La Autoridad Fiscal propone retrasar la edad efectiva de jubilación y calcular la pensión con los últimos 35 años cotizados

El perenne debate sobre las pensiones ha estado enfocado durante los años de la crisis y la posterior recuperación económica en la amenaza sobre la sostenibilidad del sistema público. Primero se centró en la contención del gasto, cuando las medidas del Gobierno se dirigieron a desligar la subida anual de las pensiones del IPC y a recortar la cuantía de la prestación según la esperanza de vida. Después las discusiones se orientaron hacia la necesidad de aumentar los ingresos del sistema mediante iniciativas que aún están sobre la mesa de la comisión del Pacto de Toledo. Aparcados quedaron los llamados cambios paramétricos, una vez que la reforma de 2011 había aumentado ya la edad de jubilación hasta los 67 años, el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y los años necesarios para cobrar el 100% de la prestación de 35 a 37. Ampliaciones que se están aplicando de forma gradual y culminarán en 2027.

Sin embargo, la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) ha vuelto a poner el foco en los parámetros del sistema como mecanismo para afrontar el impacto del envejecimiento de la población sobre la sostenibilidad de las pensiones públicas. A  su juicio, debe distinguirse entre el déficit que sufre la Seguridad Social desde 2012 y el problema demográfico que amenaza con disparar el gasto en pensiones en el futuro.

La Autoridad Fiscal calcula que la Seguridad Social sufre un déficit estructural de entre el 1,3% y el 1,5% del PIB, unos 17.400 millones de euros. Y recomienda que se compense de forma inmediata y completa para reducir la “incertidumbre sobre la sostenibilidad del sistema” que, según explica en el informe hecho público este miércoles, “distorsiona la toma de decisiones” tanto de los pensionistas como de los cotizantes, recorta el consumo y provoca una “desafección generalizada con el funcionamiento del sistema”.

Pero para afrontar los problemas que se adivinan en el largo plazo, la AIReF propone una solución “factible, creíble y consistente intertemporalmente”. Como, según sus cálculos, la aplicación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) creado en la reforma de 2013 y que sube estas prestaciones sólo un 0,25% mientras el sistema incurra en déficit, reduciría el gasto total desde el 13,4% del PIB al 11,3% en 2048 pero sólo a costa de recortar nueve puntos la tasa de cobertura de las pensiones –la relación entre el salario medio y la pensión media–, la Autoridad Fiscal considera que esta “cuasi-congelación” de las pensiones se ha demostrado “insostenible políticamente”.

El organismo que preside José Luis Escrivá se refiere en esos términos a la suspensión del IRP tanto en 2018 como este año, que ha supuesto la recuperación del IPC como mecanismo para actualizar las pensiones. Primero fue el Gobierno de Mariano Rajoy y después el de Pedro Sánchez, pero ambos cedieron ante las movilizaciones multitudinarias de los jubilados que clamaban por unas pensiones “dignas”. Finalmente, el Pacto de Toledo ya ha acordado en una de las recomendaciones que lleva dos años revisando regresar al IPC para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas. Aunque todavía falta la derogación definitiva del IRP, que el Gobierno quiere negociar con la patronal y los sindicatos en los próximos seis meses.

En lugar del IRP y para garantizar pensiones “suficientes”, además de sostenibles, la AIReF propone “profundizar en las reformas paramétricas” aprobadas en la reforma de 2011. El organismo independiente cree que España “aún tiene recorrido” para igualar los parámetros del sistema público con los de otros países de la Unión Europea. En concreto, plantea retrasar la edad efectiva de jubilación y ampliar el periodo para calcular la cuantía de la pensión “más allá de los 25 años” actuales.

Un recorte del gasto de hasta 1,6 puntos del PIB

Respecto a la primera medida, propone acercar la edad efectiva de jubilación, situada en 62,7 años, a la legal –este año fijada en 65 años y ocho meses–, sin retrasar esta última, que llegará a 67 años en 2027. La edad efectiva de retiro en España queda por debajo de la media de la OCDE, que está en 64,3 años. Aumentando sólo un año la edad efectiva –desincentivando las jubilaciones anticipadas, por ejemplo– se frenaría el gasto en pensiones entre 0,4 y 1,2 puntos del PIB en 2048 e incluso mejoraría la tasa de cobertura, que es una forma de medir la suficiencia de la prestación.

Respecto a la segunda, aunque la AIReF deja caer que “lo más habitual” en Europa es que se utilice toda la vida laboral para fijar el importe de la pensión una vez jubilado, precisa que, si se tienen en cuenta los 35 últimos años de cotización, en lugar de los 25 establecidos en la reforma de 2011, el gasto en pensiones se reducirá en 0,55 puntos porcentuales del PIB en 2048. Y, pese a que la tasa de cobertura bajaría dos puntos, se reforzaría la contributividad del sistema –la relación entre lo que se cotiza y lo que se recibe como pensión–, resalta.

La combinación de ambas iniciativas se traduciría en un ahorro de entre 0,8 y 1,6 puntos del PIB en 2048 y dejaría la tasa de cobertura entre el 53% y el 55% –la actual es del 57%–. De esta forma, el gasto en pensiones públicas alcanzaría el 12,6% ese año, dos puntos más que en 2018 y 1,3 puntos más que si continuara aplicándose el 0,25% del IRP.

La AIReF recomienda aprobar estos cambios “con el consenso político y social más amplio posible”. Según las fuentes consultadas por infoLibre, la comisión del Pacto de Toledo ha discutido la conveniencia de abordar este tipo de modificaciones, pero el acuerdo resulta complicado. Por ejemplo, Podemos rechaza tanto que se aumente la edad de jubilación como que se amplíe a toda la vida laboral el periodo de cálculo de la pensión. En el primer caso por el elevado paro juvenil y en el segundo, por los problemas de cotización que implican la entrada cada vez más tardía de los jóvenes en el mundo laboral y el paro de larga duración de los expulsados durante la crisis.

Que el Estado asuma gastos de la Seguridad Social

Para atajar el déficit estructural de la Seguridad Social en el corto plazo, la Autoridad Fiscal considera “factible” que el Estado asuma los gastos de funcionamiento de la Seguridad Social –4.000 millones de euros–, las subvenciones a la contratación indefinida –2.000 millones–, las subvenciones a regímenes especiales de cotización –1.000 millones– y las prestaciones por maternidad y paternidad. Todas estas partidas se pagan ahora con las cotizaciones que trabajadores y empresas abonan en sus nóminas a la Seguridad Social. La AIReF propone que se financien a cargo de los Presupuestos Generales, una solución que también ha sido publicitada por los sindicatos UGT y CCOO, y que se está debatiendo en el Pacto de Toledo. Además, el Estado ya ha realizado transferencias para pagar las extras de las pensiones en los dos últimos años, a fin de no dejar a cero el Fondo de Reserva. E incluso el anterior Ejecutivo del PP expuso en su día como posibilidad que las pensiones de viudedad se financiaran con cargo a los Presupuestos del Estado.

También plantea el organismo independiente que, sin elevar la cuantía de las cotizaciones sociales, se modifique el peso relativo de las que se destinan a contingencias comunes –el pago de las pensiones– y las dedicadas a las prestaciones por desempleo y que gestiona el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE). Ahora, explica el informe de la AIReF, de casi 36 puntos de cotización, ocho se destinan a la prestación del paro, una cifra que casi duplica el porcentaje medio pagado en los países de Europa. El organismo calcula que habría de reducirse 3,5 puntos la cotización por desempleo para traspasar 10.400 millones de euros a financiar las pensiones. En ese caso, el SEPE, que ahora termina cada ejercicio con un superávit de 1.500 millones de euros, pasaría a cerrar con un déficit de 9.000 millones, que debería ser cubierto con transferencias del Estado. La AIReF parte de la base de que el déficit de la Seguridad Social debe ser considerado como un problema del conjunto de las administraciones públicas. En su opinión, la “diferenciación presupuestaria” entre subsectores de la Administración es una “demarcación artificial” que conduce a tomar decisiones “incongruentes”. De ahí que el Estado deba asumir ciertas responsabilidades de gasto de la Seguridad Social para acabar con el déficit.

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El problema, entre 2030 y 2040

Según su análisis, ese déficit tiene su origen en el desplome de las cotizaciones sociales –los ingresos del sistema– por culpa de la crisis, mientras que el gasto en pensiones ha seguido creciendo casi al mismo ritmo en que lo hacía antes de la recesión económica. Aunque con la recuperación de los salarios los ingresos del sistema mejorarían unas dos décimas, la subida de las pensiones según el IPC aprobada para 2018 y 2019 supondrá un aumento del gasto de tres puntos anual. De forma que hasta 2028, prevé la AIReF, el alza del gasto en pensiones públicas será “moderada”, pero se acelerará cuando se jubile la generación del baby boom y se estabilizará a partir de 2040baby boom. El gasto crecerá un 4,2% anual, consecuencia de un aumento del 1,5% en el número de pensionistas y de un 2,6% de la pensión media.

En cualquier caso, esa proyección puede variar dependiendo de otros factores, como la inmigración, la tasa de fecundidad o el crecimiento de la productividad, advierte la Autoridad Fiscal. Así, un aumento de 50.000 personas anuales hasta 2048 equivaldría a un recorte en el gasto de pensiones de cuatro décimas, unos 5.000 millones de euros. Por cada 0,1 hijos adicionales por mujer, el ahorro sería de una décima del PIB. Y por cada 3,4 años de ampliación de la esperanza de vida el gasto se frenaría otra décima más. Si la productividad mejora dos décimas, el gasto se reduce tres décimas y si la población activa crece dos puntos, el ahorro se traduce en dos décimas más. Finalmente, la bajada del paro en 2,5 puntos equivale a una contención del gasto en pensiones de otras tres décimas.