La Audiencia de Madrid mantiene la fianza de 18 millones a Rato pero reclama al instructor que la justifique

La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado mantener la fianza de 18 millones de euros impuesta al expresidente de Bankia Rodrigo Rato cuando se inició la investigación por el origen de su patrimonio, en mayo de 2015. Aún así, ha vuelto a advertir al juez instructor, Antonio Serrano Arnal, que debe justificar de forma "ponderada e imparcial" por qué considera que esta cuantía es la proporcional con los delitos que se imputan.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, la encargada de resolver los recursos relativos al caso Rato, recuerda en un auto -con fecha del pasado 18 de diciembre- que la cantidad fijada como responsabilidad civil ante una eventual condena ya ha sido estudiada en ocasiones anteriores y que ya entonces han explicado que la competencia para valorar y fijar la fianza la tiene el instructor.

En la última resolución sobre este asunto, la Sección rechazó la pretensión del exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) de rebajar el montante de 18 millones de euros e instó al titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid a que concretase dicha cantidad "a la luz de la evolución de la causa".

Ahora, en el auto que se ha dado a conocer este jueves, en el que se desestima el recurso de Rato contra la decisión adoptada el pasado 5 de noviembre por el juez Serrano Arnal, de rechazar la rebaja o eliminación de la fianza, los magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid ratifican sus argumentos y mantienen los 18 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Reclaman una respuesta concreta y detallada

Así, aprovechan para avisar una vez más al juez instructor de que debe realizar una "valoración jurídica" detallada sobre el examen y análisis de las pruebas e informes aportados a la causa por todas las partes durante los casi cuatro años de instrucción.

"Debe dar respuesta concreta, motivada, detallada, analítica, ponderada e imparcial de cuanto se le plantea, justificando sus conclusiones con razones apoyadas en los datos concretos que han ido accediendo a la causa, y no sobre validaciones genéricas", dice la resolución, de la que ha sido ponente el magistrado Celso Rodríguez. Es más, los magistrados añaden que no "alcanzan a comprender" cuál es la "sencilla operación aritmética" que el instructor indica que es "bastante" para justificar la "prudencia" con la que se fijó la cuantía en 2015 porque "no se especifican las cantidades a sumar por cada uno de los delitos y conceptos" por los que se mantiene abierta la causa.

Por otro lado, la Sección 23 de la Audiencia de Madrid responde a una de las alegaciones de la defensa sobre la inexistencia del delito de blanqueo de capitales externo, por el que está siendo investigado el que fuera exvicepresidente del Gobierno en la época de Aznar, y señala que no es ahora el momento de pronunciarse sobre "el curso de la investigación", sino de "revisar el ajuste a Derecho de las que ha de adoptar el titular del Juzgado de Instrucción".

Rato considera su fianza "desproporcionada" 

La defensa de Rato alegó en su recurso que la fianza es "desproporcionada" porque las "cuotas presuntamente defraudadas alcanzan un montante muy inferior" y que la cuantía "estaría muy alejada de la cantidad calculada en los primeros momentos de la instrucción".

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Es más, recalca que el instructor acordó la fianza basándose en el informe inicial de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), que siempre ha rechazado el expresidente de Bankia y por los que contrató a unos peritos para defender su inocencia.

El denominado caso Bankia está dividido en una decena de piezas en la que se investigan delitos fiscales y otros casos de corrupción relacionados con sus actividades y negocios que podrían haber favorecido a la fortuna familiar. El juez Serrano Arnal acordó el pasado 28 de noviembre la prórroga de esta investigación hasta junio de 2020.

Rato se encuentra en el centro penitenciario de Soto del Real cumpliendo la condena de cuatro años y medio de prisión por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid y Bankia. Además, se enfrenta a otros cinco años de cárcel por su presunta responsabilidad en la salida a bolsa de la entidad financiera que presidió, hechos por los que declarará la semana que viene como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional.