Bruselas advierte de que las 'golden visa' conllevan riesgos de "corrupción, lavado de dinero y evasión fiscal"

La preocupación por las golden visa llega a Bruselas. La Comisión Europea ha hecho público este miércoles un informe en el que alerta de los “riesgos” que suponen tanto para los Estados miembro como para la Unión Europea en su conjunto los programas de nacionalidad o residencia a cambio de importantes inversiones. El estudio, realizado por el Ejecutivo comunitario en respuesta a una resolución aprobada hace un par de años en el Parlamento Europeo, avisa de que este tipo de esquemas entrañan un peligro en términos de seguridad, lavado de dinero, corrupción, elusión de las normas comunitarias o evasión fiscal. Riesgos que se ven, además, acentuados si no se realizan las comprobaciones adecuadas. “Los Estados miembros deben respetar y aplicar en todo momento los controles y contrapesos obligatorios existentes, de los que no deben quedar exentos los programas nacionales de residencia para inversores”, ha recordado en rueda de prensa el comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos.

El mercado de las golden visa es descomunal. En la actualidad se calcula que este tipo de programas generan a nivel global unos ingresos a los Estados que superan los 11.000 millones de euros, un dato que puede escalar en los próximos años hasta los más de 17.000 millones. De todos estos esquemas, los europeos representan “el extremo más alto del mercado”, según consta en el estudio European getaway. Inside the murky world of Golden Visas (Escapada europea. Dentro del oscuro negocio de las golden visa), elaborado por Transparencia Internacional y el colectivo Global Witness y publicado el pasado mes de octubre. Fruto de este jugoso pastel son las docenas de empresas creadas para aconsejar a grandes inversores en relación con este tipo de programas. Algunas, incluso, aseguran estar avaladas por los propios gobiernos de los países. Otras, llegan a editar y vender informes anuales en los que analizan la situación de este mercado a nivel global.

Aunque la Comisión Europea recalca en su informe que los ciudadanos extracomunitarios pueden invertir en un Estado miembro “por razones legítimas”, también avisa de que esos movimientos pueden “perseguir fines ilegítimos”, como por ejemplo evadir a la justicia en su país de origen o proteger sus activos de “medidas de congelación o confiscación”. “Por lo tanto, los planes de residencia y ciudadanía por inversión entrañan una serie de peligros para los Estados miembro y para la Unión Europea en su conjunto”, señala el Ejecutivo liderado por Jean-Claude Juncker, que pone el foco en los riesgos para la seguridad. En este sentido, alerta de la posibilidad de que “grupos delictivos de fuera de la UE” consigan entrar en territorio comunitario por la vía de la inversión. Por ello, considera fundamental que los sistemas de golden visa “se organicen de tal forma" que se consigan mitigar tales peligros.

Bruselas, además, asevera que estos esquemas pueden favorecer “el lavado de dinero, la corrupción y la evasión fiscal”. Riesgos que, explica la Comisión Europea, “se ven acentuados” por las “deficiencias en la transparencia y la gobernanza” detectadas. Así, el estudio revela que “la información disponible” sobre los programas de golden visa “es incompleta”: “Las estadísticas claras sobre solicitudes recibidas, aceptadas y rechazadas faltan o son insuficientes”. Además, completa, “no existen mecanismos” que garanticen la cooperación de los países en esta materia. “Los Estados miembro no se informan entre sí de los solicitantes rechazados, ni siquiera en aquellos casos en los que el rechazo se ha producido por representar un riesgo para la seguridad”, señala a modo de ejemplo, añadiendo en esta línea que “los riesgos no siempre están suficientemente mitigados”.

Con todo esto sobre la mesa, desde Bruselas se muestran preocupados. Por ello, la Comisión avisa de que supervisará tanto “las medidas adoptadas” por los países para garantizar “la transparencia y la buena gobernanza en la aplicación” de estos programas como el cumplimiento en todo momento de la legislación comunitaria, tomando “las medidas necesarias” según corresponda. Además, creará un grupo de expertos para “mejorar la transparencia, gobernanza y seguridad”. Su cometido, detalla Bruselas, será establecer “un sistema de intercambio de información y consulta sobre el número de solicitudes recibidas, los países de origen y el número de ciudadanos y permisos de residencia concedidos o denegados” y elaborar “un conjunto común de controles de seguridad”, incluidos procesos específicos de gestión de riesgos, de aquí a finales de 2019.

Errores en los controles

Las advertencias son una respuesta a los continuos errores de filtrado de los inversores acogidos a estos programas que se han detectado en los últimos años. En Hungría, por ejemplo, se concedió en 2014 un visado al sirio Atiya Khoury, financiador del régimen de Bashar al-Assad sancionado por las autoridades estadounidenses, una decisión que levantó una enorme polémica en un país que se vio obligado hace unos meses a cancelar su esquema de golden visa. En Chipre, varios oligarcas rusos y millonarios ucranianos acusados de corrupción se aprovecharon de este sistema para lograr la nacionalidad. Del mismo modo, Malta también concedió la ciudadanía a magnates rusos incluidos por EEUU en la famosa Lista del KremlinLista del Kremlin. Los escándalos llegaron, incluso, hasta Portugal, donde consiguieron instalarse mediante mediante esta vía varios empresarios brasileños implicados en escándalos de corrupción o los familiares de un político angoleño acusado de sobornos.

En la actualidad, y según los datos manejados por Bruselas, una veintena de Estados miembro cuentan con sistemas de golden visa. Tres de ellos, venden directamente la ciudadanía a aquellos inversores de terceros países que desembolsen en sus fronteras importantes sumas de dinero. En Bulgaria es necesaria, según los datos recopilados por Transparencia Internacional y Global Witness, una inversión de entre 128.000 y 307.000 euros para obtener la residencia y, un año después otro de entre 256.000 y 3 millones de euros –varía en función del tipo de inversión– para lograr la nacionalidad. En Chipre, la ciudadanía cuesta entre 100.000 y 2 millones de euros. Y en Malta, se requiere al inversor haber residido al menos un año en la isla y realizar un desembolso mínimo de 1,15 millones de euros en el país, ya sea en adquisición de bonos, acciones o inmuebles, para hacerse con la nacionalidad.

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El precio de la residencia en España

Dichos Estados cuentan también con programas de residencia por inversión. En este grupo, además de Chipre, Bulgaria y Malta, se encuentran en la actualidad otros diecisiete países: Chequia, Croacia, Eslovaquia, España, Estonia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumanía y el Reino Unido. Al igual que pasa con la ciudadanía, la cantidad mínima a invertir para conseguir el visado de residencia varía en función del país. Así, mientras que por ejemplo en Grecia tan sólo es necesario realizar una inversión en bienes inmuebles por valor de 250.000 euros –a los que hay que añadir tasas que elevarían el coste final a los 300.000 euros– para tener un permiso de residencia durante cinco años, en Francia hay que desembolsar 10 millones de euros en un negocio en el país –o bien de forma personal o bien adquiriendo acciones de una empresa– que genere 50 puestos de trabajo para gozar de una golden visa durante diez años.

En el caso de España, el sistema emana de la Ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, que en su artículo 63 establece los desembolsos necesarios para obtener un visado de residencia de uno o dos años, ampliable en el caso de que se mantenga la inversión y se haya visitado España al menos una vez durante ese periodo. Barreras de entrada al alcance de pocos bolsillos: comprar propiedades por valor de 500.000 euros; acciones, depósitos bancarios o participaciones sociales de empresas españolas por valor de 1 millón; o deuda pública por valor de 2 millones de euros. Más de 41.000 ciudadanos extracomunitarios se han acogido al denominado Programa de Residencia para Inversores y Emprendedores (PRIE) desde su puesta en marcha, según los últimos datos del Ministerio de Economía correspondientes al ejercicio de 2017. Inversores, y sus respectivas familias, que procedieron mayoritariamente de China y Rusia.