El Gobierno oculta cuánto dinero destina a condecorados por la Policía, entre los que hay miembros de la Brigada Político Social

El Gobierno de Pedro Sánchez es reticente a hacer público el dinero que el Estado destina a pagar los pluses en las pensiones de los condecorados con medallas policiales, entre los que se encuentran miembros de la Brigada Político Social franquista y conocidos torturadores como Billy el Niño —posee cuatro medallas al mérito policial—, Jesús González Reglero, que en su momento perteneció a la temida brigada anti-GRAPO, Jesús Martínez Torres o Pascual Honrado de la Fuente —ambos también imputados por la justicia argentina acusados de torturas—.

El pasado mes de agosto el senador de Compromís, Carles Mulet, registró en la Cámara Alta una petición donde solicitaba que la Administración le facilitase una relación de quiénes son los receptores de retribuciones extraordinarias derivadas de medallas concedidas por la Policía, el Ejército y la Judicatura desde el 15 de junio de 1977 —día en que se celebraron las primeras elecciones generales tras la muerte de Franco—, y las condiciones en las que éstas han sido otorgadas. Además, Mullet pidió que se especificase la cantidad contemplada en los Presupuestos Generales para estas remuneraciones.

Este lunes el Gobierno ha remitido un documento de respuesta al senador en el que se informa de que el Estado destina 15.760,16 euros cada mes al pago de estos honorarios especiales, pero solo en lo relacionado a miembros del Ejército, obviando la parte policial y jucicial que Compromís le pedía. También da detalles sobre la cantidad y el tipo de medalla que Defensa ha concedido desde la citada fecha: 2.432 Cruces de la Orden de San Hermenegildo y Constancia, 1 Medalla de sufrimientos por la Patria y 4 Gratificaciones de permanencia en la Guardia Civil.

En el apartado de los Presupuestos Generales, el Gobierno vuelve a aportar información únicamente sobre las partidas destinadas al Ministerio de Defensa —no habla de Interior o Justicia, cuya información también fue instada por Mulet—, y solo de los últimos cuatro años. Así, en 2017 y 2018, el Estado presupuestó 400.000 euros para este fin, frente a los 500.000 de 2016 o los 650.000 de 2015. En el resumen de las cuatro dotaciones, el dinero gastado siempre fue menor que el presupuestado —en 2018 se gastaron 174.773 euros—.

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Consulta la respuesta del Gobierno a la solicitud de información de Compromís [PDF]: