El señalamiento de Marchena por Cosidó alimenta la estrategia de los presos del 'procés'

El mensaje de texto que el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, envió a sus compañeros en la Cámara alta señalando al juez Manuel Marchena como alguien de la confianza de su partido y jactándose de que controlaba “la sala segunda [del Supremo] desde detrás” ha dado a los dirigentes independentistas acusados de rebelión un argumento inesperado para tratar de separar al magistrado de la Presidencia de tribunal que tiene que juzgarles. Y un elemento más, en el caso de que su petición no sea atendida, para cuestionar después ante la justicia europea la limpieza del procedimiento judicial abierto contra los presos del procés. Los abogados que se encargan de la defensa de los dirigentes independentistas tienen poca fe en que sus clientes salgan bien parados del juicio en el Supremo y basan buena parte de sus esperanzas en la autoridad de los tribunales europeos que acabarán revisando la el fallo del Alto Tribunal español.

El mismo día que el propio Marchena comunicó su renuncia al nombramiento que PP y PSOE habían anunciado como presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial —después de que el mensaje de Cosidó pusiese en duda su independencia—, las defensas de los presos del procés pidieron su recusación para impedir que presida el juicio. Porque su decisión de no aceptar la presidencia del CGPJ implica que Marchena seguirá presidiendo la sala que juzgará a los acusados del procés.

El escrito presentado por la defensa del líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y del exconseller Raül Romeva, alega que el “whatsapp de la vergüenza” evidencia el control político que el PP y el PSOE ejercen sobre el juez y el propio tribunal. Del mensaje se deduce que Marchena tiene vínculos con “una determinada orientación política que hacen dudar de la imparcialidad para la participación" en el juicio contra proceso soberanista.

El letrado de Junqueras y Romeva, Andreu Van den Eynde, alega que el proceso de selección de miembros del Consejo del Poder Judicial ha desvelado “las espurias finalidades de la elección de vocales y Presidencia” de este órgano judicial y sostiene que la renuncia de Marchena a ser nombrado da “veracidad al pacto previo contra la separación de poderes” de PP y PSOE. La defensa recuerda que en España existe un sistema de elección de la cúpula judicial “criticado internacionalmente por su permeabilidad a las decisiones políticas” y concluye que existen motivos para pensar que hay una politización general de la justicia en España y, a la vez, una “politización concreta” en el pleito sobre el proceso soberanista.

Van den Eynde afirma que toda la polémica con la cúpula del poder judicial en España evidencia que “la estrategia de criminalización de los procesados sigue directrices políticas que se vinculan con la defensa a ultranza del principio de unidad territorial”, lo que representa una “clara indefensión” de Junqueras y Romeva que ha derivado, a su juicio, en su encarcelamiento, suspensión de funciones y el mantenimiento de unas imputaciones desproporcionadas. “El magistrado recusado debe analizar si está en condiciones de juzgar sin prejuicio personal a dichos procesados y sin interés en el pleito”, concluye.

Sin garantías

Son los mismos argumentos que ha planteado en su escrito la defensa del expresidente de la Asemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y de los exconsellers Jordi Turull y Josep Rull, que también pide que el Supremo se inhiba en favor del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al considerar que el alto tribunal no es competente para juzgar a sus clientes. Y muy parecidos a los del letrado del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que después de lo ocurrido con Marchena y Cosidó considera acreditado que este proceso judicial no tiene “ninguna garantía”. Se ha demostrado que Marchena “era el candidato del Partido Popular” a dirigir el Consejo del Poder Judicial, lo que evidencia su falta de imparcialidad.

Como en el caso de Sànchez, Turull y Rull, la defensa de Cuixart rechaza la competencia del Supremo para juzgarle y en su caso afirma que el tribunal que debería abordar la causa es el juzgado de instrucción de Barcelona, ya que ni siquiera es aforado.

Los argumentos contra la contaminación política del juicio contra el procés se extendieron a la partidos independentistas y al propio Govern. La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, aseguró que el magistrado “no puede continuar ni un minuto más al frente del tribunal que tiene que juzgar a los presos”. “¿Quién puede garantizar que este juicio será justo?”, se preguntó.

En el mismo sentido se pronunció el portavoz parlamentario de JuntsxCat, Eduard Pujol, según el cual, después de renunciar a presidir el CGPJ y el Tribunal Supremo, debe retirarse del juicio contra los dirigentes independentistas encarcelados. “No puede estar ni una hora más al frente de la causa”, aseguró. “Las togas del 155 trabajan por la venganza, cuando deberían trabajar por la justicia”, resumió.

Así se lo argumentó también en el Senado Josep Lluìs Cleries (PDeCAT) a Pedro Sanchez, durante la sesión de control en la Cámara alta. “Esto huele mucho a podrido. Nos hace constatar que los encausados por el 1-O no tendrán un juicio justo e imparcial”, lamentó.

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, tras la reunión semanal del gabinete de Quim Torra, se refirió al mensaje de Cosidó como “el detalle; el tema es el desprestigio del sistema judicial español”. Artadi recordó que Marchena ya fue recusado, sin éxito, cuando se encargó de la causa en el Supremo contra el exconseller de la Generalitat Francesc Homs por impulsar el proceso participativo del 9 de noviembre de 2014.

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La situación creada en la sala segunda del Supremo es tan comprometida que el portavoz de la asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, pidió en Rac1 un aplazamiento de la vista oral, que debería comenzar antes de fin de año. En declaraciones citadas por Elnacional.cat, González Vega argumentó que “la apariencia de imparcialidad de un tribunal es fundamental”.

La falta de garantías para juzgar a los encausados por el procés es una evidencia también para Podemos y su marca catalana, En Comú-Podem. La portavoz de los comuns en el Parlament, Susana Segovia, pidió su revisión a la vista de un “episodio más de la falta de credibilidad del sistema judicial”.

“Cualquier duda de la imparcialidad de un juez”, señaló, “se tiene que revisar para garantizar que se respeta el derecho de las personas encausadas a la defensa”, informa Europa Press.