El juez anula oficialmente la orden de que se valió para requisar los móviles a dos periodistas

El juez Miguel Florit, que durante la investigación de las filtraciones del llamado caso Cursachrequisó hace tres semanas los teléfonos móviles de dos periodistas de Palma que no constan como imputados en la causa, ha dado marcha atrás tras la oleada de críticas y la querella planteada por los medios afectados, la agencia Europa Press y el rotativo Diario de Mallorca. En un auto fechado este miércoles 2 de enero, Florit desvela que la "intervención" de "determinados dispositivos de almacenamiento de información" se produjo en virtud de una resolución dictada el 11 de diciembre y que "fue anulada o dejada sin efecto" por otra que él mismo dictó diez días después, es decir, el día 21. 

El juez remarca que ese segundo auto contiene una certificación de que ni los móviles ni los ordenadores confiscados habían sido "abiertos, volcados ni examinados sus contenidos". Pese a que la anulación o revocación del auto del día 11 implica una rectificación, el juez sostiene que los dos periodistas entregaron sus teléfonos "sin protesta alguna". Y que podían haber recurrido la orden sin necesidad de contar para ello con los servicios de ningún abogado. Tanto Europa Press como Diario de Mallorca niegan de forma taxativa la versión de la entrega pacíficaDiario de Mallorca. 

"Los policías –dice el texto difundido por Europa Press tras conocerse el nuevo auto de Florit– exigieron a la periodista [Blanca Pou] toda la documentación relacionada con el caso que estuviera en su poder. Blanca Pou se negó a entregarla, apeló reiteradamente a su derecho profesional a no revelar las fuentes y pidió contactar con los servicios jurídicos de Europa Press. Los policías le negaron esta posibilidad y amparándose en el mandato judicial, se llevaron el teléfono personal de la periodista, dos ordenadores de la empresa y varios documentos en papel". "Por tanto –concluye la agencia– Europa Press insiste en que su periodista Blanca Pou no entregó voluntariamente el material que se le exigía y que en todo momento expresó su rechazo a la medida, así como su deseo de recibir asistencia jurídica".

Diario de Mallorca se pronuncia en términos casi idénticos: "El magistrado –se lee en la noticia difundida este jueves en su web– afirma que los dos informadores podían haber recurrido el auto de 11 de diciembre y asegura que también entregaron voluntariamente su material de trabajo. No obstante, los dos redactores se opusieron de partida, pero los agentes insistieron en la obligatoriedad de la entrega y no les dejaron ponerse en contacto con sus empresas ni con un abogado que les asesorara".

Admiten a trámite la querella de Europa Press y Diario de Mallorca contra la incautación de móviles a periodistas

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Una semana después de la inédita incautación, dos policías del Grupo de Blanqueo de Baleares fueron detenidos como presuntos autores de la revelación de secretos investigada por Florit. El juez había abierto esa pieza, de carácter secreto, tras las quejas de los abogados de Bartolomé Cursach, un importante empresario de la noche mallorquina que acabó viendo cómo la prensa aireaba de pronto el relato de los supuestos sobornos que supuestamente pagó durante años para blindar su imperio y hundir a la competencia.

Desarrollada con el apoyo expreso de la Fiscalía y sin precedente conocido, la confiscación de los teléfonos móviles con que ambos periodistas se comunican de manera habitual con sus fuentes abrió un encendido debate sobre la vulneración del secreto profesional, expresamente protegido por el artículo 20 de la Constitución. El derecho a no revelar las fuentes se ha considerado de manera unánime desde la restauración democrática como un requisito esencial para la libertad de información.

A raíz de la incautación, los dos periodistas y sus respectivos medios interpusieron una querella contra Florit que ya ha sido admitida a trámite por el Tribunal Superior de Baleares (TSJIB). Los querellantes atribuyen al magistrado tres delitos: prevaricación judicial, contra el secreto profesional de los periodistas y contra la inviolabilidad del domicilio.