El poder de la cúpula militar

Las atribuciones del Estado sobre la Defensa y las Fuerzas Armadas quedaron establecidas, de forma diáfana, en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. Según esta, corresponde a las Cortes Generales el máximo control sobre la actuación de las Fuerzas Armadas, los presupuestos para cubrir sus necesidades, aprobar las normas relativas a la Defensa, debatir las líneas generales de la política de defensa y ejercer el control al Gobierno en dicha materia. Todo ello al margen del encaje, poco o mal explicado, del “mando supremo de las Fuerzas Armadas” que ejerce el rey. Sin embargo, lo que últimamente estamos conociendo sobre presupuestos, material y personal, no parece que sean los poderes del Estado quienes efectúan el control real sobre las Fuerzas Armadas; en la toma de decisiones, se intuye la mano oculta de la cúpula militar, que campa por sus fueros en el Ministerio de Defensa.

Ha existido, desde el periodo de la Transición, un esfuerzo institucional por mostrar un cambio en las Fuerzas Armadas que la ciudadanía pueda percibir como la transformación democrática de los ejércitos y la definitiva sumisión de estos a los poderes del Estado, esfuerzo realizado, de forma aún más enconada, tras el 23F. La mercadotecnia realizada ha dado sus frutos de manera que la opinión pública muestra la satisfacción y reconocimiento a la labor de las tropas. Desde dentro de las Fuerzas Armadas la percepción puede ser otra: junto a una transformación técnica en organización, ejecución y modernización material, se ha ejecutado una operación de maquillaje para enmascarar una prerrogativa de poder, consistente en el mantenimiento de un estatus mediante un sistema endogámico y de la prevalencia de una moral arcaica a su servicio, apoyada en el control que ejerce la jurisdicción militar (reducto superviviente de la dictadura). La poca voluntad política en el Ministerio de Defensa facilita enormemente la acción sibilina de poder de la cúpula militar.

Cada vez que un Gobierno ha decidido el envío de tropas a misiones internacionales, bien para la realización de operaciones o para el aumento de contingentes en las que ya se encuentran en curso, el trámite parlamentario para su autorización ha quedado en entredicho ya que formalmente en tema de plazos y de debate nunca ha habido un acuerdo o consenso previo, quedando la sensación de que al Parlamento se le hurta el control total sobre dichas decisiones.

Ha sido una práctica habitual la treta de “engañar” a los presupuestos de Defensa mediante la autorización de gastos extraordinarios a posteriori. Produciéndose, por tanto, un aumento del gasto promovido desde el Gobierno y sin control parlamentario. Sólo para este año ya existía desde finales de 2017 una autorización de aumento del gasto de casi quinientos millones de euros para los Programas Especiales de Armamento (PEA)

Se ha conocido recientemente –y todavía está en debate– la situación de los contratos de venta de armas a países extranjeros, con una dudosa conformidad con los convenios internacionales. No hay que olvidar que la política de la industria armamentística está dirigida por consejos de administración que cuentan con numerosos exmilitares que, a través de puertas giratorias, han recalado en los mismos. La existencia de estas “puertas giratorias” resulta de un gran interés para el mando que, tras dejar la situación de activo, ve reducir drásticamente sus retribuciones, llevándonos todo ello a que se facilita la posibilidad de prácticas nada éticas mientras estos cargos estuvieron en activo en las Fuerzas Armadas.

El pasado mes de septiembre vio la luz el Informe de la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería. En él se esperaba una propuesta de iniciar el debate sobre un nuevo modelo de reclutamiento de personal que hiciera desaparecer el actual, basado en una gran temporalidad en el empleo para la tropa y marinería, derivada del deseo de la cúpula militar de “rejuvenecer” al personal de esta escala con la imposición de un límite de edad de permanencia en las Fuerzas Armadas.

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La propia carrera militar se ve salpicada de quejas, recursos e iniciativas, sobre el sistema de calificación y evaluación en los procesos de promoción y ascenso. La excesiva opacidad del sistema y, sobre todo, el más que desmesurado control del proceso por la cúpula militar hacen desaparecer los principios de mérito y capacidad, imperantes en la función pública, sustituyéndolos por la sencilla discrecionalidad del mando.

Estas son algunas de las situaciones, tanto en el ámbito interno como fuera de los espacios de responsabilidad directa de la cúpula militar, en los que se pone de manifiesto su poder. La  transición militar iniciada con la promulgación de la Constitución de 1978 está inconclusa. El poder de facto que ostenta la cúpula militar es un gran obstáculo para la verdadera democratización de las Fuerzas Armadas. La falta de transparencia, su desmesurada influencia en las decisiones de Defensa, el férreo control de la carrera de los militares profesionales, son todos elementos que habrían de cambiarse radicalmente si queremos unas Fuerzas Armadas auténticamente democráticas (o democratizadas).

Para obrar un cambio de gran calado es necesario afrontar, en primer lugar, la rémora que supone el mantenimiento en los ejércitos de elementos de la dictadura franquista. Este reducto de poder militar ha dado recientemente una muestra de su existencia con el tristemente célebre manifiesto firmado por centenares de militares, algunos de ellos integrantes de la cúpula militar en fechas no muy lejanas. El Parlamento tiene el reto de ejercer sus competencias y liderar una verdadera democratización material de nuestras Fuerzas Armadas. Lo necesita tanto la ciudadanía como los propios militares y lo exige la salud democrática del Estado.