Qué hacer para que la ultraderecha de Vox no convierta el juicio del 'procés' en un altavoz electoral

El Salón de Plenos del Supremo se convertirá, a partir de la próxima semana, en el escenario de uno de los procesos judiciales más importantes en democracia. Esa estancia del Alto Tribunal, en la que en su día fue condenado el teniente general José Sanjurjo por el golpe de Estado fallido contra la II República, será la que acogerá el juicio contra los doce dirigentes independentistas acusados de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. Pero también podrá convertirse en el altavoz de la formación de extrema derecha Vox, que ejerce como acusación popular en el proceso, de cara a los comicios municipales y autonómicos del próximo 26 de mayo. Con todas las miradas puestas en el Supremo, que retransmitirá en directo la vista del procés, el partido que dirige Santiago Abascal intentará explotar al máximo la causa como escaparate electoral. Sin embargo, los juristas consultados por infoLibre consideran que los letrados de la formación ultraderechista tendrán muy poco margen dentro de la sala para convertir el juicio en una suerte de mitin. Otra cosa, dicen, es que lo hagan de puertas para fuera.

Durante los últimos meses, las defensas de los líderes independentistas, que se enfrentan a peticiones de pena que van de los 7 a los 74 años de prisión, han pedido por activa y por pasiva la “inmediata expulsión” de Vox del proceso. Una de ellas fue la del presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que solicitó a finales de octubre la retirada del partido de extrema derecha de la causa alegando que los de Abascal pretenden “utilizar” su personación como “polo de atracción electoral para las próximas elecciones”. En un escrito remitido al Supremo, que el Alto Tribunal terminó rechazando de plano, la defensa de Cuixart alertó sobre la existencia de “intereses ajenos a la administración de justicia con exclusivas finalidades partidistas”, algo que, a su juicio, supone una “utilización fraudulenta” de la figura de la acusación popular. En la petición, la abogada del presidente de Òmnium puso sobre la mesa la intervención de Abascal durante el acto de su partido en Vistalegre, en la que exigió “que se detenga a los golpistas”.

Los acusados pueden negarse a responder

Pero los juristas consultados por este diario ven complicado que se vaya a permitir a Vox la utilización del Salón de Plenos como escenario de campaña. En primer lugar, la acusación popular va a tener bastante difícil la confrontación directa con el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de líderes, procesados por la aprobación de las denominadas leyes de desconexión, las protestas frente a la Consellería de Economía, la celebración del referéndum declarado ilegal del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. De hecho, todo apunta a que ni siquiera va a producirse. Los acusados, recuerdan los expertos pulsados, pueden “negarse” a contestar a las preguntas que les planteen los letrados de la acusación popular. “O pueden decidir responder algunas cuestiones y otras no”, añaden. En este sentido, las defensas de los principales dirigentes enjuiciados ya señalaron a Público que, en principio, no van a contestar para no “dar altavoz” a Vox.

Esto no quiere decir que con dicha estrategia se vaya a conseguir meter en un cajón las cuestiones de la acusación popular. Los juristas consultados explican que los encausados, aunque pueden negarse a responder, “no pueden impedir” que se formulen dichas preguntas para que consten en acta. No obstante, añaden, el planteamiento de esas cuestiones, aunque no vayan a ser contestadas, tiene que ajustarse en todo momento al “objeto del juicio”. “No son admisibles los alegatos de tipo político”, sostiene un juez consultado por este diario. “Las preguntas tienen que ser pertinentes y no pueden ser capciosas ni sugestivas”, añade otro reputado jurista. Los expertos también recuerdan que los letrados de Vox tampoco podrán utilizar su último turno de palabra durante el juicio para “hacer autobombo” de la formación de extrema derecha o para “plantear discursos políticos fuera del derecho penal”. “Esos minutos sólo se pueden usar para valorar la prueba y precisar su acusación”, exponen.

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Donde sí se puede producir mayor confrontación es en los interrogatorios a los testigos. Principalmente, como detallan los juristas, porque todos ellos están obligados no sólo a decir la verdad, sino también “a responder” a las preguntas que se les formulen. Pero, de nuevo, avisan de que los letrados del partido de extrema derecha deberán ajustarse a los hechos que se juzgan y tendrán que plantear las cuestiones de forma correcta. Si no lo hacen, deberán “ser cortados” por el presidente del tribunal, Manuel Marchena. Y en caso de que “hubiera un hipotético uso abusivo de las partes, podrían ser apercibidas o multadas”. Otra cosa, explica uno de los expertos, es que la acusación popular, ajustándose en todo momento “a los fines del proceso”, utilice de “forma indirecta” el juicio del procés planteando “una actuación procesal dura que pueda beneficiarle de cara a las elecciones porque esa dureza agrade a sus potenciales votantes”.

Entre los testigos llamados a declarar por el Tribunal Supremo a petición de Vox destacan el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, su ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. La acusación popular los sentará en el estrado para preguntarles por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por la denominada operación diálogo y por el control de las cuentas y el presunto delito de malversación, respectivamente. Así, los letrados de la formación de extrema derecha podrán someter a los exdirigentes conservadores, a los que acusan de no haber actuado en Cataluña con la suficiente contundencia –la “derechita cobarde”, en palabras del propio Abascal–, a una intensa batería de preguntas con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina. Y eso preocupa en el Partido Popular, que ve cómo Vox está amenazando buena parte de su caladero electoral.

Pero más allá de lo que suceda dentro de la Sala, uno de los jueces consultados también pone el acento en cómo se gestione el juicio fuera del Supremo. Pero ahí, dice, poco se puede hacer: “Fuera no hay límites para hacer una lectura política o para que Vox haga una valoración positiva sobre sí mismo como partido político. No hay forma de evitarlo. Es algo extraprocesal”. Mientras tanto, a una semana de que empiece la vista, que se prolongará durante los próximos meses, el independentismo sigue cargando contra lo que considera un juicio “político, injusto y vergonzante”. Y la extrema derecha espera que el Alto Tribunal no se convierta en “un teatro de operaciones políticas”. Porque la acusación popular, aseguró este sábado Javier Ortega Smith –principal letrado de Vox en el proceso–, no empleará el Salón de Plenos para hacer “discursos políticos”. Habrá que ver si pueden resistirse a usar como altavoz electoral el juicio más mediático en democracia.