El PDeCAT aumenta la presión sobre el Gobierno para adaptar el diálogo a sus demandas a cambio de los Presupuestos

Gobierno y Generalitat siguen sin hallar la fórmula que permita definir un espacio de diálogo sobre la crisis política catalana que satisfaga a Esquerra y al PDeCAT y al mismo tiempo se corresponda con el respeto al ordenamiento constitucional que exige el Ejecutivo de Pedro Sánchez. De los contactos que siguen manteniendo la vicepresidenta Carmen Calvo y su homólogo catalán, Pere Aragonès, y la consellera Elsa Artadi, se deduce que ambas partes intentan agotar los días que restan antes de la votación de los Presupuestos que tendrá lugar en el Congreso el próximo miércoles, pero también que las cosas no van por buen camino.

Quedan cinco días, pero cada día que pasa el acuerdo parece más complicado. No sólo no han logrado todavía ponerse de acuerdo sobre la identidad del relator que quieren incorporar al dialogo entre partidos sobre el futuro de Cataluña —al margen del que se desarrollará a través de la Comisión Bilateral Gobierno-Generalitat— sino que tampoco hay avances en el calendario y en los contenidos, entre los que los independentistas quieren situar, en un lugar destacado, el derecho a la autodeterminación.

Para muestra, un botón: el PDeCAT presentará este viernes una enmienda a la totalidadpresentará contra los Presupuestos Generales del Estado. Esa fue la conclusión más visible de la reunión que este jueves por la tarde mantuvieron en el Parlament todos los dirigentes que integran el espacio político posconvergente, incluidos el expresidente Carles Puigdemont (presente a través de videoconferencia), su sucesor Quim Torra, la consellera Elsa Artadi, los portavoces de JuntsxCat en la Cámara catalana, el presidente del PDeCAT, David Bonheví, y los diputados de esta formación en el Congreso, encabezados por Miriam Nogueras y Carles Campuzano. La primera, fiel seguidora de las tesis de Puigdemont, lidera a los diputados más exigentes con el Gobierno, poco dispuestos a aceptar nada que no incluya el reconocimiento del derecho a la autodeterminación y una orden directa del Gobierno a la Fiscalía para que retire la acusación de rebelión a la que se enfrentan a partir del martes los dirigentes del procés procesados por la declaración unilateral de independencia de octubre de 2017. El segundo, en cambio, representa al grupo de parlamentarios en el Congreso más partidarios de salvar el diálogo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez dando una oportunidad a la tramitación de los Presupuestos.

De ahí que cobre especial relevancia que Campuzano fuese el elegido para trasladar el pesimismo del PDeCAT, aunque “hasta el último momento tendremos siempre la puerta abierta”, precisó. “Hoy estamos más lejos del acuerdo que hace unos días”, algo de lo que culpó a la presión de PP, Cs y Vox. La enmienda a la totalidad de los antiguos convergentes se sumará a la que ya registró el martes Esquerra. Sin estos dos grupos, los primeros Presupuestos de Pedro Sánchez, negociados con Unidos Podemos y respaldados en principio por PNV y Compromís, decaerán sin llegar siquiera a ser debatidos en el Congreso, una situación de la que existe un solo precedente en 40 años de democracia —en 1995— y que desembocó en la convocatoria inmediata de elecciones.

Campuzano explicó que “la oferta que plantea el Gobierno socialista está muy lejos de aquello que podría permitir que el PDeCAT no presentara la enmienda”. Y para retirarla, lo que técnicamente puede ocurrir hasta unos minutos antes de la votación del miércoles, Gobierno y Generalitat no sólo deben ponerse de acuerdo sobre el nombre del relator, sino que se debe crear un “paquete global de dos espacios de diálogo que tenga la consistencia para abordar el conflicto político”. “Que unos y otros podamos explicar que hemos creado unos espacios que sirvan para por fin abordar el conflicto político en el Estado. Lo que no podemos explicar es que ponemos en marcha algo que no sabemos explicar y que no sirva para abordar el conflicto político”, explicó en una rueda de prensa recogida por Europa Press.

Los escollos

La cuestión del relator que debe acompañar el diálogo entre partidos políticos, que el Gobierno quiere reservar a una personalidad catalana pero que el Govern pretende ofrecer a alguien de fuera de Cataluña, no es ya el principal problema. Las dos partes no consiguen cerrar un calendario de reuniones ni mucho menos los temas a tratar, entre los que los independentistas insisten en incluir el derecho a la autodeterminación, algo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez rechaza con el argumento de que excede los límites de la legalidad constitucional.

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Eso sin contar la cuestión de los presos, que una parte del independentismo, sobre todo Esquerra, sigue situando entre sus reivindicaciones para permitir la tramitación de los Presupuestos, aunque otra parte ya haya asumido que el Gobierno no tiene margen para presionar a la Fiscalía a cuatro días de que empiece el juicio oral en el Tribunal Supremo, especialmente cuando arrecia la presión de la derecha y de una gran parte de los dirigentes del PSOE. Este jueves fue el expresidente del Gobierno Felipe González quien dio un paso al frente para rechazar la figura del relator y de la mesa de partidos porque, en su opinión, suponen degradar las instituciones que deberían canalizar el diálogo entre las formaciones políticas, tanto el Parlament en Cataluña como el Congreso en Madrid.

Y eso que PDeCAT y Esquerra han medido y mucho en las últimas horas las declaraciones de sus dirigentes para no alimentar el incendio político desatado por la alianza derechista formada por PP, Cs y Vox. De hecho, en el pleno del Parlament de este jueves ambas formaciones, que en la Cámara catalana comparten el mismo grupo político, rechazaron una propuesta de la CUP que pretendía literalmente “detener todo diálogo político con el Estado español que no tenga como condición previa el reconocimiento del derecho a la autodeterminación, el fin de la represión, la liberación de los presos y el libre retorno de exiliados”. La misma propuesta de resolución, que los partidos que apoyan al Govern de Torra rechazaron, pretendía también reivindicar que Cataluña avance “unilateralmente en el ejercicio de la autodeterminación”, sin aceptar las limitaciones del marco jurídico español. Ni siquiera votaron a favor de desobedecer el límite de déficit que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Mientras tanto, y a la espera de acontecimientos, la dirección del PSOE consiguió dar cierta homogeneidad a las declaraciones de sus dirigentes en torno al diálogo con Cataluña a través de un argumentario que justifica la necesidad y conveniencia de constituir un canal alternativo de diálogo entre partidos distintos al institucional para hablar de una solución política para Cataluña.