Una sala dominada por consejeros elegidos a propuesta del PP decidirá si confirma la condena del Tribunal de Cuentas a Ana Botella

Tres consejeros del Tribunal de Cuentas, dos de los cuales accedieron en 2012 al órgano fiscalizador a propuesta del PP y el tercero a instancias del PSOE, revisarán la sentencia que condena a la exalcaldesa Ana Botella y seis de sus antiguos ediles a pagar 22,7 millones por el daño que la venta de 1.800 pisos públicos al fondo buitre Blackstone infligió en 2013 a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid.

Los dos consejeros que llegaron al tribunal de la mano del PP son Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar, y el presidente de la sección de enjuiciamiento: José Manuel Suárez Robledano, miembro de la comisión de gobierno del tribunal, exmagistrado del Tribunal Superior de Madrid (TSJM), antiguo portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y uno de los puntales del sector conservador en el máximo órgano fiscalizador.

El tercer miembro de la Sala de Justicia, nombre oficial del órgano de apelación en el Tribunal de Cuentas, es Felipe García Ortiz, que ocupó diversos cargos de segundo nivel en Gobiernos del PSOE y que, como los anteriores, forma parte del órgano fiscalizador desde julio de 2012.

Dado que la sección de enjuiciamiento del tribunal está integrada por cuatro consejeros, la Sala de Justicia queda siempre integrada por el presidente de la sección, ahora Suárez Robledano, y por los dos consejeros que no hayan dictado la sentencia recurrida. En este caso, fue María Antonia Lozano, consejera elegida en 2012 a propuesta del PSOE y de IU, la que dictaminó sobre lo sucedido con la venta de pisos de la EMVS.

El Tribunal de Cuentas no establece ningún plazo cerrado para resolver los recursos ya anunciados por los condenados de la Operación Blackstone. ¿Es previsible que la sentencia de segunda instancia se conozca antes de las elecciones municipales de mayo? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Pero lo habitual, aseguran fuentes extraoficiales iniciadas en los ritmos del tribunal, es que el trámite de apelación dure más.

A comienzos de año, Lozano solicitó abstenerse invocando su relación de amistad con Marta Higueras, ahora mano derecha de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid y presidenta de la EMVS. Pero la misma Sala de Justicia que ahora revisará la sentencia contra Botella denegó su petición. ¿Encerraba aquella decisión y bajo el espaldarazo formal a la imparcialidad de Lozano un arma capaz de mostrar ahora su doble filo? Lo único incontestable es que su solicitud de abstención fue denegada. Y que ninguno de los demandados la recusó tampoco.

Ahora bien, incluso en el supuesto de que la sentencia resulte confirmada, a los condenados les queda otra carta: plantear un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, que es la encargada de resolver sobre los litigios que afectan a las distintas administraciones públicas. Si, por el contrario, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas revoca la resolución, también la EMVS está facultada para acudir al Supremo.

En cualquier caso, si el procedimiento llega al alto tribunal, el dictamen definitivo tardará años. Tampoco aquí hay plazos fijados pero una consulta a sentencias anteriores sobre recursos contra resoluciones del Tribunal de Cuentas indica que el fallo puede demorarse años. En el caso más reciente de esta naturaleza entre aquellos que pueden consultarse en la base de datos del Poder Judicial, relativo al Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, transcurrieron nada menos que seis años entre la primera sentencia del Tribunal de Cuentas y la última dictada por Tribunal Supremo, que puedes leer pinchando aquí.

La resolución del Tribunal de Cuentas condena a Botella y sus seis ediles a pagar de forma solidaria 22,7 millones por la Operación Blackstone y eleva la cifra hasta 25,7 millones para un octavo miembro de su antiguo equipo –el ex consejero delegado de la EMVS– porque le considera también responsable de provocar un segundo quebranto a las arcas locales con la venta de otro pequeño lote de viviendas a dos empresas ajenas al fondo buitre. 

Dos consejeros del Tribunal de Cuentas afines al PP revocan la condena a Botella y su equipo por la venta de viviendas públicas a un 'fondo buitre'

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A lo largo de 90 páginas, el fallo confirma que Blackstone tuvo información privilegiada y desgrana las múltiples irregularidades que concurrieron en el procedimiento de venta, que define como "ilegal". 

Pero la sentencia no establece ninguna responsabilidad penal sino solo y exclusivamente de índole contable. La respuesta a la pregunta de si, además de realizar una gestión económica lesiva para el erario público, Botella y los suyos delinquieron está pendiente de las diligencias abiertas en un juzgado de instrucción de Madrid y en las que tanto el PSOE como la asociación de inquilinos afectados ejercen la acusación desde que en 2014 interpusieron querella por malversación, prevaricación y fraude.