El fiasco de las subvenciones públicas que no impiden la fuga de las multinacionales

Es la tercera vez que la multinacional estadounidense Alcoa amenaza con despidos y el cierre. Ya lo hizo en 2014, cuando presentó un despido colectivo para 800 trabajadores en las factorías que ahora quiere liquidar, A Coruña y Avilés (Asturias), tras conseguir 40 millones euros menos de los esperados en la subasta de interrumpibilidad que cada año organiza el Ministerio de Industria. Tras una segunda puja en la que se repartieron 200 millones de euros adicionales, Alcoa retiró el Expediente de Regulación de Empleo (ERE). La subasta es un mecanismo que permite a Red Eléctrica Española pedir a las grandes industrias que consuman menos luz en momentos de aumento de la demanda, a cambio de una compensación económica. Un sistema que comparten otros países europeos y que la multinacional no considera una subvención encubierta.

En 2016, la compañía de Pittsburgh anunció la venta de esas mismas dos factorías. En esta ocasión, justo antes de celebrarse la subasta. Ese año consiguió otros 100 millones de euros. Desde 2013, Alcoa suma 822 millones de euros públicos como compensación eléctrica: 190 millones el año que más recibió, 2013, y 90 millones el que menos, el ejercicio en curso. Aun así, uno de los motivos que la multinacional aduce para cerrar en Áviles y A Coruña es el elevado coste de la energía, además de problemas productivos y tecnológicos, el precio de las materias primas y la competencia china. Según ha explicado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, Alcoa se ha beneficiado sistemáticamente de un 30% de la potencia eléctrica interrumpible subastada en España durante la última década.

El movimiento de Alcoa recuerda al de otra multinacional, la danesa Vestas, que hace sólo unas semanas echaba el cierre a su factoría de Villadangos del Páramo (León), tras despedir a 360 trabajadores. Instalada en la comarca leonesa en 2005, la compañía alega que uno de los tres modelos de aerogeneradores que fabricaba en León está obsoleto y que otro casi ya no tiene demanda en Europa. Pero en sus 13 años en Villadangos Vestas recibió 13,5 millones de euros en ayudas comunitarias gestionadas a través de la Administración castellanoleonesa y el Gobierno central. Entre ellas, 12,2 millones en incentivos regionales por una inversión prometida de casi 50 millones de euros que finalmente se redujeron a 33,2 millones en 2013. Y 1,25 millones más para proyectos de I+D. El fabricante danés hizo su anuncio de cierre en julio, sólo un mes después de que expirase el plazo para no tener que devolver el importe íntegro de las ayudas. En esa fecha también puso el candado en otra de sus plantas, la de Vilafranca del Penedés (Barcelona) y despidió a sus 44 trabajadores.

El caso es que el Gobierno se ha apresurado a prometer “medidas de política industrial” para reactivar la comarca leonesa –donde Vestas era la única industria y donde peligran unos 2.000 empleos indirectos tras su marcha– “en pro de un desarrollo económico sostenible”. Es decir, más incentivos públicos. El Ejecutivo asegura que ya está negociando con un inversor interesado.

De la robótica al automóvil

Multinacionales atraídas por generosas subvenciones públicas que abandonan el país más tarde o más temprano sin mirar atrás es una historia harto conocida. Y que no deja de repetirse. El pasado mes de mayo Loxin, una empresa dedicada a la robótica para el sector aeronáutico, anunciaba el despido de 40 de sus 64 trabajadores en Esquíroz (Navarra). Loxin es una firma local, pero fue adquirida en 2011 por una compañía catalana, Aritex, propiedad del grupo chino Avic International desde 2016. Uno de sus principales clientes es Airbus. Alta tecnología, trabajadores con la máxima cualificación. Según el sindicato ELA, Loxin recibió casi cinco millones de euros en subvenciones públicas, una cifra que incluye préstamos avalados por el Gobierno navarro. La plantilla dice que su carga de trabajo se ha desviado a otras plantas de la multinacional y a subcontratas.

El pasado martes, Cemex comunicó a sus trabajadores que clausura dos de las siete fábricas que tiene en España, las de Gádor (Almería) y Lloseta (Baleares). Unas 240 personas –del millar que componen la plantilla española de la multinacional mexicana– ven amenazados sus puestos de trabajo. Cemex, aterrizada en España en 1992, llegó a tener 3.000 empleados. El derrumbe de la construcción lo superó la cementera con un ERE de extinción en 2012, además de con despidos individuales, la externalización de servicios y otro ERE en 2013 en el que se recortaron los salarios un 25% y se suprimieron buena parte de los beneficios sociales de la plantilla. Todo lo necesario antes de cerrar ninguna planta, subraya el presidente de su comité de empresa, José Lafuente, de CCOO. Ahora, Cemex añade a la mala situación del sector cementero el fin en 2020 de la regulación europea sobre los derechos de emisión de dióxido de carbono como causa del cierre de Gádor y Lloseta. En efecto, precisa, Lafuente, el mercado español se hundió desde un consumo de 57 millones de toneladas de cemento anuales a sólo 12 millones. “Pero la perspectiva de futuro es que se estabilice en 18 millones”, opone. Por lo que cree que existen “alternativas” a la clausura de las dos factorías.

El mercado de CO es otro tema. Las grandes empresas se han beneficiado hasta ahora de los cupos de emisiones gratuitos concedidos por los gobiernos europeos. Al sustituir los combustibles fósiles por otros no contaminantes, las compañías venden sus cupos. Una fuente de ingresos que se acaba dentro de dos años. El precio de la tonelada de CO cayó de 22 euros a cinco euros en 2017, pero este año ha vuelto a encaramarse en los 21.

En 2007 Cemex recibió una subvención de seis millones de euros del Plan del Carbón para levantar una planta cementera en Andorra (Teruel). En 2015 empezó a devolver las ayudas, una vez que el hundimiento del mercado del cemento hizo desistir a la multinacional de ponerla siquiera en funcionamiento. También con dinero público, en este caso de la UE, ha restaurado dos canteras en Tarragona. En 2013 cobró 810.000 euros del Proyecto Life para recuperar el paisaje en un espacio de 20 hectáreas del que extraía arcilla.

Igualmente hace escasos días la automovilística Ford sembraba el miedo en sus plantas europeas al anunciar una “restructuración” de la que apenas ha dado detalles, pero que incluirá “decisiones difíciles y duras”. Los sindicatos ya han traducido la medida como recortes de producción y de empleo. Carlos Faubel, secretario general de la sección sindical de UGT en la factoría de Almussafes, tiene la vista puesta en la huida de General Motors de Europa el año pasado. En abril vendió Opel y Vauxhall a PSA Citroën por 1.997 millones de euros, tras perder 226 millones en 2016. Ahora es Ford la que quiere cambiar su negocio europeo. En Valencia da trabajo a 7.800 personas. Faubel dice que será el primer disgusto desde que en 2012 aumentó la producción en Almussafes y se duplicó la plantilla. Pero en la factoría no sabrán con qué intensidad les afectará hasta que el 15 de noviembre el comité de empresa europea se reúna con la dirección de la multinacional en Colonia (Alemania).

Desde que Ford se instaló en Valencia en 1976, la lluvia de subvenciones públicas percibidas por el gigante de EEUU apabulla. Bruselas aprobó ayudas para la fábrica española por importe de 52 millones de euros en 2008 y 23 millones más en 2010. Cuando un año más tarde el presidente de Ford Europa, Stephen Odell, y el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, publicitaron “la mayor inversión de la historia en la industria de la automoción en España”, de los 812 millones de euros que la multinacional se comprometía a destinar a Almussafes, 89 millones de euros correspondían a ayudas públicas. En 2014 percibió del Gobierno como incentivos regionales 22,45 millones de euros para ampliar la producción. En 2016, el Ejecutivo valenciano le concedió nueve millones de euros para proyectos de I+D+i. Y el pasado mes de septiembre aprobó un millón de euros para un proyecto sobre vehículos eléctricos y otros tres millones para un proyecto de inversiones sostenibles en la fabricación del Ford Kuga.

Cinco multinacionales para una fábrica

Un buen ejemplo de que, además de cara, la política de apoyo a las multinacionales es fuente inagotable de decepciones se comprueba con la historia de la factoría de generadores eléctricos de Ortuella (Bizkaia). En julio de 2017 General Electric anunció su cierre, tan sólo año y medio después de habérsela comprado a la francesa Alstom. Una plantilla de 147 trabajadores se quedó en la calle. “A los seis meses [de que llegara General Electric] ya empezamos a ver que iban a cerrar”, asegura un antiguo empleado de la fábrica. Los sindicatos denunciaron entonces que la intención de la multinacional estadounidense era deslocalizar la producción en China e India. El extrabajador, que prefiere no hacer público su nombre, explica que ahora su producción la llevan a cabo sus competidores en el mismo Bilbao, a los que General Electric les compra el generador terminado.

Pero los avatares de Ortuella habían comenzado en realidad mucho antes. En 1971 General Electric abrió una fábrica en la margen izquierda del Nervión, la zona industrial de Bilbao. Entonces eran 7.000 trabajadores los que montaban los generadores eléctricos. La empresa suspendió pagos en 1984 y fue adquirida por Conelec, parte del grupo Cenemesa. Arbobyl Limited, una firma británica especializada en rescatar compañías en crisis compró Cenemesa en 1993 por el precio simbólico de una peseta la acción. Entre sus ocho plantas repartidas por España, dos se encontraban en la margen izquierda: una en Galindo y otra en Trápaga. Todas ellas pasaron luego a manos de otra multinacional, la suiza Asea-Brown Boveri (ABB), que fue adquirida por Alstom a partir de 1999. Fue la compañía francesa la que comenzó en 2015 a construir la fábrica de Ortuella, en unos terrenos de 10.000 metros cuadrados que fueron cedidos por la Diputación Foral de Bizkaia, recuerda el extrabajador.

El largo camino recorrido por esta instalación industrial de primera línea fue regado con abundante dinero público. Cenemesa no pudo presentar al Ministerio de Industria un plan de restructuración en 1990, pero tres años antes el Gobierno ya le había aprobado un paquete de ayudas extraordinario para sufragar los costes de un recorte de plantilla de 1.612 trabajadores, gracias a las subvenciones en vigor para la reconversión industrial. Fue entonces cuando ABB compró por 7.000 millones de pesetas –42,1 millones de euros– el grupo Cenemesa. Como resultado de las negociaciones entre ABB y el Gobierno, éste terminó condonándole una deuda por importe de 35.910 millones de pesetas –215,82 millones de euros– que mantenía con la Seguridad Social, las haciendas autonómicas, el Tesoro Público y el Banco de Crédito Industrial. También pagó el Estado las indemnizaciones a 1.666 trabajadores que se jubilaron anticipadamente. Tras denunciar estas ayudas un competidor, la Comisión Europea las consideró en 1993 ilegales pero compatibles con el mercado común porque “no falseaban la competencia”.

Después fue Alstom la que recibió del Gobierno Vasco 645.000 euros del programa Indartu, que destinó en 2016 ocho millones de euros a subvencionar empresas que invirtieran en generar empleo en la Margen Izquierda. La compañía francesa se comprometía a crear 40 puestos de trabajo con una inversión total de 6,45 millones de euros. Pero en ese mismo de enero en que se le concedió la ayuda también vendió la fábrica de Ortuella a General Electric. “Alstom nos trató muy mal”, se queja el veterano trabajador. “Nosotros éramos más baratos que los franceses”, recuerda, “pero cuando vi lo que pagaban en sus fábricas de Polonia…”. Allí estuvo él enseñando a los trabajadores polacos lo que hacían los españoles en Bilbao. “Lo que importa es la tecnología, que es muy fácil de mover”. Después, General Electric “no invirtió ni un euro” en Ortuella, critica, pese a que la operación por la que la multinacional estadounidense compró los negocios de energía y redes de la francesa en 2015 por 9.700 millones de euros fue considerada la “compra industrial más importante de la historia”: necesitó la aprobación de las autoridades de la competencia de una veintena de países, desde la UE y EEUU hasta Japón, India y China.

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El extrabajador con quien ha hablado infoLibre no sabe cuánto dinero aportó el Gobierno vasco para que General Electric comprara la factoría de Ortuella. “Durante las negociaciones que precedieron al cierre”, se queja, “le preguntamos al Gobierno vasco por las subvenciones, pero nunca nos dieron una cifra, sólo nos contestaban que ‘estaba todo devuelto”. Pero asegura que tanto la empresa que construyó y era dueña del inmueble, Toro y Betolaza, como la multinacional recibieron dinero por crear la infraestructura. Dice que General Electric pagaba un millón de euros al año por el alquiler de la instalación.

Hace sólo un mes se supo que otra gran empresa, aunque esta vez española, ha adquirido la planta de Ortuella. Ingeteam tiene previsto reanudar la producción en enero de 2019, tras contratar a un número aún por determinar de los trabajadores despedidos por General Electric. No serán muchos: prevé funcionar con sólo 50 empleados, la tercera parte de los que tenía con General Electric. La propia empresa ha hecho público que la inversión ha sido posible gracias al “apoyo” del Ayuntamiento de Ortuella, la Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI), la Diputación de Bizkaia y el Departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco, sin concretar cifras.

“Hemos visto morir Altos Hornos y muchas grandes empresas, La Naval es la última”, lamenta el extrabajador de Ortuella refiriéndose al histórico astillero de Bilbao, que se ha declarado en concurso de acreedores y despedirá a sus 180 trabajadores tras sumar pérdidas de 95 millones de euros en 2015 y 2016. El que fue astillero público hasta 2006 recibió, sólo el año pasado, 5,5 millones de euros en subvenciones.