La apertura de juicio oral por el 'procés' condiciona los Presupuestos al obligar a la Fiscalía a pronunciarse sobre la rebelión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha decidido no ordenar ninguna de las más de 300 diligencias que pedían las defensas de los acusados del procés, lo que hubiera retrasado la tramitación de la causa, y ha activado la maquinaria del juicio oral contra 18 acusados de cometer delitos relacionados con la convocatoria del referéndum del 1 de octubre y la posterior declaración unilateral de independencia de la que se este sábado se cumplirá el primer aniversario.

La decisión no es neutral en términos políticos porque va a obligar a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado a decidir si acusan de rebelión a los nueve dirigentes independentistas a los que el juez instructor Pablo Llarena imputó el delito de alzamiento público y violento para declarar la independencia de Cataluña.

Y de ese pronunciamiento depende el futuro del proyecto de Presupuestos para 2019 que el Gobierno, de acuerdo con Podemos, quiere sacar adelante en el Congreso de los Diputados, porque tanto Esquerra Republicana como el PDeCAT condicionan su apoyo a que el Ministerio Público no respalde la acusación de rebelión, la más grave a la que se enfrentan los acusados.

Tanto la Fiscalía, que dirige María José Segarra, como la Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, tienen hasta el viernes 2 de noviembre para comunicar a la Sala de lo Penal del Supremo si mantienen su criterio y van a acusar a los imputados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

El relevo de Mariano Rajoy por Pedro Sánchez al frente del Gobierno no ha afectado, de momento, a la posición de ambos órganos en este asunto. La Fiscalía, ya bajo la responsabilidad de Segarra, mostró el 3 de agosto su conformidad con el auto de procesamiento, que imputa a los acusados por tres delitos. Y la Abogacía hizo lo mismo tres días después en un escrito que apoyaba “la apertura de juicio oral por la presunta comisión de delitos de rebelión, de desobediencia y de malversación de caudales públicos”.

Fuentes del Ministerio Público aseguraron este jueves que es “bastante probable” que la Fiscalía apure los plazos concedidos, pudiendo incluso llegar al último día. En el mismo sentido, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, afirmó que las calificaciones de ambos órganos del Estado se están redactando todavía, de manera que no se puede anticipar si confirmarán o no la acusación de rebelión.

En cualquier caso, y saliendo al paso de las voces que especulan con un cambio de posición de ambos órganos del Estado, Calvo se esforzó, en una entrevista emitida por Onda Cero, en subrayar que aunque la Fiscalía o la Abogacía opten por no acusar del delito de rebelión eso no supondrá ningún “cambio” de postura.

No lo será, subrayó, porque hasta ahora “no había ninguna calificación todavía” de los hechos, más allá de haber mostrado su conformidad con el auto de procesamiento. Por esa razón, insistió, cualquiera que sea el “pronunciamiento que hagan la Fiscalía y la Abogacía” no supondrá un “cambio: serán las primeras (calificaciones) que conozcamos todo el mundo, incluido también el propio Gobierno”. “Desconozco” por dónde van a ir las acusaciones pero sean cuales sean, repitió, “no va a haber ningún cambio” porque hasta ahora “no ha habido calificaciones provisionales”.

Fuentes próximas a la defensa de los acusados confirmaron a infoLibre la tesis de la vicepresidenta: la que está por venir será la primera calificación de los hechos que emitan la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Otras fuentes judiciales aventuran, no obstante. que el Ministerio Público, después de las posiciones que ha ido manteniendo durante el ultimo año, muy en sintonía con el instructor, Pablo Llarena, tiene muy difícil cambiar de posición en esta fase. Eso sí, creen que, al final de la vista oral, es muy probable que pase a acusar a los dirigentes independentistas de “conspiración para la rebelión”, mucho menos grave que la “rebelión”.

La clave de los Presupuestos

La posición de la Fiscalía se ha convertido en la clave para que Sánchez pueda sacar adelante sus Presupuestos, desde que los independentistas pusieron como condición que no acuse de rebelión. El Gobierno necesita el respaldo total o parcial de los 17 diputados independentistas en el Congreso (nueve de Esquerra, ocho del PDeCAT), porque el control que el PP tiene del Senado le obliga a conseguir mayoría absoluta en la Cámara baja. Sánchez y Podemos creen que pueden conseguir el respaldo del PNV (cinco votos), de Compromís (cuatro) y del único diputado de Nueva Canarias, pero no son suficientes.

La apertura del juicio oral anunciada el jueves afecta exclusivamente a los 18 acusados que no han huido al extranjero. Los demás —Carles Puigdmeont, Toni Comín, Clara Ponsartí, Marta Rovira, Lluís Puig, Anna Gabriel y Meritxell Serret—, contra los que no hay orden de detención internacional en estos momentos pero sí dentro de territorio español, han quedado a expensas de una pieza separada.

El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, es el procesado de mayor rango de cuantos se enfrentan a las acusaciones más graves. Junto a los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa —todos en prisión desde hace casi un año—, el juez instructor le considera autor de un delito de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel, y otro de malversación, que puede sumar otros seis.

También están en la cárcel acusados de rebelión —pero no de malversación— la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los que hace un año lideraban las organizaciones sociales Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

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Otros tres exconsellers, Mertixel Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila —los tres en libertad provisional— están acusados de malversación y desobediencia, pero no de rebelión.

Los otros seis acusados, también en libertad a la espera de juicio, lo son exclusivamente por el delito de desobediencia, que por sí mismo sólo les expone a penas de inhabilitación. Se trata de Lluís María Corominas, Lluís Guinó, Anna Isabel Simó, Ramona Barrufet, Joan Josep Nuet —los cuatro formaban parte de la Mesa cuando el Parlament desobedeció al Constitucional— y Mireia Boya, entonces portavoz de la CUP en la Cámara catalana.

El auto de apertura del juicio oral, que según algunos medios podría comenzar antes de fin de año, lleva la firma del presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena. Él estará al mando de la vista, acompañado por otros seis magistrados: Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Andrés Palomo y Ana Ferrer.