El Gobierno lleva desde 2011 sin actualizar el portal oficial de memoria histórica

Las víctimas del franquismo nunca fueron una prioridad para Mariano Rajoy. En febrero de 2008, a pocos meses de las elecciones generales que dieron la segunda legislatura al socialista José Luis Rodríguez Zapatero, el entonces presidente del PP dejó bien clara su intención, si llegaba a la Moncloa, de retocar la Ley de Memoria Histórica para no generar “tensión ni división” entre los españoles. Sin embargo, tuvo que esperarse hasta 2011 para poder empezar a desmantelar lo que en su momento definió como un “circo político” que buscaba “enfrentar a los unos con los otros”. Con su desembarco en el Ejecutivo, se empezaron a recortar hasta dejar a cero los fondos que la Administración socialista había destinado a la aplicación de la normativa. Un ninguneo que llegó incluso hasta la página web oficial que se puso en marcha tras la aprobación de la ley para informar sobre las distintas líneas de trabajo en materia memorialista, un portal que lleva siete años sin actualizarse.

“La última actualización se produjo en el año 2011”, señaló el pasado 10 de octubre el Ejecutivo de Pedro Sánchez en respuesta a una pregunta del diputado de Unidos Podemos Juanma del Olmo. En el escrito, además, se aseguró que “es propósito” tanto del Ministerio de Justicia como de la recién creada Dirección General de Memoria Histórica poner al día “la información publicada en internet” a través de “una actualización integral” de la página web. Hasta que fue paralizado hace siete años con la llegada del PP a la Moncloa, el portal había servido a los internautas para poder “encontrar toda la información” sobre las diferentes líneas de trabajo que estaba poniendo en marcha el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para, tal y como marcaba la normativa, “hacer efectivos los nuevos derechos reconocidos a las víctimas, contribuir a cerrar heridas y eliminar cualquier elemento de división entre los ciudadanos”.

La página web, que echó a andar en mayo de 2011 con un primer volcado de información y que está alojada en el Ministerio de la Presidencia, se presenta dividida en siete pestañas diferentes. La más interesante, por la importancia que tiene, es el mapa interactivo de fosas comunes, una herramienta pensada para estar en constante actualización pero que ha caído olvido. Además, ofrece detalles sobre la consulta de archivos de la Guerra Civil, la dictadura o el exilio –enlaces que en la actualidad no funcionan– y sobre la retirada de vestigios en los edificios de la Administración General del Estado y en dependencias militares, así como datos sobre los fallecidos españoles en campos de concentración nazis y un censo de restos mortales depositados en el Valle de los Caídos. En el portal también se publicitaban todas aquellas convocatorias de subvenciones públicas destinadas a la localización y exhumación.

Pasos del Gobierno socialista

Del Olmo se había interesado, en una pregunta remitida al Gobierno el pasado 30 de mayo, por cuándo estaba previsto poner al día la página oficial para cumplir con la Ley de Transparencia, que en su artículo 5.1 establece que la Administración General del Estado tiene que publicar “de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública”. Entonces, el presidente era Mariano Rajoy. Sin embargo, la respuesta a ha llegado desde el Gobierno de Pedro Sánchez, que por lo general rechaza contestar cuestiones que se le plantearan en su momento al Ejecutivo conservador. Es lo que hizo, por ejemplo, a comienzos de octubre con una pregunta sobre la requisa de camisetas amarillas el pasado mes de abril antes de la final de la Copa del Rey.

La memoria histórica se ha convertido en uno de los pilares del proyecto político de Pedro Sánchez desde que se instaló en la Moncloa tras la moción de censura. La principal medida en esta materia, por su fuerte valor simbólico, ha sido decretar la exhumación y el traslado de los restos de Franco del Valle de los Caídos el pasado mes de agosto, un movimiento que ahora se le ha complicado por la intención de los nietos del dictador de inhumar el cuerpo en la tumba que la familia tiene en la cripta de la Catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid. Además, la ministra de Defensa, Margarita Robles, rubricó a finales de septiembre una resolución en la que se autoriza “con carácter general” la consulta pública de gran parte de la documentación anterior a 1968 que alberga el Archivo General Militar de Ávila. Entre el resto de proyectos que tiene en su agenda memorialista el nuevo Ejecutivo destaca también la puesta en marcha de una Comisión de la Verdad.

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Cuatro años antes de llegar a la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy ya dejó constancia de cuáles eran sus intenciones en materia de memoria histórica durante una entrevista concedida al diario 20 Minutos: “Eliminaría todos aquellos artículos de la Ley que hablan de dar dinero público para recuperar el pasado”. Una promesa que cumplió en solo dos años. En 2011, el Gobierno socialista destinó 6,2 millones de euros a reparar la memoria de los represaliados. Sin embargo, la llegada del PP al Ejecutivo puso punto y final a estos desembolsos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2012, la partida descendió hasta los 2,5 millones de euros, una reducción del 60% respecto al año anterior. Y en 2013, las ayudas desaparecieron por completo, lo que supuso una derogación de facto de la Ley de Memoria Histórica. Así, las asociaciones memorialistas quedaron desamparadas económicamente en la búsqueda y exhumación de las víctimas.

Tanto el anterior Ejecutivo como el propio Rajoy se han jactado en más de una ocasión de haber vaciado de contenido la normativa con la retirada de los fondos. Durante la etapa del PP al frente del Gobierno, el desprecio por los represaliados durante la Guerra Civil y la dictadura ha sido absoluto. De poco han servido los continuos varapalos que Naciones Unidas le ha dado al Ejecutivo conservador desde 2014 por este asunto. El último llegó en septiembre de 2017, cuando el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (ACNUDH) de la ONU hizo público un informe sobre España en el que mostraba su preocupación al constatar que “no han sido plenamente implementadas” la mayoría de las “recomendaciones fundamentales” que el grupo puso en su día sobre la mesa para que las familias de las víctimas puedan “tener acceso a la verdad, a la justicia y a reparaciones”. “Están librados a su propia suerte”, lamentaban.

La salida de Mariano Rajoy de la Presidencia del PP tampoco ha supuesto un giro en la línea seguida por la formación conservadora en esta materia. El nuevo líder del partido, Pablo Casado, que en su momento fue muy criticado por unas palabras que pronunció en 2008 durante un mitin en Madrid –“[Los de izquierdas] son unos carcas, (…) todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién”–, abrió el nuevo curso político proponiendo la derogación de la Ley de Memoria Histórica para sustituirla por una “ley de concordia” que permita “derogar” la “reescritura sectaria de la historia” que, a su juicio, hace la izquierda y los nacionalistas. Así, durante un acto en Ávila el pasado mes de septiembre, el líder de los conservadores dejó claro que no piensa consentir que “se muerda el anzuelo de debatir sobre qué pasado hay que desenterrar”.