La UE se 'arma' para frenar fraudes en las elecciones europeas

La Unión Europea continúa preparando el terreno para intentar inutilizar cualquier intento de fraude en las elecciones a la Eurocámara del próximo 26 de mayo. A cinco meses de la celebración de los comicios, los representantes permanentes de los Gobiernos de los Estados miembro han dado su visto bueno este viernes a una reforma normativa encaminada a castigar a todas aquellas formaciones que intenten aprovecharse de las posibles lagunas en materia de protección de datos para tratar de influir en la cita con las urnas. No es la primera medida que han tomado las instituciones en las últimas semanas con la vista puesta en las elecciones. Con el euroescepticismo avanzando con fuerza en buena parte del Viejo Continente, la UE quiere tenerlo todo bien atado para que ninguna injerencia pueda desestabilizar el proyecto comunitario. Y, para ello, ha puesto en marcha planes de contingencia para asegurarse de que los comicios se organicen de manera libre, justa y, sobre todo, segura.

La preocupación de Bruselas en relación con esta cuestión fue puesta sobre la mesa por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien durante su último discurso anual sobre el estado de la Unión fijó la protección del proceso electoral como una de sus prioridades. “Debemos proteger nuestras elecciones libres y justas”, aseveró el líder del Ejecutivo comunitario. En esa misma línea insistieron también el vicepresidente primero, Frans Timmermans, que apuntó que hay “quienes quieren desbaratar” los comicios con “sofisticadas herramientas”, y la comisaria de Justicia, Věra Jourová, que pidió “extraer enseñanzas de las elecciones y los referendos recientes”. En esta línea, todos ellos tienen en mente las sospechas de injerencia rusa en las presidenciales de Estados Unidos, el escándalo de Cambridge Analytica o la utilización indiscriminada de noticias falsas para condicionar a los electores. Por ello, Bruselas ha puesto en marcha medidas para “robustecer la resiliencia democrática”.

La posibilidad de un fraude alrededor de los comicios del próximo mes de mayo no solo inquieta a las autoridades comunitarias. La preocupación ha calado también en los propios ciudadanos. Según los datos del Eurobarómetro sobre democracia y elecciones, publicado el pasado mes de noviembre tras la realización de más de 27.000 entrevistas, un 61% de los europeos teme que las elecciones puedan ser manipuladas mediante ataques cibernéticos. Un 59% de los encuestados, además, tampoco descarta que agentes extranjeros y grupos criminales puedan influir en ellas. Y a un 67% le inquieta que el uso de datos personales de los electores pueda ser utilizado a la hora de orientar los mensajes políticos. Por ello, recogía el sondeo, la inmensa mayoría de los europeos se muestra a favor de enfrentar dichos riesgos introduciendo, entre otras cosas, una mayor transparencia en las plataformas de redes sociales.

Evitar otro ‘Cambridge Analytica’

El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo comunitario anunció un paquete de medidas para garantizar unas elecciones “libres y justas” porque, tal y como señaló el propio Juncker, “el riesgo de interferencia y manipulación nunca ha sido tan elevado”. En ese plan de contención, los datos ocupan un papel fundamental. Así, este viernes los representantes permanentes de la Unión Europea han refrendado un acuerdo alcanzado la semana pasada entre el Consejo y el Parlamento Europeo para reformar el Reglamento 1141/2014 incluyendo nuevas normas que permitan imponer sanciones a todos aquellos partidos políticos o fundaciones europeas que, aprovechando infracciones a las normas en materia de protección de datos, “influyan o intenten influir” en el resultado de las elecciones europeas. Las instituciones comunitarias esperan que estos cambios, que deben ser aprobados todavía por el Parlamento Europeo y adoptados por el Consejo, entren en vigor antes de la cita con las urnas.

Según el acuerdo al que se ha dado luz verde, se establecerá “un procedimiento de verificación” que permita determinar si una infracción del nuevo Reglamento General de Protección de Datos que detecte cualquier autoridad nacional de supervisión “está vinculada a actividades políticas de un partido o fundación” en el contexto de los comicios a la Eurocámara. En caso de que así fuera, se contempla la imposición de sanciones, que correrán a cargo de la Autoridad para los Partidos Políticos Europeos y las Fundaciones Políticas Europeas previo dictamen del Comité de Personalidades Independientes. El castigo podría ascender hasta el 5% del presupuesto anual de la formación o entidad implicada, que además, al año siguiente no podría recibir fondos con cargo al presupuesto comunitario. “No se puede permitir el uso indebido de datos personales para influir en las elecciones”, ha señalado el ministro delegado de Asuntos Europeos de Rumanía.

Con estos cambios, las autoridades esperan evitar nuevos escándalos como el de Cambridge Analytica, la consultora británica que recopiló ilegalmente a través de la red social Facebook datos personales de 87 millones de personas, una información con la que posteriormente se trazaron perfiles psicológicos que fueron fundamentales para diseñar mensajes electorales dirigidos a ciertas audiencias. Esta estrategia fue utilizada durante la campaña electoral de Donald Trump para las presidenciales de 2016 y en la campaña a favor del Brexit. Durante los meses posteriores al estallido del escándalo, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, fue interrogado tanto en el Congreso y el Senado de Estados Unidos como en el Parlamento Europeo. Reino Unido, por su parte, confiscó miles de documentos de la red social y le impuso una sanción de 525.000 euros, máxima multa que permitía le ley.

Lucha contra la desinformación

La segunda columna sobre la que se sostiene la estrategia diseñada por Bruselas de cara a las elecciones a la Eurocámara es, por supuesto, la lucha contra la desinformación. Así, con el objetivo de combatir eficazmente la proliferación de las famosas fake news, un asunto en el que las instituciones comunitarias han estado trabajando intensamente durante el último año, la Comisión lanzó el pasado mes de diciembre un plan de acción centrado en cuatro ámbitos: mejora de la detección, respuesta coordinada, industria digital y sensibilización. “Tenemos el deber de proteger este espacio y no permitir que nadie siempre el odio, la división y la desconfianza en la democracia”, aseveró en rueda de prensa la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, durante la presentación del plan, elaborado conjuntamente por los departamentos de Justicia, Seguridad y Economía Digital.

Por un lado, la Unión Europea prevé aumentar el número de expertos y herramientas de análisis del Grupo Especial sobre Comunicación Estratégica y la Célula de Fusión contra las Amenazas Híbridas del Servicio Europeo de Acción exterior, así como incrementar el presupuesto destinado a la lucha contra la desinformación de los 1,9 millones de euros dedicados en 2018 a los 5 millones para 2019. Por otro, tienen previsto impulsar campañas de sensibilización ciudadana que fomenten “la alfabetización mediática” y poner en marcha un “sistema específico de alerta rápida” entre instituciones europeas y de los Estados miembro “para facilitar el intercambio de datos y la evaluación de las campañas” de intoxicación informativa y “emitir en tiempo real alertas de amenazas de desinformación”, que deberá echar a andar, como máximo, el próximo mes de marzo.

En cuanto a las grandes plataformas digitales, las empresas firmantes del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación, entre las que se encuentran Facebook, Twitter o Google, deberán aplicar “rápida y eficazmente” los compromisos suscritos, como “garantizar la transparencia sobre los contenidos patrocinados” o “proporcionar una mayor claridad sobre el funcionamiento de los algoritmos”, aspectos sobre los que tienen que informar mensualmente al Ejecutivo comunitario. Además, este tipo de compañías tendrán que intensificar los esfuerzos para clausurar las cuentas falsas en redes sociales, identificar todos los mensajes difundidos automáticamente por bots y cooperar activamente con los verificadores de datos –fact-checkers, en inglés– e investigadores con el objetivo de que se detecten eficazmente las campañas de desinformación y de que los contenidos verificados “sean más visibles y gocen de mayor difusión”.

Transparencia y ciberseguridad

La estrategia de Bruselas también se centra en la transparencia. En este sentido, el Ejecutivo comunitario señala que los partidos, fundaciones y organizadores de campaña “deben dar a los ciudadanos información sobre el dinero que gastan en publicidad online en una campaña”. También recomiendan a formaciones y administraciones que se indique “claramente” el “partido o grupo de apoyo político” que esté detrás del pago de anuncios electorales en la red, compartiendo además “información sobre los criterios de selección de los destinatarios” para la difusión de dicha publicidad. En este sentido, las plataformas digitales firmantes del Código de Buenas Prácticas sobre Desinformación también asumen el compromiso de garantizar la transparencia en esta materia, pudiendo hacer pública la identidad de los patrocinadores y el dinero invertido, una medida que poco a poco han ido implementando empresas como Facebook.

La estrategia europea de cara a las elecciones también hace hincapié en la ciberseguridad. Porque, tal y como recuerda la Comisión, “los ciberataques representan un riesgo para los sistemas informáticos de las elecciones, las campañas, los partidos políticos, los candidatos o las administraciones públicas” que puede afectar “a la integridad y a la equidad” del proceso electoral. Por eso, entre otras cosas, instan a las autoridades de los Estados miembro a que adopten “medidas técnicas y organizativas” para gestionar los riesgos existentes que puedan comprometer “la seguridad de las redes y los sistemas de información” que se empleen en la organización de los comicios a la Eurocámara. Una cita con las urnas de la que, según la recopilación de sondeos del diario Publico, los grupos euroescépticos ENF y EFDD saldrían con más de un centenar de escaños.