Las limitaciones del Parlament de Cataluña para investigar el fracasado proyecto Castor

Casi un año después de que el Tribunal Constitucional declarase ilegal la decisión del Gobierno de Rajoy de aprobar mediante decreto el pago de una indemnización de 1.350 millones a una empresa del grupo ACS por la hibernación de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas Castor, el caso continúa vivo. Y no solo en los tribunales, donde se han ido abriendo diferentes frentes en los últimos meses, sino también en la arena política. La comisión de investigación sobre el fracasado proyecto gasístico del Parlament de Cataluña aprobó este lunes las primeras comparecencias que se celebrarán en el órgano parlamentario. En concreto, la Cámara catalana ha acordado citar al presidente de ACS, Florentino Pérez, así como a la actual titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y a otros nueve exministros de los gobiernos de José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy. Las citaciones comenzarán en un par de semanas, por lo que aún no hay ningún calendario establecido.

El Pleno del Parlament de Cataluña dio luz verde el pasado mes de junio, con el voto a favor de todos los grupos, a la creación de una comisión de investigación sobre el proyecto Castor. El objetivo de este órgano parlamentario de nueva creación, según se refleja en la resolución aprobada –presentada por ERC, JxCat, Catalunya en Comú y las CUP–, es evaluar “las causas, los antecedentes, los indicios directos e indirectos y las posibles negligencias y actuaciones dolosas” alrededor de las instalaciones de almacenamiento subterráneo de gas levantado frente a las costas de Tarragona y Castellón. Para ello, se escucharán las explicaciones de expertos y responsables políticos, se analizará toda “la documentación” referente al Castor, se estudiará el impacto medioambiental que haya podido tener y se valorarán “los posibles daños y responsabilidades” derivados del proyecto gasístico. En definitiva, sostienen los impulsores del órgano parlamentario a infoLibre, se tratará de “arrojar luz” sobre algo “tan oscuro”.

La petición para poner en marcha una comisión de investigación en el Parlament sobre el almacén subterráneo de gas buscaba “evitar” que el caso terminase decayendo a nivel político, según explica a este diario David Cid, diputado de Catalunya en Comú, que se pregunta por “los intereses en juego” que había detrás del proyecto y que llevaron al Ejecutivo a ponerlo en marcha a pesar de que “no tenía ningún sentido” y a diseñar “concursos a medida para que los ganara Florentino Pérez”. Lo que no sabían es que, lejos de caer en el olvido, el debate también terminaría instalándose en el Congreso de los Diputados de la mano de Unidos Podemos. El pasado mes de septiembre, la Cámara baja aprobó la creación de un órgano parlamentario para depurar responsabilidades en la construcción, financiación e indemnización del fallido proyecto gasístico. Es decir, se intentará arrojar luz al mismo tiempo desde Madrid y desde Barcelona.

¿Obligados a comparecer?

De momento, sólo ha comenzado a caminar la comisión de investigación del Parlament de Cataluña, que se constituyó a principios de octubre y que celebró su primera reunión este lunes. En este encuentro, todos los grupos parlamentarios acordaron las primeras comparecencias, aunque el calendario está todavía por cerrar. En condición de testigos, están llamados a declarar, además de Florentino Pérez y Teresa Ribera, nueve exministros de los últimos gobiernos –José Manuel Soria, Josep Piqué, Rodrigo Rato, Álvaro Nadal, Miguel Sebastián, Elena Espinosa, Magdalena Álvarez, José Montilla y Joan Clos–, así como un ex alto cargo del Ministerio de Energía, dos exconsellers –uno de la Generalitat Valenciana y otro de la Generalitat de Cataluña–, tres alcaldes, el presidente del Banco Europeo de Inversiones o los consejeros delegados de Caixabank y Santander, entre otros. Además, se ha llamado a declarar a otras tantas personas en calidad de expertos.

A pesar de lo jugosas que puedan resultar todas estas comparecencias, desde Junts per Catalunya y Catalunya en Comú aseguran que la “esperanza” de que tanto Florentino Pérez como todos los exministros acudan a la llamada “no es muy elevada”. “A pesar de no tener esperanzas, nuestro papel es reivindicar la responsabilidad que todos ellos tenían en aquel momento. Por eso, es mejor que vengan si no tienen nada que esconder, porque si no lo hacen pensaremos que hay cosas que no quieren aclarar públicamente”, asevera Mònica Sales, diputada de JxCat en la comisión, que recalca la importancia de que todos ellos den explicaciones tanto a los “afectados directos” por el proyecto, en alusión a los vecinos de la zona, como “a los consumidores, que están pagando la gestión”. “A mí me parece que por el órgano pasarán más expertos que testigos”expertostestigos, afirma, por su parte, el diputado de Catalunya en Comú.

En teoría, todos los que estén llamados a comparecer ante una comisión de investigación parlamentaria tienen la obligación de asistir. De no hacerlo, incurrirían en un delito de desobediencia. Así se recoge en el artículo 502.1 del Código Penal: “Los que, habiendo sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una Comisión de investigación de las Cortes Generales o de una Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, serán castigados como reos del delito de desobediencia. Si el reo fuera autoridad o funcionario público, se le impondrá además la pena de suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años”. Ese mismo artículo, además, establece en su tercer punto que quienes falten a la verdad en su testimonio en una comisión de investigación parlamentaria se enfrentarán a una pena de cárcel de seis meses a un año o a una multa de uno a dos años.

El Consejo de Estado lleva, sin embargo, poniendo límites desde hace años a esta obligación en el caso de las asambleas autonómicas. En 2003, por ejemplo, consideró que el Parlamento de Galicia no tenía potestad para requerir la comparecencia de “autoridades, funcionarios o agentes de la Administración General del Estado” en la comisión de investigación sobre la catástrofe del Prestige. Esta misma idea se ha repetido una y otra vez en los últimos años. La última ocasión, en junio de 2017, cuando el Consejo de Estado aseveró en un informe que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, no tenían obligación de comparecer ante la comisión de investigación del Parlament sobre la denominada operación Cataluña. El escrito, además, ampliaba esta protección a exministros, ex altos cargos y miembros en activo o en “otras situaciones administrativas” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

A estos dictámenes podrían agarrarse, por tanto, los ex titulares de carteras ministeriales que no quieran acudir a la cita en el Parlament. Pero los informes del Consejo de Estado no cubrirían ni al principal ejecutivo de ACS, ni a los consejeros delegados del Santander o Caixabank. Sin embargo, el diputado de Catalunya en Comú tampoco cree que tengan obligación de asistir a las comparecencias. “Está en sus manos decidir si asisten o no”, explica. “Consideramos que, interpretando el reglamento, solo están obligados a comparecer los funcionarios o cargos de la Generalitat. Por tanto, no hay capacidad de obligarles a que vayan”, aseveran desde el grupo parlamentario. Las comisiones de investigación están reguladas en el artículo 68 del reglamento de la Cámara catalana, que en su letra a) establece que la comparecencia “únicamente puede requerirse con relación a cuestiones que son competencia de la Generalitat”.

Las trabas en la petición de documentos

Otra de las dificultades que podrá encontrar la comisión a la hora de investigar el proyecto Castor será el requerimiento de información. En este sentido, el Consejo de Estado ya recordó, en el dictamen sobre la investigación del Prestige en el Parlamento gallego, que no hay obligación de que la Administración General del Estado atienda las solicitudes de documentación en relación con “la ejecución de funciones” que sean de su competencia. Es decir, los ministerios, dependiendo del caso, pueden negarse a facilitar ciertos documentos que les sean requeridos. De hecho, el reglamento del Parlament señala que las comisiones de investigación sólo podrán pedir a las autoridades del Estado “información y documentación” relacionada con “las competencias atribuidas” a la Generalitat “cuyos servicios aún no han sido transferidos”. Por todo ello, Cid cree que tendrá más recorrido el órgano creado en el Congreso de los Diputados que el que han puesto en marcha en la Cámara catalana.

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No obstante, desde los dos grupos aseveran que, en cuanto finalice la investigación, estudiarán si hay indicios delictivos para llevar ante la Fiscalía el dictamen final sobre el caso. Los orígenes del conocido como proyecto Castor se remontan a 1996, cuando el entonces ministro de Industria y Energía, Josep Piqué, otorga a la empresa España Canadá Resources permiso para investigar hidrocarburos frente a las costas de Castellón y Tarragona, una habilitación que fue cedida en 2003 a la empresa Escal UGS –que pertenece en un 66,7% a ACS– a través de una orden ministerial firmada por el entonces vicepresidente del Gobierno, Rodrigo Rato. Durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, José Montilla, ministro de Industria entre 2004 y 2006, incluyó el proyecto gasístico como una prioridad en el Plan Energético Nacional 2005-2011. Y su sucesor en el cargo, Joan Clos –ocupó la cartera hasta el final de la legislatura–, dejó listo el denominado decreto Castor.

Una vez finalizada la fase de investigación, se dio el pistoletazo de salida a la fase de explotación. En 2008, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, firmó el decreto Castor, que otorgaba la concesión a Escal UGS e incluía una cláusula en la que se establecía que la adjudicataria tendría derecho a recibir una compensación por “el valor de residual de las instalaciones” aunque existiese “dolo o negligencia imputable a la empresa concesionaria”. Un año después, la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, firmó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que dio luz verde al almacén de gas frente a las costas de Castellón y Tarragona. La DIA, según denunció en un informe el Síndic de Greuges en 2014, no tomó en consideración “el apartado de riesgo sísmico”, a pesar “de las denuncias recibidas”. A pesar de ello, según señaló Ribera el pasado mes de junio, “nadie recurrió en su momento” la declaración.

De las tres fases en las que se dividía esta etapa de explotación, las dos primeras se completaron sin contratiempos. No ocurrió lo mismo en la tercera, desarrollada durante el mes de septiembre de 2013. Primero se detectaron pequeños movimientos sísmicos en la zona del delta del Ebro, lo que llevó al Ministerio de Energía a ordenar el cese temporal de la actividad en la zona. Dos semanas después, se registró un terremoto de 3,9 grados en la escala Richter a una profundidad de 5 kilómetros y frente a las costas de Vinaroz. Tanto el Instituto Geográfico Nacional primero, como el Massachusetts Institute of Technology (MIT) después, vincularon directamente los temblores a la inyección de gas colchón. Estos contratiempos llevaron a Escal a renunciar a la concesión y al Gobierno de Mariano Rajoy a aprobar el real decreto-ley, que tiró parcialmente por tierra el Constitucional hace un año, que indemnizaba a ACS con 1.350 millones de euros.