¿Hay que cerrar los medios de comunicación públicos?

En las últimas semanas, al calor de las recientes elecciones andaluzas, hemos podido escuchar, con asombro y preocupación, cómo la formación política Vox reclama el cierre de Canal Sur y de todas las televisiones públicas autonómicas. Se trata de una reivindicación que no ha sido contradicha frontalmente por PP y Ciudadanos. El Partido Popular ha manifestado, a través de su secretario general, Teodoro García Egea: “…prefiero no tener Canal Sur y tener endoscopios en los hospitales de Almería”. Una afirmación que recuerda poderosamente las razones esgrimidas por el expresidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, cuando justificó el cierre de RTVV, “para evitar el cierre de hospitales y colegios”. Por su parte, la formación Ciudadanos no parece sentirse incómoda ante el ataque a los medios de comunicación públicos, defendiendo así un cambio de modelo de la radiotelevisión pública que, en el caso de À Punt, la RTV pública de la Comunidad Valenciana, sea reducido su tamaño a 300 trabajadores (actualmente tiene alrededor de 450) y cuente con un presupuesto entre 80 y 90 millones de euros (¡ahora mismo tiene 55 millones!), para sostener el sector audiovisual valenciano.

No resulta difícil de entender que estas declaraciones hayan despertado una enorme preocupación entre los expertos académicos en comunicación, entre muchos profesionales del sector audiovisual y en una buena parte de la sociedad valenciana y española. Asistimos al regreso del eterno debate sobre el papel de los medios de comunicación públicos, como si estuviéramos atrapados en una suerte de bucle temporal, como le ocurre al personaje que interpreta Bill Murray en el conocido film Atrapado en el tiempo (1993). Todavía resuenan en nuestra cabeza las amenazas de cierre en Telemadrid, en la Radiotelevisión de Castilla-La Mancha y de RTV públicas de otros territorios. En la Comunidad Valenciana este tipo de declaraciones simplemente están provocando una mezcla de estupor, enfado e indignación.

Porque el asunto no es para tomárselo con frivolidad. Conviene recordar que el pasado 7 de septiembre de 2018, el gobierno de la Generalitat Valenciana anunció el fin del proceso de liquidación de las dos sociedades RTVV S.A. y RTVV S.A.U., es decir, se daba por terminado el complejo proceso de liquidación. Tras casi cinco años de difíciles gestiones, la liquidación de RTVV concluye que el cierre de estas sociedades mercantiles ha costado a los ciudadanos y ciudadanas valencianas en torno a 250 millones de euros. Y en este punto hay que recordar que RTVV se cerró el 29 de noviembre de 2013 para no cumplir una sentencia judicial del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana, que obligaba a la Generalitat a readmitir a cerca de 1.100 trabajadores despedidos de manera absolutamente irregular y arbitraria. Pero la liquidación no significa que la pesadilla haya finalizado: tendremos que pagar durante décadas los 1.200 millones de euros que nos han dejado estas sociedades en herencia –y sus gestores, de marcado perfil político, no profesionales–. La lección a extraer es muy clara: cerrar una radiotelevisión pública es una operación económica ruinosa, y sus efectos son sencillamente devastadores, algo que hemos aprendido, con el sufrimiento y dolor de todo un sector productivo como el audiovisual, en la Comunidad Valenciana.

En efecto, desde un punto de vista económico, el cierre de RTVV ha supuesto la práctica desaparición del sector audiovisual valenciano, con la destrucción de varios miles de puestos de trabajo, también del sector privado, alcanzando el 90% de desempleo en julio de 2014 según cifras de la Asociación de Productores Valencianos (PAV). El cierre de RTVV ha supuesto la pérdida de una ventana de comunicación esencial para los anunciantes locales, pequeñas y medianas empresas de la Comunidad Valenciana que han tenido más dificultades para enfrentarse a la competencia de las grandes marcas. El sector publicitario de la Comunidad Valenciana dejó de facturar en RTVV, de repente, cerca de 10 millones de euros, un volumen de negocio que todavía hoy aún no se ha recuperado, lo que ha conllevado la pérdida de puestos de trabajo en el campo publicitario.

Desde una perspectiva ciudadana y social, el cierre de RTVV ha supuesto la pérdida de un servicio público que proporciona información de proximidad, imprescindible para la difusión y promoción del valenciano y de la cultura autóctona, entre las que destacan la música popular, el teatro, las fiestas populares, deportes minoritarios y autóctonos como la “pilota valenciana”, etc. En definitiva, el cierre del servicio público de radiotelevisión representó la pérdida de una herramienta fundamental para la vertebración territorial y la fortaleza del sentimiento identitario de la Comunidad Valenciana, cuya historia cultural y lingüística tiene más de 750 años de recorrido.

Desde una perspectiva cultural, el cierre de una radiotelevisión pública autonómica como RTVV no sólo ha implicado la destrucción de miles de puestos de trabajo. La desaparición de medios de comunicación públicos de proximidad representa un grave atentado contra la diversidad ideológica, política y cultural, que está en la base de nuestra democracia. Como ha sido acreditado por numerosos estudios científicos, los medios de comunicación públicos son esenciales para el desarrollo de las industrias culturales y creativas de sus territorios, un sector económico y cultural de valor estratégico que se identifica con la llamada “economía del conocimiento”. En un escenario mediático como el español en el que existe un profundo desequilibrio entre medios públicos y privados, que en televisión se identifica con una situación de “duopolio” -dominado por Atresmedia y Mediaset-, los medios de comunicación públicos apenas tienen relevancia en la actualidad.

¿Pero qué está ocurriendo para que en estos momentos se proponga el cierre de Canal Sur, y también la desaparición o privatización del resto de cadenas de radiotelevisión públicas? No es sencillo responder brevemente esta pregunta. Yo destacaría dos razones principales. Por un lado, la crisis de legitimidad de las radiotelevisiones públicas debe ponerse en relación especialmente con la expansión del pensamiento neoliberal, que está en la base de la economía global digital. Como afirma Sean Phelan, “el neoliberalismo representa cómo las lógicas de la economía han colonizado la lógica de lo social, convirtiendo la vida social, humana y planetaria en algo subordinado, crecientemente, a la racionalidad instrumental ‘del mercado’” (Phelan, 2014: 3). En este sentido, el pensamiento neoliberal debe contemplarse como la ideología del capitalismo global, uno de cuyos principios, repetido infinitamente, es que “la gestión privada siempre es mejor y más eficaz que la pública”, una máxima que ha sido expandida y amplificada, muy especialmente en los últimos años.

La segunda razón que explica el permanente debate sobre la legitimidad de los medios de comunicación públicos hay que relacionarla con la propia dinámica de los medios. Para la expansión de creencias como “la necesidad del cierre de los medios de comunicación públicos”, sin duda cumplen un papel esencial los propios medios de comunicación –sobre todo privados, que así se libran de una molesta competencia–, a menudo utilizando técnicas de propaganda clásicas, como las que enunciara el propio ministro Goebbles en la Alemania nazi: mediante la simplificación maniquea de la realidad política, social y cultural; la adopción de ideas únicas; la repetición de ideas, aunque sean falsas; la exageración; la vulgarización; la contrainformación para distraer la atención del público; la ocultación de información; la construcción de argumentos verosímiles a partir de fragmentos; o mediante la creación de una impresión de unanimidad, invocándose el “sentido común”, “lo que piensa todo el mundo” o “lo que dios manda”.

Así pues, se puede afirmar que la circulación de ideas como la necesidad del cierre de los medios de comunicación públicos, pero también el auge de formaciones políticas de ideología radical o extremista, se produce en un contexto en el que la opinión pública es más manipulable que nunca. No podemos olvidar que, en la era de las fake news, las redes sociales están jugando un papel esencial para difundir noticias falsas. El terreno mediático español está especialmente abonado para la manipulación informativa, porque el peso de los medios de comunicación públicos ha ido reduciéndose progresivamente, como ha puesto de manifiesto, a través de numerosos informes, la Unión Europea de Radiodifusión (UER).

El contexto de austeridad ha afectado muy seriamente a la credibilidad de los medios de comunicación públicos, que han perdido competitividad y prestigio social. Sin duda, se ha generado un entorno en el que los medios públicos se han convertido en el blanco fácil de las críticas más duras y despiadadas. Para la lógica de los discursos maniqueos en blanco y negro, las radiotelevisiones públicas son excesivamente costosas, emplean miles de trabajadores “incompetentes y enchufados” y son un instrumento de propaganda ideológica. A fuerza de repetir estas falsedades hiperbólicas, una ciudadanía cada vez más desinformada termina creyendo estos mensajes simplistas, absolutamente falsos, que insultan a la inteligencia más elemental.

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Pero es verdad que no toda la carga de culpabilidad recae del lado de las formaciones políticas radicales. Lo cierto es que los propios medios de comunicación públicos llevan demasiado tiempo descuidando su misión de servicio público, y es urgente abordar reformas estructurales que les permitan su adaptación al actual entorno digital, social y cultural (Marzal y Zallo, 2016). En primer lugar, es necesario que los medios de comunicación públicos abracen plenamente la digitalización, mediante la adopción de estrategias de comunicación transmedia, que haga posible su presencia en las redes sociales que, actualmente, son una fuente de infoxicación permanente. En segundo lugar, debe asegurarse la credibilidad y calidad de los servicios públicos de RTV, haciendo posible una separación real entre la gestión de estas empresas públicas y el poder político, mediante la rendición de cuentas y el análisis de “indicadores de valor público” (Campos, 2012). En tercer lugar, es urgente que los contenidos de los medios de comunicación públicos reflejen diversidad y pluralidad, mediante el diseño de una oferta de contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que llegue a una amplia audiencia, que estimule el empoderamiento social y la participación ciudadana. En cuarto lugar, las radiotelevisiones públicas, estatal y autonómicas, deben servir para el desarrollo del sector audiovisual y de las industrias culturales y creativas del territorio. Asimismo, es necesario que los medios públicos desarrollen estrategias de colaboración entre ellos que, sin renunciar a la defensa de las identidades culturales, aspiren a la internacionalización y sirvan de motor para la innovación y el cambio social.

En definitiva, no hay que cerrar los medios de comunicación. El análisis de la situación política actual, y de nuestra realidad económica, social y cultural recomienda exactamente lo contrario de lo que reclaman las formaciones políticas aludidas, con altas dosis de demagogia y sin argumentos. Es muy urgente contar con unos medios de comunicación independientes del poder político, bien financiados para hacer bien su trabajo y que dispongan de las estructuras de control interno para garantizar la transparencia en la gestión, la rendición de cuentas a la sociedad y la participación ciudadana. No sólo son más necesarios que nunca los medios de comunicación públicos. Actualmente es extremadamente urgente la creación de un Consejo Audiovisual estatal, así como Consejos Audiovisuales autonómicos que, como autoridades reguladoras de los espacios públicos de comunicación, velen por la calidad y competitividad del sistema comunicativo español. Pero esto es otra historia. De momento, sería un gran avance que aprendamos de nuestra historia más reciente, y que se abandonen “ocurrencias” y “disparates” que responden a oscuros intereses, y que atentan gravemente contra la salud de nuestra joven democracia. _______________

Javier Marzal Felici es catedrático de Comunicación de la Universitat Jaume I