La CNMV ha sancionado a 15 personas o empresas por el uso de información privilegiada desde 2013

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 30.000 euros al ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, por utilizar información privilegiada en la venta de acciones de Abengoa a finales de 2015, cuando la tecnológica atravesaba un momento extremadamente delicado. Después de varios meses de investigación, el supervisor bursátil asevera que con esta operación el ministro, que entonces era consejero de la firma, cometió una “infracción muy grave” de la Ley del Mercado de Valores, una valoración que ha rechazado por activa y por pasiva el propio Borrell. La sanción contra el titular de Exteriores, que ha sido publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es muy poco habitual. En los últimos seis años, la CNMV sólo ha cerrado con multas siete expedientes por la comunicación o uso de información privilegiada en operaciones, según consta en la base de datos del organismo supervisor de los mercados. En total, esos siete expedientes se concretaron en 15 multas a personas físicas o empresas.

La Comisión abrió el expediente Borrell en julio de 2017 al sospechar que el ministro podría haberse valido de información privilegiada a la hora de vender por 9.030 euros un paquete de 10.000 acciones de la tecnológica a nombre de su exmujer, Carolina Mayeur. La operación se produjo sólo dos días antes de que Abengoa presentara preconcurso de acreedores, lo que provocó que los títulos de la compañía se desplomaran en Bolsa. El pasado 27 de septiembre, el supervisor aprobó la resolución sancionatoria. Desde que el diario La Información adelantase que la CNMV estaba investigando al titular de Exteriores, Borrell ha repetido que nunca dispuso de información privilegiada: “No tiene ninguna lógica que si alguien tiene la información privilegiada que usted me atribuye se limite a vender solo una parte muy pequeña del 8% del total de su cartera de valores y pierda el 92% restante”, señaló durante una comparecencia en el Senado.

Tras la resolución sancionatoria, se abrió el plazo de un mes para presentar un recurso de alzada ante el Ministerio de Economía. Y, aunque en un primer momento estudió con sus abogados recurrir la decisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, finalmente decidió no hacerlo. “No me parece, siendo parte de un Gobierno, políticamente correcto recurrir ante otro ministro porque puede ser presentado como un conflicto de intereses; y cualquiera que fuese el resultado del recurso daría lugar a interpretaciones políticamente interesadas. Por eso, y aquí sí que viene la responsabilidad política, he renunciado a la posibilidad de recurrir. Pero eso no quiere decir que acepte la acusación que usted me hace”, apuntó Borrell en la Cámara Alta. Con el plazo concluido, la resolución de este martes ya es firme y cierra la vía administrativa. Sin embargo, explican fuentes de la CNMV, el titular de Exteriores podría “recurrir ante los tribunales por la vía contencioso-administrativa”.

Campofrío y Jazztel

El de Borrell es el segundo expediente sancionador de este tipo que el organismo supervisor de los mercados finiquita en la última semana. El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado hizo pública una resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en la que se impusieron cuatro sanciones –tres por infracciones muy graves y una por infracción grave– a particulares por la comunicación y el uso de información privilegiada en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de Orange sobre Jazztel en 2014. En septiembre de ese año, ante el repentino repunte de las acciones de la segunda compañía, la CNMV anunció una investigación para determinar si se había producido una filtración de información privilegiada.

El organismo ha multado con 100.000 euros a María Paloma Bru por la “comunicación ilícita” de datos relevantes a terceras personas “sobre Jazztel, PLC” durante ese periodo de tiempo. Una sanción que asciende hasta los 500.000 euros en el caso de María Chao y Rafael Chao, que según la Comisión utilizaron esa “información privilegiada” en operaciones sobre acciones de la compañía de telefonía en septiembre de 2014. La cuarta multa se ha impuesto a Francisco Javier Bru por emplear también datos sensibles en operaciones con títulos de Jazztel en ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, en este caso la Comisión considera que se cometió una “infracción grave”, por lo que la multa se ha reducido a 20.000 euros. En total, 1,12 millones de euros de sanción en el marco de la OPA de Orange sobre Jazztel.

Solo un mes antes, la CNMV multó con 60.000 euros al expresidente de Campofrío Pedro Ballvé por transmitir a terceras personas información privilegiada para la adquisición de títulos de la firma. La resolución sancionaba también a la Fundación Laboral Sonsoles Ballvé –puesta en 1974 para dar apoyo social a los empleados de Campofrío– y a su presidente, Miguel Ángel Ortega, con 30.000 euros por “la utilización indebida” de la información privilegiada sobre Campofrío Food Group “en la adquisición de acciones de esta sociedad”. Tanto la fundación como Ortega interpusieron recurso de alzada ante el Ministerio de Economía. Sin embargo, después de que fuera desestimado, llevaron el caso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que todavía no se ha pronunciado. No consta en la documentación de la CNMV que Ballvé, que ya fue sancionado en 2017 por una operación de compraventa de títulos propios, haya recurrido.

Seis sanciones en 2017

A estas cuatro resoluciones habría que sumar otras tres en 2017. En noviembre de ese año, el supervisor bursátil impuso una sanción de 4,4 millones de euros a Francisco Garriga y otra de 28.350 euros a Julio Torres por emplear información privilegiada en la OPA que la constructora Grupo San José lanzó sobre la inmobiliaria Parquesol en 2006. La sanción de la CNMV llegó cuatro años después de que la Audiencia Nacional condenara a cuatro años de prisión –pena ratificada después por el Supremo– al ex director general en España de la financiera Eurohypo AG José Luis Zanetty por facilitar a su amigo y socio Garriga datos privilegiados sobre el precio de las acciones de la OPA, una operación con la que el segundo se embolsó 2,2 millones de euros en tres semanas. En esa misma sentencia, el inversor multado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue condenado a dos años de cárcel y al pago de una multa de 645.682 euros por blanqueo de capitales –abrieron varias cuentas en Andorra desde las que realizaron ingresos en sociedades panameñas a nombre de ambos–.

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Tampoco Vueling se ha librado de este tipo de prácticas. El mismo día que se hacía pública la resolución sobre Garriga, el Boletín Oficial del Estado también impuso tres sanciones por la comunicación y utilización de información privilegiada en la compra de títulos de la compañía aérea, que fue absorbida por IAG –holding que resultó de la fusión de Iberia LAE y British Airways–. La CNMV multó con 100.000 euros a Sergio Turrión, con responsabilidades en el área de Recursos Humanos de Iberia, por comunicar a Rafael Collada, entonces consejero delegado de la agencia de valores Mercados y Gestión de Valores, “información privilegiada relativa a las acciones de Vueling”. Al beneficiado, se le impuso la misma sanción por “adquirir acciones” de la compañía aérea utilizando dichos datos “para sus carteras gestionadas”. Por último, la agencia de valores fue castigada con 200.000 euros de multa y una sanción de “seis meses” de suspensión “de la condición de miembro de la Bolsa de Madrid”.

Un caso similar al de Borrell fue el del bisnieto del fundador de la cervecera Damn. A mediados de 2017, la Comisión Nacional del Mercado de Valores impuso una sanción de 30.000 euros a Ramón Agenjo por “haber adquirido por cuenta de un tercero acciones de Sociedad Anónima Damm, S.A. el 7 agosto de 2014 disponiendo de información privilegiada” sobre la compañía.

Menos frenético fue, sin embargo, el periodo comprendido entre 2013 y 2016. En esos cuatro años, el supervisor bursátil sólo impuso una sanción por uso de información privilegiada. Fue a Jesús Carlos García, exconsejero de Pescanova y el que fuera hombre fuerte de Manuel Fernández de Sousa al frente de la pesquera. En octubre de 2015, la CNMV le castigó con 160.000 euros “por haber recomendado a un tercero la venta de acciones” de la empresa en febrero de 2013 “basándose en información privilegiada” que tenía sobre la sociedad. El chivatazo se dio justo un día antes de que Pescanova comenzara la tremenda crisis que vivió la multinacional pesquera.