El PP se encarga del cortejo a Vox mientras cierra el reparto de poder con Cs en Andalucía

La cuerda se ha tensado, pero no se ha roto. Dicho de otro modo: al menos hasta ahora, Vox aprieta pero no ahoga. PP y Cs negocian ya el reparto de un gobierno que será imposible sin el plácet de la formación de ultraderecha. A pesar de sus exigencias, Vox insiste en que "no será un obstáculo" para el cambio. Y desde PP y Cs, donde se muestran convencidos de que la sangre no llegará al río, coinciden en un mensaje: lo prioritario es "el cambio", apartar a Susana Díaz del poder, que el PSOE salga de San Telmo tras casi 37 años, un proyecto compartido que no se puede arruinar por una reclamación concreta. Pero no es una reclamación cualquiera, sino la exigencia de un cambio en el programa sobre violencia de género que supondría cambiar el consenso político en torno a un tema de profundo calado social. Ante las advertencias de Vox, que quiere "sentarse" a negociar, se ha repetido esquemáticamente la reacción de PP y Cs tras las exigencias planteadas por el partido de Santiago Abascal en la negociación sobre la mesa del Parlamento: Cs marca distancias y el PP asume el papel conciliador. La primera vez les salió bien y prevaleció lo que une a los tres partidos conservadores, el deseo de formar una mayoría nueva que saque al PSOE del poder.

Vox pide una modificación del acuerdo contra la violencia de género, un concepto que la formación de Santiago Abascal niega de raíz y que considera teñido de "ideología de género" y discriminación contra el hombre. En el torbellino de mensajes emitidos desde PP y Cs como reacción a la andanada de Vox en plenas navidades, ha habido de todo: abundantes apelaciones al "cambio" como prioridad; insistencia en todo lo que podría concitar consenso en el plano económico-fiscal, de "regeneración" o de reducción de estructura de la Junta; reacciones de firmeza en defensa del acuerdo ya alcanzado entre PP y Cs –especialmente desde Cs, tanto Albert Rivera como José Manuel Villegas y Juan Carlos Girauta– y también gestos conciliadores desde las filas populares, cuya dirección admite que la legislación sobre violencia de género podría modificarse.

"A mí hay aspectos de la Ley de Violencia de Género que no me gustan. No creo que los hombres y mujeres seamos culpables o víctimas por razón de sexo. Pero no puede ser una línea roja para el cambio. Esa ley [la andaluza] es mejorable y puede ampliarse a otros casos. Pero fue fruto de un pacto entre partidos que ponían lo mejor de su parte para intentar erradicar las cifras. No son tan preocupantes como en otros países pero existen, y hay que combatir la violencia desde todos los frentes", manifestó a través de Twitter la dirigente estatal del PP Isabel Díaz Ayuso, secretaria de Comunicación del partido y muy próxima a Pablo Casado. El mensaje es a la vez un gesto conciliador hacia Vox, con esa crítica a la legislación sobre violencia de género, y una defensa de la misma. Una posición ambivalente propia de los periodos de negociación difícil. Desde Andalucía, Loles López, secretaria general del PP-A, apeló al enemigo común de Vox y PP para convencer al partido de Abascal: "Es responsabilidad de todos que cuanto antes se forme gobierno, y estoy segura de que ningún grupo del bloque del cambio va a truncar lo que pidieron los andaluces en las urnas". López prometió diálogo con todos, incluido Vox, tanto ahora como durante la legislatura.

Menos contemporizadores se han mostrado los líderes de Ciudadanos, en línea con su actitud desde el 2 de diciembre. Tanto Rivera como Girauta, que dijo que no se moverá"ni una coma", han declarado el asunto "no negociable". Juan Marín, líder del partido en Andalucía, salió este jueves también en defensa del acuerdo. "Es mal comienzo condicionar el apoyo a un punto. Si Vox decide bloquear el Parlamento o que haya elecciones, tendrá que explicar por qué no hay cambio en Andalucía", afirmó, lamentando que haya 89 puntos del acuerdo –que tiene 90– de los que no se está hablando.

Esquema repetido

La fase de las conversaciones entre PP y Ciudadanos dedicada a la formación de un gobierno en Andalucía, una vez alcanzado un acuerdo de ambos partidos con Vox para hacerse entre los tres con el control de la mesa del Parlamento, está repitiendo el patrón de la primera fase de las negociaciones. Cs se empeña en reiterar que sólo busca un acuerdo con el PP y que lo que haga Vox no es asunto suyo. El PP insiste también en que su acuerdo es con Ciudadanos, aunque al mismo tiempo corteja al partido ultraderechista. Y Vox, apelando a las matemáticas, recuerda lo obvio: entre PP y Ciudadanos sólo suman 47 escaños, a 8 de la mayoría absoluta, por lo que los 12 de Vox son imprescindibles para investir a Juan Manuel Moreno (PP) y que este pueda nombrar a Juan Marín (Cs) vicepresidente.

La idea de un acuerdo para conformar en la mesa una mayoría conservadora sin contar con Vox ya se desveló ficticia la semana pasada. El partido de Santiago Abascal formó parte del acuerdo con Cs y PP, incluidas reuniones entre sus dirigentes autonómicos y estatales. También es inviable ahora un acuerdo de investidura para apear al PSOE del poder que no pase por Vox, como se ha encargado de recordar Santiago Abascal. La diferencia es que en la primera fase de la negociación Vox pidió voz y voto en la mesa. Aunque mediante la fórmula de un cambalache que pretendía disimular la participación de Cs, Vox se salió con la suya. Ahora lo que pide, aunque sin concretar, es más delicado: una modificación del acuerdo alcanzado por PP y Ciudadanos para combatir la violencia de género. Una modificación que se basa en una posición ideológica de Vox sobre la materia que parte sobre la base de que las políticas desarrolladas hasta ahora son erróneas, injustas y discriminatorias contra el hombre.

Serrano y la "dictadura de género"

El punto del acuerdo PP-Cs que Vox rechaza recoge el "impulso de un gran acuerdo contra la violencia de género en Andalucía que desarrolle en nuestra comunidad los avances logrados con la aprobación del pacto de Estado" en la materia "y que implemente, con dotación presupuestaria suficiente, todas y cada una de las medidas previstas" en la ley andaluza contra esta forma de violencia. La posición de Vox contraria a este punto es coherente con la trayectoria de Francisco Serrano, su referente en Andalucía, que tiene una fijación contra la "ideología de género" y el feminismo y es un firme defensor de la tesis de que la legislación de género lleva a una discriminación masiva contra los hombres y a una ingente cantidad de denuncias falsas. Serrano fue condenado en firme por prevaricación por favorecer injustamente al padre en un régimen de visitas para que el niño saliera como paje en la Semana Santa de Sevilla, lo que lo convirtió en un héroe del radicalismo derechista y a la postre facilitó su salto a la política. Vox también es coherente con su programa electoral andaluz, que recoge la supresión de esta norma. Es una de las principales discrepancias del partido ultraderechista con Cs y PP, con los que grosso modo coincide en numerosos aspectos sobre educación, modelo administrativo y fiscalidad.

Los mensajes de Vox han sido equívocos. Francisco Serrano incendió el tema el miércoles con un mensaje en Twitter: "Esos pactos que los suscriban con PSOE y Podemos. En política social todos siguen, con sumisión lanar, los mandamientos de la dictadura de género. ¿Dónde el cambio? Vox no aceptará los acuerdos firmados por PP y Cs para impulsar leyes de género en Andalucía", escribió, enlazando a una noticia de Ok diario titulada así: "Vox no aceptará los acuerdos firmados por PP y C’s para impulsar leyes de género en Andalucía". Dicha noticia se refería expresamente a la ley andaluza contra la violencia de género, que pretende proteger a las mujeres de la violencia.

Reconocimiento y logro

Después Serrano ha escrito entre miércoles y jueves cuatro tuits protestando por las supuestas "manipulaciones" a su primer mensaje por parte de la "prensa" y la "izquierda". Finalmente Santiago Abascal, jefe del partido, escribió este jueves once tuits encadenados –lo que se conoce como hilo– para intentar aclarar la cuestión. Abascal insistió en que no será "obstáculo" para el cambio, protestó por las "manipulaciones" sobre la postura de Vox, recordó que en 2016 Cs defendía una "ley contra la violencia intrafamiliar" e hizo una exigencia: "Cs y PP no tienen mayoría suficiente para sostener ese pacto. Cualquier persona sensata entiende que, para conseguir los votos que les faltan, tendrán que negociar con otros. Por lo tanto, como es lógico, si Cs y PP quieren los votos de Vox, tendrán que sentarse con Vox para escuchar el programa electoral que representan nuestros 12 diputados. Y atender, en la justa medida de esos doce diputados, ni más ni menos, las demandas de 400.000 andaluces".

Al igual que en la primera fase de las negociaciones, Vox quiere un reconocimiento como interlocutor y un logro político concreto que ofrecer a su electorado. Ya lo consiguió antes del pleno de la semana pasada. Francisco Serrano y Juan Manuel Moreno se reunieron en un hotel de Sevilla tras el arranque de las negociaciones de PP y Cs. Y Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith –números 2 de PP y Vox– pusieron por escrito oficialmente su acuerdo a las puertas de la constitución del Parlamento. Vox entró de lleno en la operación a tres para conquistar la mayoría de la mesa del Parlamento, aunque de cara a la galería fue el PP el que alcanzó dos acuerdos, uno con Cs y otro con Vox, materializados ambos pero sin mezclar ante la opinión pública a los de Albert Rivera con los de Santiago Abascal. ¿Es posible una solución similar ahora, cuando no se juega un puesto en la mesa del Parlamento sino tocar el acuerdo de PP y Cs en un tema socialmente tan sensible como la violencia contra las mujeres? Se verá. Vox afirma que tras el pleno del Parlamento aún no ha habido "contactos formales". Pero la número dos del PP andaluz, Loles López, ya señala que su partido "va a hablar con todas las formaciones políticas", ahora y durante toda la legislatura. El esquema de la primera fase negociadora se repite.

Calendario y reparto

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La fecha tope para elegir un candidato de cara al pleno de investidura, previa ronda de contactos con la nueva presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs), es el 16 de enero. Estamos todavía en la primera semana de negociaciones para la investidura, después de haber salvado con apuros el hito de la constitución parlamentaria del 27 de diciembre. Además no deja de ser una semana de Navidad. Hay dirigentes de vacaciones.

No obstante, PP y Cs están negociando sin prisa ni pausa cómo será el Gobierno. Este mismo jueves hubo reunión. Si Vox finalmente apoya la investidura, la presidencia será para Moreno (PP), previsiblemente la vicepresidenta recaería en Marín (Cs). Las consejerías más codiciadas son Economía, Hacienda, Educación y Sanidad. No sería sorprendente una solución salomónica. Cs quiere una consejería de "Regeneración" y un gobierno que refleje el "empate técnico" entre ambas formaciones en las elecciones del 2 de diciembre, donde el PP le sacó a Cs cinco escaños y menos de 90.000 votos. Cuando todo eso esté cerrado, tocará proponer a Moreno como candidato a presidente y poner fecha al pleno de investidura. La fumata blanca sólo será posible si Vox quiere.

En caso de que la semana que viene PP y Cs no tengan garantizado el apoyo de Vox, Susana Díaz intentaría ser candidata a la investidura presentando como aval los 33 votos del PSOE y, en su caso, los 17 de Adelante Andalucía. Es imposible que sea elegida presidenta. Es más, es improbable que Adelante Andalucía la votara. Y aunque Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU) se mostrasen a favor, en el pleno no conseguiría la investidura en ningún aso. Siempre tendría los 59 votos de PP, Cs y Vox en contra. Lo que sí intentará Díaz es recordar con el intento a todo el mundo que el PSOE fue el partido más votado. Y subrayar la dependencia que PP y Cs tienen de Vox.