Sánchez mantiene en secreto sus datos fiscales ocho meses después de llegar al Gobierno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha roto con la iniciativa, adoptada por Mariano Rajoy, de ofrecer en la página web de la Moncloa los datos de sus retribuciones, renta y patrimonio. Al menos, de momento. Casi ocho meses después de llegar a la Presidencia del Ejecutivo tras lograr los apoyos en la moción de censura, esa información no figura en el portal del Gobierno en internet. Sí pueden consultarse los datos de su predecesor entre los años 2003 y 2016.

Fue el 9 de febrero de 2013 cuando el entonces presidente del Gobierno y líder del PP hizo públicos esos datos. Era un compromiso que había adquirido días antes en un Comité Ejecutivo extraordinario de su formación. Un ejercicio de transparencia al que no le obligaba ninguna ley pero al que Rajoy llegaba arrastras. Movido por la publicación de los famosos Papeles de Bárcenas.Papeles de Bárcenas

"El presidente del Gobierno ha asumido una decisión personal. Ha sido el primer presidente de la democracia que hace públicas sus declaraciones de renta y patrimonio y de aquellos elementos tributarios que considere relevantes", había destacado la por entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

La web de La Moncloa publica las retribuciones de Rajoy y sus declaraciones de la renta y de patrimonio desde 2003 a 2016. A estos datos, a los que todavía puede accederse, se llegaba a través de unos enlaces ubicados junto a la biografía del expresidente. En la biografía de Pedro Sánchez no figura una información similar Pedro Sánchezy, de hecho, el enlace ha desaparecido.

El Gobierno no responde

infoLibre ha intentado, sin éxito, que el Ejecutivo responda a estas dos preguntas:

1. ¿Por qué no ha publicado todavía el Gobierno en la página de la Moncloa las retribuciones, resumen de renta y resumen de patrimonio del presidente del Gobierno Pedro Sánchez?

2. ¿Existe una previsión al respecto?

Esas preguntas fueron planteadas por este periódico por primera vez hace dos semanas. Y, desde entonces, se ha preguntado a sus portavoces en varias ocasiones. Pero no han respondido.

Pedro Sánchez no es diputado, por lo que la web del Congreso no refleja sus declaraciones de bienes y rentas y actividades. En la página web del Partido Socialista sí figuran unos datos básicos de su líder sobre ingresos, donaciones y bienes que abarcan el periodo 2015-2017. Así, con fecha de 28 de septiembre de 2017, declaraba unos ingresos de 4.134,23 euros netos al mes y 13.711,20 euros anuales en concepto de alquiler de un inmueble.

Declaraciones de bienes de altos cargos

Ya en la Moncloa, el Gobierno socialista publicó a finales del pasado septiembre las declaraciones de bienes de altos cargos, no sólo las de este primer mandato de Pedro Sánchez sino también las de la etapa de Mariano Rajoy. En el caso de los datos correspondientes a los altos cargos de la época del Partido Popular en el Gobierno, estas declaraciones estaban presentadas desde 2014 pero no se habían publicado, puesto que el Gobierno de los conservadores entendía que para ello era necesario un reglamento que desarrollase la Ley del Alto Cargo de 2015.

Un día antes de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) hiciese públicos las citadas declaraciones, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto de desarrollo de la citada ley.

Según figura el documento, el presidente dispone de un activo de 342.990 euros y un pasivo de 192.026 euros.

Sánchez hizo este ejercicio de transparencia en un momento en el que varios miembros de su gabinete estaban en el punto de mira. Pero todos los expertos en transparencia consultados coinciden en que se podría haber ido más lejos.

El BOE publicó por cada alto cargo un listado con los siguientes datos: bienes inmuebles, depósitos bancarios, acciones y participaciones en el capital social de instituciones de inversión colectivas negociadas, acciones y participaciones en el capital social de entidades jurídicas negociadas, seguros de vida y demás bienes de contenido económico y pasivo. A cada uno de estos conceptos les correspondía una cifra. Nada más.

Con lo publicado es imposible conocer si existen posibles conflictos de intereses puesto que no figuran las entidades con las que los altos cargos tienen contraídas las deudas o las empresas en las que tienen acciones.

El recurso permanente a la Ley de Secretos Oficiales

Desde su llegada a la Moncloa, la oposición ha intentado sacar los colores al Gobierno de Sánchez a cuenta de la transparencia. No es que la opacidad sea una seña de identidad exclusiva de los socialistas en el Ejecutivo. El celo con el que se guardan algunos datos que, a ojos de los expertos en la materia deberían ser públicos, no es una novedad. También ocurría cuando Rajoy ostentaba la Presidencia del Ejecutivo. Sin embargo, uno de los principales problemas ante el que se encuentra Sánchez en esta parcela es haber hecho bandera de la transparencia cuando estaba en la oposición. El haber querido marcar un antes y un después con su llegada al Gobierno.

En los últimos meses, el registro del Congreso de los Diputados y del Senado ha recibido múltiples respuestas escritas del Ejecutivo respecto al uso del Falcon oficial por parte de Pedro Sánchez. Parlamentarios de diferentes grupos se habían interesado por los detalles del viaje a Castellón a finales de julio para asistir a un concierto en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB).

El grueso de las respuestas responde al mismo patrón: "Los informes sobre movimientos de aeronaves militares, como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, tienen la consideración de materia clasificada, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968, de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978, de 7 de octubre".

Estos argumentos no son nuevos. Gobiernos anteriores han recurrido a una ley preconstitucional para mantener oculto cómo se gasta el dinero público en estos casos.

El viaje a Benicàssim

Los únicos datos que se han hecho públicos del polémico viaje a Benicàssim son los de protocolo "los días previos": 282,92 euros.

Esta era la cifra que figuraba en una resolución de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno en respuesta a una petición de información del asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, sobre "el coste aproximado y sin desglosar de todo el desplazamiento del Presidente y sus acompañantes, incluido el coste de apertura especial del aeropuerto de Castellón para este desplazamiento".

A finales de 2018, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), órgano que vela por el cumplimiento de la Ley de Transparencia, censuró, ya por segunda vez, la forma en la que el Gobierno recurre a la citada ley. Lo hacía en respuesta a una reclamación del El Confidencial, medio que había solicitado información relativa al coste y acompañantes de la gira del presidente Sánchez por América Latina en el mes de agosto.

"Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen información de carácter económico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los Presupuestos Generales del Estado; es pues dinero público y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadanía", figura en la resolución del CTBG.

La boda del cuñado del presidente

Los diputados del PP Emilio del Río y Mar Cotelo tampoco tuvieron suerte cuando preguntaron al Gobierno por escrito por el "coste económico total" que había supuesto el traslado de Sánchez, el día 30 de junio de 2018 a La Rioja para acudir a un acto privado, en el municipio de Aldeanueva de Cameros. Se trató de la boda de su cuñado, evento al que, según informó El Confidencial, viajó en helicóptero.

"El artículo 8 del Real Decreto 419/2018, de 18 de junio, por el que se reestructura la Presidencia del Gobierno, establece que corresponde al Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno la protección del personal, edificios e instalaciones del Complejo de La Moncloa, así como las funciones y actuaciones necesarias para la seguridad integral del Presidente del Gobierno y otras personas e instalaciones que determine el Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, en coordinación con el Ministerio del Interior. Por razones de seguridad no se puede facilitar información individualizada de los dispositivos de protección asignados a las diferentes Instituciones y personalidades del Estado", fue la respuesta literal, la misma que ofreció Moncloa cuando los mismos diputados preguntaron sobre otros aspectos de aquel viaje.

Consejo de Ministros de Sevilla

Tampoco obtuvo ningún dato el diputado Carlos Floriano (PP), que se interesó por el coste de los medios de transporte utilizados por los ministros para el desarrollo del Consejo de Ministros celebrado en Sevilla el 26 de octubre de 2018. 

"Se trata de una materia clasificada", respondió el Ejecutivo. "Tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros están sometidos a la misma, y en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, en virtud del Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, en relación con la Ley 9/1968 de 5 de abril, reguladora de los Secretos Oficiales y modificada por la Ley 48/1978 de 7 de octubre", puede leerse en la respuesta.

En todo caso, Floriano sólo pidió conocer el "coste". En su pregunta no pide ningún dato sobre los movimientos de los medios de transporte que fueron empleados.

Una reforma atascada en el Congreso

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El pasado marzo, la Mesa del Congreso desbloqueó una proposición de ley del PNV para reformar la Ley de Secretos Oficiales. Admitida a trámite a finales de 2016, había estado congelada por prórrogas en el plazo de presentación de enmiendas.

En la sesión de control al Gobierno del 19 de septiembre, el diputado de los nacionalistas vascos Aitor Esteban cuestionó a Sánchez sobre este asunto. "¿No le parecen contradictorios los anuncios que está haciendo sobre la memoria histórica cuando su Gobierno no está dando ningún paso para modificar o minimizar el impacto de la vigente Ley de Secretos Oficiales de 1968?", fue la pregunta registrada.

El presidente mostró su conformidad a la hora de reformar la citada iniciativa y avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando la posibilidad "de autorizar con carácter general la consulta de documentos integrantes del Archivo General Militar de Ávila". Pero Esteban exigió ir mucho más adelante suprimiendo dos acuerdos, uno de 1986 y otro de 2010, en los que se han basado los sucesivos gobiernos a la hora de "negar mucha información".