La Fiscalía acusa de rebelión a Junqueras y Forn el mismo día de su primer aniversario en la cárcel

El exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el exconsejero del Interior Joaquim Forn cumplen un año en prisión provisional por su participación en el proceso independentista en Cataluña, aniversario que coincide con el anuncio de las penas que pide la Fiscalía para cada uno de los 18 líderes del procés por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. El que fuera número dos del Govern se enfrenta a 25 años de cárcel, mientras que para el máximo responsable político de los Mossos d'Esquadra se solicita 16 años.

Precisamente hace un año, la entonces juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont,y a todos sus exconsejeros como investigados en el procés, que culminó el 27 de octubre con la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) y tras admitir a trámite una querella presentada por la Fiscalía General del Estado por estos hechos. El Ministerio Público presentó una querella similar en el Tribunal Supremo pidiendo que investigase a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y a los cinco miembros de la Mesa por facilitar la tramitación y la votación a favor de la ruta secesionista, porque por entonces eran aforados. Ese mismo día 2 de noviembre, el juez del alto tribunal también llamó a declarar a estas personas; aunque finalmente las comparecencias se retrasaron una semana a petición de los abogados que alegaron indefensión por la premura con la que habían sido citados.

Una petición que también formalizaron los abogados del exGovern, pero que no fue aceptada por la juez Lamela, pues interrogó y envió a prisión a todos los exconsellers que comparecieron, es decir, al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los exconsejeros Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, y Carles Mundó. No obstante, para el exconsejero Santi Vila, la magistrada acordó prisión eludible bajo fianza de 50.000 euros.

Archivo de la causa para tres investigados

La causa llegó a tener hasta 28 investigados, pero el 21 de marzo de este año el juez Llarena acordó el procesamiento solo para 25 de ellos por los delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia. De este modo, archivó la causa para el expresidente de la Generalitat, Artur Mas; la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, y la expresidenta de la AMI, Neus Lloveras.

Uno de los argumentos principales que se exponen en el auto de procesamiento es que ha quedado acreditada la existencia de violencia para imputar el delito de rebelión, pese a que las defensas han intentado con insistencia desmontar esta tesis, pues han defendido que jamás hubo un alzamiento con armas. Ante esto, Llarena ha afirmado en sus resoluciones que "cabe una rebelión sin armas". De hecho, en el auto de procesamiento el juez instructor hizo especial hincapié en el "actuar violento" que se pudo ver el 20 de septiembre ante las puertas de la Consejería de Economía, donde decenas de miles de personas que se congregaron allí tenían una intención "exclusivamente intimidatoria" contra la comisión judicial que estaba realizando un registro e incautación de documentos relacionados con el referéndum ilegal del 1 de octubre.

Por otro lado, el magistrado del Supremo dictó un auto el pasado mes de julio con el que acordó el cierre de la instrucción y procedió a abrir una pieza separada para incluir a todos los procesados huidos y declarar su condición de rebeldía. Se trata de Puigdemont, los exconsejeros que le acompañan desde el primer día en su fuga, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí; la dirigente de ERC Marta Rovira, que abandonó España el mismo día que estaba citada para conocer su procesamiento; y la exdiputada de la CUP Anna Gabriel, que huyó para no comparecer ante el juez Llarena. Todos ellos ahora mismo tienen la libertad de circular por cualquier país, ya que el pasado 19 de julio, el juez Llarena retiró las euroordenes y las internacionales contra los huidos —salvo para Gabriel que nunca se dictó— tras el rechazo de los tribunales belga y alemán de entregarles por el delito de rebelión que se les imputaba.