subvenciones y los restantes 50 millones se licitarán en concurso público, según ha confirmado el departamento que encabeza Magdalena Valerio. El importe duplica así las cantidades asignadas en las convocatorias anteriores: 181,35 en 2014 y 239,43 millones en 2016, tal y como consta en la liquidación del presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En 2015 y 2017 no hubo convocatorias.

Es la primera vez que se reutilizan los fondos no gastados procedentes de la cuota de formación –0,7%– que aportan cada mes empresarios y trabajadores y que, acumulados desde 2015, suman 1.504 millones hasta 2017. Con el dinero no ejecutado del ejercicio aún en curso, la cifra puede aumentar aún en otros 500 millones de euros. También será la primera vez que una convocatoria estatal para ocupados reparte ayudas mediante concurso público. Los 400 millones de euros ya aparecían en los Presupuestos que dejó elaborados el PP antes de salir del Gobierno y el Ejecutivo del PSOE los ha mantenido.

Desde que el Gobierno aprobó con un decreto urgente la Ley 30/2015, el sistema de formación para el empleo quedó al borde de la parálisis. No sólo hubo dos años sin convocatoria de subvenciones, sino que además sindicatos y patronal impugnaron la de 2016 ante la Audiencia Nacional, tras ser apeados del órgano de gestión de los cursos. Los cambios que implantó la reforma del sistema han hecho desistir a muchas de empresas de solicitar subvenciones y otras que lo hicieron terminaron desistiendo y devolviendo los importes recibidos. Se quejan del excesivo rigor de los controles impuestos –que les obligan a destinar a la gestión hasta el 60% del dinero– y de que, en realidad, están financiando al Ministerio de Trabajo porque no se les liquida el total de la subvención hasta que concluye su justificación, un trámite que puede demorarse dos años.

En consecuencia, hasta el pasado 30 de septiembre no se había ejecutado más que el 15,1% de los 239,43 millones consignados para esta partida en la última convocatoria, la de 2016, de acuerdo con la información publicada por el SEPE. “Ha sido la peor en los 25 años de historia del sistema de formación para el empleo”, critica sin ambages el director de Formación de la CEOE, Juan Carlos Tejeda.

La reforma de la formación, en espera

Los agentes sociales y el Gobierno intentan ahora diseñar una nueva convocatoria que intente subsanar los errores de la anterior. “Pero el problema es la ley”, coinciden los responsables de Formación de UGT, Sebastián Pacheco, y de CCOO, Lola Santillana. Pese a que tanto los sindicatos como la CEOE querrían derogarla, o al menos hacer cambios sustantivos en ella, se resignan a esperar. “No acompañan los tiempos parlamentarios”, admite Pacheco. Y antes de la reforma de la formación en la lista de prioridades del Gobierno están la reforma laboral o las pensiones, concede Santillana.

De forma que empresarios, sindicatos y Ejecutivo están utilizando como base de negociación la convocatoria de ayudas para cursos en competencias digitales (TIC), 50,4 millones de euros aprobados el pasado mes de mayo, para diseñar el esquema de subvenciones de cursos estatal de 2018. Esa convocatoria incluía 10 millones de euros que deberán licitarse en concurso público. Sin embargo, aún no se ha puesto en marcha. No hay ni pliegos ni mesa de contratación. Tanto esta partida como los 50 millones previstos en el esquema estatal para ocupados son un “experimento”, aseguran las partes, para salir del rígido régimen de las subvenciones. “Es un camino que hay que explorar”, reclama Juan Carlos Tejeda. Sebastián Pacheco apunta que las subvenciones sólo valen para impartir la formación “generalista, la más sencilla”, pero no para cursos especializados y de alta cualificación, como los de competencias digitales aprobados en mayo.

Más flexibilidad, o no

A falta de una nueva ley, los cambios deberían introducirse en la propia convocatoria y en el reglamento que la desarrolló, un decreto que Sebastián Pacheco considera “nefasto hasta la última coma” y que, a su juicio, endureció una norma ya de por sí “muy reglamentista”. De hecho, el ministerio ha presentado a los agentes sociales tres borradores de órdenes ministeriales para desarrollar el reglamento que modifican el catálogo de especialidades normativas, el registro estatal de centros y las bases para conceder las subvenciones. Uno de los cambios se refiere a los módulos económicos con que se quiere ahora simplificar la justificación de las subvenciones. El problema es que “no va a dar tiempo” a modificarlos, lamenta Juan Carlos Tejeda, porque requieren unos estudios previos de mercado que no se han hecho. Esos módulos reducirían la burocracia y los gastos de gestión de los cursos, porque evitarían a los centros de formación tener que aportar la enorme cantidad de documentación –“hasta el último ticket del taxi”, protesta Tejeda– que ahora se les exige.

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La CEOE reclama pues más “flexibilidad” para las próximas convocatorias de ayudas. Pero CCOO, en cambio, cree que “suavizar las obligaciones” de los beneficiarios de las subvenciones como pretende la nueva orden ministerial, estableciendo umbrales de inejecución más altos que los actuales equivale a permitir “una administración ineficiente de recursos públicos”. El borrador de Trabajo reduce el porcentaje de ejecución del curso, del 35% al 25%, por debajo del cual el centro debe devolver la subvención. Es decir, “se permite una falta de ejecución de hasta el 75% sin coste ningún para el beneficiario”, reprocha.

El sindicato también critica que se pretenda ampliar el concepto de “modalidad presencial” a cursos que no requieren presencia física y sólo se apoyan en medios telemáticos y que se creen “aulas virtuales” donde los participantes ni siquiera están físicamente en el mismo espacio. “Es una convocatoria enfocada a facilitar a los centros de formación el acceso a las ayudas”, lamenta CCOO, mientras por el contrario se reduce la participación de los colectivos prioritarios que deben recibir los cursos.

Juan Carlos Tejeda alaba el esquema de ayudas para cursos TIC que está sirviendo de base para la convocatoria estatal de cursos para ocupados: “Las peticiones de subvenciones alcanzan los 164 millones de euros, triplican los 50 millones ofertados”, destaca, “por tanto la convocatoria ha sido mucho más atractiva”. Pero UGT y CCOO no dejan de señalar que también tiene sus fallos. Lola Santillana explica que los centros de formación han optado mayoritariamente por proyectos “muy transversales” y están obviando los más técnicos, limitadas las empresas por su escasa capacidad para impartir formación del más alto nivel.