Claves para no perderse en el espionaje político-financiero del excomisario Villarejo

Ninguna esfera ha logrado escaparse de los tentáculos de José Manuel Villarejo. Ni la judicial, ni la política, ni tampoco la financiera. En 2004, el BBVA contrató los servicios del excomisario de la Policía Nacional para intentar tirar por tierra el movimiento iniciado por la constructora Sacyr para hacerse con el control del banco y forzar la salida de Francisco González de la presidencia de la entidad, según ha revelado una investigación conjunta de El Confidencial y Moncloa.com. Las pesquisas de Villarejo, que se prolongaron al menos durante tres meses, se articularon en forma de espionaje masivo sobre todos aquellos actores implicados en la operación para intentar inutilizar el asalto. Las maniobras del presunto cerebro de la operación Tándem, que se encuentra en prisión provisional desde hace más de un año, están siendo analizadas tanto por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como por el propio BBVA, que en verano abrió una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por el excomisario.

Los afectados del espionaje político-financiero, por su parte, estudian la posible interposición de una querella colectiva contra Villarejo y la entidad. En este sentido, y a raíz de las informaciones conocidas hasta el momento, el catedrático de Derecho Penal Joan Josep Queralt entiende que podrían haberse cometido varios delitos. Por un lado, pone la lupa sobre la “intercepción de las comunicaciones” y el “tráfico de las comunicaciones”. Por otro, entiende que habría que analizar si se emitieron facturas falsas en relación con todos esos trabajos o si las escuchas ilegales realizadas han servido para “obtener información confidencial” o para “realizar alteraciones de la competencia”, así como si han sido utilizadas para “amenazas” o “chantajes”.

  La operación por la que se fichó a Villarejo

La operación de Sacyr Vallehermoso sobre el BBVA arrancó a finales de noviembre de 2004, cuando el consejo de la constructora dio su autorización al entonces presidente del grupo, Luis del Rivero, para tomar una participación en la entidad financiera pero poniendo como condición previa la consecución de una declaración de “no oposición” del Banco de España. Con la iniciativa en marcha, Sacyr puso sobre la mesa de la CNMV su idea de hacerse con una participación del 3,1%, a la que se podría sumar otro 0,5% que tenían intención de adquirir sus consejeros Demetrio Carceller y Juan Abelló, algo que rechazó de plano el regulador de los mercados al entender que era incompatible la presencia de un mismo consejero en dos compañías rivales –Abelló también estaba en el consejo de administración del Banco Santander–. El Banco de España, por su parte, evitaba pronunciarse sobre la validez de una operación que Sacyr definía como “estrictamente empresarial”.

El enfrentamiento a cara de perro estaba servido. Veinticuatro horas después, la entidad remitió un duro comunicado a la CNMV en la que el consejo apoyaba la gestión de su presidente y despreciaba la intención de la constructora de entrar en el órgano de gobierno del banco. Pocos días después, González insistía en su rechazo a accionistas “que resten o dividan”, mientras que Sacyr reiteraba que el movimiento sería beneficioso para ambas empresas. En enero de 2005, la política entró en juego. El entonces ministro de Economía, Pedro Solbes, que semanas atrás había negado cualquier interferencia política en el proceso, pidió a ambas partes encontrar una solución negociada que preservase la “españolidad” y “estabilidad” de la entidad. Una semana después, la CNMV comenzó a investigar la venta de FG Valores, la firma de Bolsa de González, a Merrill Lynch en 1996, pesquisas que acabaron archivadas. Finalmente, en febrero, Sacyr desistió en su intento de asaltar el BBVAasaltar.

  El espionaje del excomisario

El objetivo final del movimiento empresarial de Sacyr era entrar en el órgano de dirección del banco para desbancar a Francisco González al frente del mismo. Natural de Chantada (Lugo), el bróker asumió el cargo de presidente de Argentaria en mayo de 1996, un par de meses después de vender al banco de inversiones norteamericano la firma bursátil que creó en la década de 1980. El suyo fue el primer cambio en las empresas públicas impulsado por el Gobierno de José María Aznar, interesado en abordar la privatización total de la entidad. González no dudó en aceptar la propuesta que puso sobre su mesa el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato. Y en el cargo, primero de Argentaria y luego del BBVA, se mantuvo el lucense hasta finales del pasado diciembre, cuando abandonó la presidencia con una pensión multimillonaria: 79,7 millones de euros.

Para tratar de frustrar las intenciones de la constructora, el BBVA contrató los servicios del excomisario Villarejo. El acuerdo se selló a través de varios contratos entre el banco y una de las firmas que dependían del holding montado por el agente –los primeros están fechados cinco días después de que Sacyr anunciara a la CNMV sus planes–. Comenzó así la denominada operación Trampa, por la que según la documentación confidencial la entidad se habría comprometido a pagar al comisario un mínimo de 360.000 euros más IVA, más otro pago adicional de 120.000 euros a abonar cuando se hubiera conseguido frenar la ofensiva. El policía, que entonces estaba en activo, inició entonces un espionaje masivo a todos los protagonistas de la maniobra realizada por la constructora –así como a su entorno más cercano– con el objetivo de descubrir trapos sucios que filtrar a los medios para desprestigiar la entrada de Sacyr en el órgano de dirección de la entidad financiera.

Para ello, Villarejo recurrió a los pinchazos telefónicos, aunque fuentes pulsadas por infoLibre no descartan que se hubieran realizado también seguimientos sobre la vida privada de los investigados. En sólo tres meses, según los datos publicados, el agente podría haber accedido presuntamente al contenido de 15.000 conversaciones. En el listado de pinchazos, casi 4.000 teléfonos distintospinchazos. Algunos son del Congreso de los Diputados. Otros, del Ministerio de Asuntos Exteriores, Economía e, incluso, de la sede del PSOE en la calle Ferraz. Entre los afectados, el entonces presidente de Sacyr, Luis del Rivero; el exconsejero de la constructora Juan Abelló; el que fuera abogado del grupo Prisa Matías Cortés; o los entonces presidente y vicepresidente de la CNMV, Manuel Conthe y Carlos Arenillas, respectivamente. El excomisario también habría proporcionado al BBVA conversaciones en las que participaron el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa y la vicepresidenta del Gobierno, Miguel Sebastián y María Teresa Fernández de la Vega.

Los afectados, aunque reconocen la existencia de esas llamadas, no pueden confirmar que las conversaciones fueran tal y como las refleja el excomisario en las transcripciones remitidas a la entidad financiera. No se descarta que Villarejo pudiera haber manipulado a su antojo las conversaciones.

  La relación del BBVA con el policía

La relación del BBVA con Villarejo se prolongó durante años, convirtiéndose la entidad financiera en uno de los clientes más preciados de un comisario que también estaba a sueldo de otras tantas empresas del Ibex 35, como por ejemplo Iberdrola, que en 2004 le habría pagado 116.000 euros por “servicios de inteligencia”, tal y como desveló Público. Además del espionaje masivo para frenar la operación de Sacyr, el banco habría contratado, según reveló en su momento El Confidencial, a una de las empresas de Villarejo para investigar a la asociación Ausbanc y a su presidente, Luis Pineda, detenido junto con el líder del sindicato ultra Manos Limpias, Miguel Bernard, por extorsionar presuntamente a empresas o entidades financieras. Preguntado por El País Semanal, González no ha desmentido los pagos al excomisario, pero sí afirma que no estaba al corriente de ellos: “Yo sabía que el banco llevaba a cabo trabajos de inteligencia para defenderse. Hasta donde sé, se han hecho las cosas como hay que hacerlas”.

Este martes, pocas horas después de conocerse el espionaje político-financiero, la entidad financiera ha asegurado que lleva meses investigando las relaciones del banco con firmas del presunto cerebro de la operación Tándem. “En relación con las informaciones publicadas sobre el Grupo Cenyt, que de ser ciertas revestirían una indudable gravedad, BBVA manifiesta que en junio de 2018 inició una investigación sobre la contratación y los servicios prestados por dicha empresa. Además solicitó a un despacho externo de abogados una revisión independiente de los hechos y de la documentación disponible. Ambas actuaciones están en curso en la actualidad”, señaló el banco en un comunicado, en el que añadió que si de las pesquisas “se acreditara la existencia de irregularidades” se tomarán “las medidas internas que procedan” y “las acciones judiciales pertinentes”.

El BBVA no solo ordenó a Villarejo pinchar teléfonos sino también seguir físicamente al número dos de la CNMV

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  Investigaciones y posibles delitos

También se ha puesto manos a la obra la CNMV. El regulador de los mercados se encuentra estudiando el impacto que puede haber tenido el espionaje de Villarejo. Y lo está haciendo desde una doble perspectiva. Por un lado, pone el foco en que la responsabilidad patrimonial que este caso pueda tener para el banco tenga un reflejo adecuado en sus cuentas. Y, por otro, en lo relativo a la seguridad de sus comunicaciones internas, el organismo se está centrando en averiguar si puede haber agujeros en la misma tras conocerse que entre los espiados figuran un presidente y un vicepresidente de la CNMV. “Creemos que no, ha pasado ya algún tiempo y los protocolos y herramientas de ciberseguridad han mejorado mucho, pero hay que analizarlo”, explicaron a Europa Press fuentes del regulador, que añadieron que por cuestión de competencias no pueden ir “más allá” y aseveraron que si de las pesquisas se deriva alguna actuación judicial, se colaborará con la justicia.

Los afectados, por su parte, están estudiando la posibilidad de interponer una querella colectiva en relación con las intervenciones, que según explican a infoLibre fuentes de Anticorrupción se encuentran incorporadas “en el procedimiento de Villarejo”, por lo que el juzgado que instruye la causa “ya conoce de ello”. Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, entiende que, con las informaciones conocidas hasta el momento, podrían haberse cometido varios delitos. En primer lugar, pone el foco en la intercepción de las comunicaciones y el tráfico con las comunicaciones. “Luego, habría que ver cómo se ha pagado y si se ha declarado, porque si no se han declarado los objetos reales hablaríamos de facturas falsas. Además, habría que analizar si [las escuchas] han servido para obtener información confidencial o para alterar los precios de las cosas, alteraciones de la competencia”, analiza Queralt, que tampoco descarta otros como “amenazas o chantaje”.