La comisión sobre la crisis financiera finaliza con una reprimenda a los organismos reguladores y supervisores

La comisión del Congreso que ha investigado el origen de la crisis financiera y el rescate bancario ya tiene cerrado su análisis sobre el maremoto económico en España. Y el resultado final deja en mal lugar a los organismos reguladores y supervisores por no haber sabido detectar y atajar a tiempo el estallido financiero. En su dictamen final, el órgano de la Cámara Baja critica que el Banco de España mirase para otro lado. “Había herramientas disponibles [para actuar], pero no se usaron por falta de voluntad política”, recoge el escrito. El documento, de más de un centenar de páginas, ha recibido el plácet de todas las formaciones menos Unidos Podemos y Ciudadanos. El grupo confederal ha decidido abstenerse al entender que el texto alumbrado es demasiado suave, mientras que la formación liderada por Albert Rivera ha votado en contra al discrepar sobre lo que refleja el dictamen en relación con la politización de las cajas de ahorro.

A diferencia de países como EEUU, en España el colapso económico tardó casi una década en llegar al Parlamento. La comisión de investigación sobre la crisis comenzó a trabajar en febrero de 2017, y durante todos estos meses ha analizado 18.560 archivos con documentación y ha escuchado a más de ochenta comparecientes, entre exministros de Economía, consejeros delegados de los principales bancos españoles y exresponsables de los organismos reguladores y supervisores. Prácticamente todos echaron balones fuera. Rato negó la existencia de una burbuja inmobiliaria durante su etapa al frente del ministerio –“demanda embalsada de creación de hogares” lo llamó–. Solbes reconoció que no fue capaz de poner freno a un tren “que se iba acelerando” y echó la culpa del escándalo de las preferentes al Banco de España y la CNMV. Y la exministra Elena Salgado, aunque admitió “errores”, achacó el estallido de la economía española exclusivamente al colapso financiero internacional.

Tras más de año y medio de trabajo, la comisión de investigación ha aprobado los tres textos que conformarán el dictamen final: un documento de antecedentes –recoge todas las actuaciones realizadas en el órgano parlamentario–, un escrito de conclusiones y propuestas y un informe final. Al término de la sesión, la presidenta del órgano parlamentario, Ana Oramas, criticó que personas ajenas a la comisión hayan decidido que sus grupos no apoyen el informe, añadiendo a renglón seguido que hace solo unos días “todos los miembros” se habían mostrado conformes y que la investigación parlamentaria haya supuesto “un antes y un después”. Ahora, el dictamen deberá ser sometido a un debate final en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde todas aquellas propuestas y conclusiones que hayan sido rechazadas este jueves en la comisión podrán ser defendidas como votos particulares. Se espera que el texto llegue al hemiciclo el próximo mes de febrero.

“No hicieron frente a sus obligaciones”

El informe dedica un capítulo entero a analizar la actuación de los organismos de regulación y supervisión durante la época de gestación de la crisis y su posterior resolución. Casi una veintena de páginas en las que los tirones de orejas son constantes. Así, el dictamen critica que no hicieran frente “a sus obligaciones” a la hora de abordar la burbuja inmobiliaria y crediticia que llevaba años hinchándose. “De esta manera, se produce un híper-crecimiento de la actividad inmobiliaria y crediticia, basada en la falsa expectativa de que los precios de los inmuebles podían crecer de manera ilimitada. (…) El hecho de que este mismo comportamiento se hubiera dado en dos crisis anteriores supone por sí mismo que existían evidencias suficientes sobre lo que iba a ocurrir, lo que no sirvió para dar una respuesta pronta y contundente por parte de los organismos responsables”, asevera el escrito aprobado por la comisión.

Además, el órgano parlamentario apunta que el regulador y el supervisor no abordaron “de manera adecuada” la “mala praxis por parte de las entidades de crédito” y lamenta que el Banco de España siguiera en algunos casos “una política que cuanto menos puede calificarse de laxa”. De hecho, sobre el organismo que durante todos aquellos años estuvo controlado por Jaime Caruana y Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el dictamen critica que hiciera oídos sordos “pese a las continuas alarmas dadas por el cuerpo de inspectores”. “La labor del Banco de España se centró en realizar ‘advertencias’, soslayando la utilización de otras herramientas y procedimientos de los que se disponía, así como de su fuerte influencia sobre el aparato legislativo y ejecutivo. (…) Este modelo de actuación fue totalmente insuficiente”, señala la comisión, que insta en sus conclusiones y propuestas a mejorar los órganos reguladores y supervisores para esquivar futuras crisis económicas.

El documento, además, apunta a los Ejecutivos de Felipe González y José María Aznar. Al primero, por la regulación de los fondos de titulación, que facilitaron que los créditos no figuraran en las cuentas de las entidades y así no se asumiera el riesgo. Y al Ejecutivo conservador, por la ley del suelo, que según apostilla la comisión “favoreció el aumento de suelo urbanizable disponible”. “En definitiva, el sistema normativo vigente en ese momento creó el marco propicio para el hipercrecimiento e hiperfinanciamiento del negocio inmobiliario y constructivo”, reza el documento, que explica que durante la época de gestación de la crisis “buena parte del negocio bancario” recayó “en la inversión en el sector constructor-inmobiliario”: “Dentro de las actividades y servicios de las entidades financieras se priorizó principalmente la promoción inmobiliaria, ya fuera financiando a empresas o formando parte del negocio como accionista de empresas promotoras”.

El fraude de las preferentes

Otro de los varapalos importantes que recibe el Banco de España es por el fraude de las preferentes. En este sentido, critica con dureza que promoviera “un incremento de la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada” con el único objetivo de “atender a la capitalización de las entidades”. Es decir, la comisión carga contra el organismo por permitir que se colocasen a pequeños ahorradores “productos financieros complejos” que al final terminaron suponiendo “quebrantos económicos para sus tenedores”. De hecho, el informe pone de manifiesto que el Banco de España no impidió estas operaciones a pesar de tener “información contrastada” por parte de sus equipos de inspección sobre los problemas de solvencia de muchas entidades. “Y cuando ya se tenía constancia sobre la aversión a estos productos por parte de los inversores institucionales”, dice el órgano de investigación parlamentario.

Sobre esta cuestión, el documento recuerda que la “comercialización generalizada” de productos financieros complejos, como las preferentes, se realizó en algunos casos “de manera poco transparente o incluso engañosa”. Esta “inadecuada” colocación supuso un aumento de los costes de litigiosidad para las entidades, una pérdida de reputación del sector financiero y, sobre todo, “un grave perjuicio a personas y familias”, muchas de ellas pertenecientes a sectores sociales vulnerables. “En especial, los jubilados, que perdieron los ahorros de una vida bajo la creencia de estarlos depositando de una manera segura y con disponibilidad inmediata del capital, y además basándose principalmente en la relación de confianza que tenían en su caja o banco”, recoge el escrito. Por todo ello, la comisión insta a aplicar un cambio en el modelo de protección al consumidor financiero.

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Las cajas de ahorros y su politización

El informe aprobado este jueves carga, además, contra el modelo de negocio bancario desarrollado durante las últimas décadas. De hecho, lo sitúa como una de las causas del estallido financiero. “Fueron precisamente los préstamos a empresas y el crédito a la promoción inmobiliaria los que sufrieron en un primer momento casos de morosidad e impagos, por lo que puede decirse que fueron los desencadenantes de la crisis de las entidades financieras españolas”, apunta el órgano parlamentario, que añade que la búsqueda de beneficios en el negocio hipotecario llevó al sector a “ampliar constantemente” el volumen de crédito concedido. “Buena parte de las entidades de crédito, tanto cajas de ahorros como bancos, realizaron malas prácticas en relación a la asunción indebida de riesgos, lo que estaría en la base de los problemas que después tuvieron y contagiaron a otros sectores”, añade el escrito.

Sobre las cajas de ahorro, el dictamen apuesta por refutar la teoría de que el problema que tenían estas entidades era su politización. Aunque señala que “la preparación y la capacidad” de los miembros que forman parte de los órganos de gobierno “puede resultar relevante” para el buen funcionamiento, dicha relación “no implica” que la potestad de las instituciones públicas en el nombramiento directo de consejeros “sea negativa de por sí”. Así, la comisión afirma que lo que hay detrás de “las malas praxis” que se dieron en algunas entidades de crédito “son determinados grupos de personas muy concretos con motivaciones e intereses particulares”. El informe concluye, por tanto, que “la diferente titularidad de las cajas de ahorros respecto a los bancos” no puede considerarse “un factor determinante en su diferente exposición a la crisis”, algo con lo que discrepaba Ciudadanos y que ha motivado su voto en contra.