La energía solar fotovoltaica en España ve la luz al final del túnel

2019 puede ser el año de la energía solar fotovoltaica en España, uno de los países más soleados del mundo. Tras años de travesía por un desierto nublado –las primas a las renovables del Gobierno de Zapatero y el posterior hachazo, el impuesto al sol y las polémicas por subastas "injustas"–, esta renovable se encuentra preparada para dar el salto. Coinciden varios factores: el abaratamiento de los materiales, la producción y los procesos de una tecnología que ya es rentable, y mucho; una legislación favorable, y una evidencia. El cambio climático ha llegado para quedarse y las renovables serán las energías predominantes en las próximas décadas. No queda otra. "Es una consecuencia lógica de una serie de acontecimientos. Va a ser el mejor año de los últimos diez, eso seguro", afirma el presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), José Donoso, quien, a pesar de todo, se resiste a hablar de boom.

"Es la primera revolución energética donde España tiene la materia prima: el sol", apunta el economista José Carlos Díez, que ha invertido en una pequeña empresa de autoconsumo fotovoltaico. 2019 será el año, también, por una circunstancia sobrevenida: el 31 de diciembre de este año acaba el plazo para que se instalen los 5.037 MW de potencia que se adjudicaron en la última subasta de renovables, de julio de 2017, y en los que la fotovoltaica se llevó un buen trozo del pastel (3.909 MW). El complejo proceso administrativo ha derivado en que, a fecha de hoy y según Donoso, solo se hayan instalado 25 MW de energía solar. Es de esperar, ya que se acaba el plazo para acceder a los beneficios que supone la subasta, que el crecimiento en fotovoltaica y en renovables en general sea destacado en los próximos meses. Pero la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya advirtió: no cree que se llegue a instalar ni el 70%.

El Ejecutivo tiene en su agenda lanzar nuevas subastas de renovables, que impulsen el desarrollo de un sector clave en las próximas décadas, en materia económica y en materia ambiental, aunque está por ver cómo afecta a estos planes el adelanto electoral. Pero, tal y como se encuentra el mercado, no hace realmente falta. Gobiernos de todo el mundo lanzan subastas de renovables para espolear la inversión: si una empresa logra que se le adjudiquen MW mediante este mecanismo, se le asegura un precio mínimo a cobrar por la energía que venda en el mercado, aunque el precio del pool baje en los próximos años. Sin embargo, empresas tanto nacionales como extranjeras se están lanzando a apostar por la fotovoltaica al margen de la subasta. Según Cinco Días, con una capacidad total de 23.500 MW.

Lo hacen por varios motivos. En primer lugar porque, como explica Donoso, están en auge los llamados contratos bilaterales, que permiten que una empresa con una planta de generación de electricidad firme directamente con una compañía que aprovechará esa electricidad, ya sea para consumirla –en el caso de grandes industrias– o ya sea para comercializarla. En segundo lugar, por las propias reglas del mercado. Hace una década jugaban en contra de las renovables, y ahora juegana favor. "Ha habido una gran reducción de costes. No hay un solo euro de prima o subvención, porque la fotovoltaica tiene un alto grado de competitividad. Es la tecnología más barata", afirma el presidente de UNEF. Mucho más barata que la generación a través de combustibles fósiles, más barata que la hidráulica, y más barata que la eólica. Quien apuesta ahora por la instalación de placas solares puede hacerlo aún sin ninguna ayuda del Ejecutivo para una retribución del kilovatio estable, porque aún con los vaivenes del pool, sigue siendo rentable.

El camino que ha tenido que recorrer hasta aquí la energía fotovoltaica es largo. La revolución de las renovables que quiso anunciar el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero no solo se quedó en nada, sino que supuso la ruina de muchas familias y litigios internacionales entre España y multinacionales del sector. El Gobierno de por entonces ofreció un precio por el kw generado muy subvencionado para asegurarse la viabilidad de los proyectos. Al cambiar de manos el Ejecutivo, la cartera de Energía no solo decidió acabar con estas primas, sino acabar con ellas con retroactividad, lo que se conoció como el hachazo a las renovables. Desde aquel duro golpe al sector renovable, pasaron años sin nuevas subastas, hasta las celebradas en mayo de 2017 (donde arrasó la eólica) y en julio de 2017 (donde la fotovoltaica recuperó el terreno perdido).

El Ejecutivo de Rajoy además, fue el que instauró el llamado impuesto al sol: el peaje de respaldo que pagaba el poseedor de un sistema de autoconsumo eléctrico (en la mayoría de los casos a través de tecnología solar fotovoltaica). El peaje se aplicaba tanto para la energía vertida en la red como por la electricidad que el usuario generaba y consumía con sus bombillas, su televisor o su frigorífico. Su derogación no solo conllevó la supresión de dicho peaje, también la eliminación de trabas burocráticas tanto o más importantes que la propia tasa, según los expertos. La UNEF estimó que el autoconsumo se duplicaría en España tras el movimiento de la cartera de Teresa Ribera. En 2019 se comprobará si la predicción se convierte en realidad: en todo caso, instalar una placa solar en casa es mucho más sencillo ahora que en estas mismas fechas hace un año.

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La UNEF añade algo más a la lista de agravios: el diseño del sistema de subastas. La normativa actual, que Ribera ha prometido que cambiará, no es neutra tecnológicamente según sus detractores. Cada empresa pone en la subasta el dinero de la inversión con la que están dispuestas a construir sus proyectos, y a partir de ahí gana la que más descuentos puede ofrecer. En la mayoría de países, simplemente se compite por el mw/h, es decir, por el precio de la electricidad que cobrarán cuando los planes se hagan realidad: en el caso español, se reciben primas por la instalación. En todo caso, la clave de las quejas está en el suelo que pone el Gobierno y en lo que hace en caso de empate. Se establece un precio mínimo en la subasta, y si todos llegan a ese precio mínimo, gana la que más horas de funcionamiento puede ofrecer. Y en esa competición, siempre gana la eólica. 

Fue lo que pasó en la subasta de mayo de 2017. Se estableció un precio suelo de 41,5 euros por MW de potencia instalada. Proyectos tanto de energía eólica como de fotovoltaica llegaron a ese mínimo, por lo que los primeros fueron los que se llevaron el gato al agua. UNEF llevó la subasta al Tribunal Supremo, pero se negó a anularla. Sin embargo, las tornas cambiaron en julio de 2017: el precio suelo se fijó en 32 euros/MW, un precio que solo podía alcanzar la solar, por lo que salió vencedora. La queja del lobby solar, que pide volver al estándar internacional de pujas por los kw/h y no por la potencia a pesar de que en la última convocatoria ganó de calle, solo se entiende desde la evidencia de que, a día de hoy, su tecnología es la más rentable y la más eficiente, a gran distancia de otros competidores renovables. 

Los próximos meses serán vitales para el futuro del sector renovable en España. El Plan Integrado de Energía y Clima, parte de la Ley de Cambio Climático que debe remitirse a Bruselas, establecerá la hoja de ruta de la descarbonización del sector energético, donde las renovables tienen mucho que decir, y definirá cuántos MW al año son necesarios para alcanzar los objetivos. Es una cuestión de evitar los peores efectos del gran reto medioambiental del siglo, pero también, por suerte o por desgracia, es una cuestión de dinero en juego.