Transición energética
El Gobierno ata el principio del fin de la energía nuclear en España
El anuncio de elecciones anticipadas ha puesto en tensión a todos los actores vinculados con la sostenibilidad, la acción climática y el cuidado y defensa del medio ambiente. Las promesas de avance en distintas materias que trajo consigo el Gobierno socialista ante las urgencias están en serio peligro o directamente no se harán realidad, al ser materia presupuestaria. Pero hay un ámbito, el energético, en el que el Ejecutivo de Sánchez quiere dejar huella y marcar el rumbo del país durante los próximos años. Tal y como ha anunciado la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, el próximo Consejo de Ministros del viernes 22 de febrero alumbrará, por fin, el plan de Energía y Clima, la ruta a seguir para la descarbonización de la economía española que exige Bruselas y que tuvo que haber sido entregado en sede comunitaria en 2018. El documento esbozará qué fuentes van a alimentar el sistema energético del país en las próximas décadas, claves ante el desafío del cambio climático. Hay algunas certezas (las renovables serán predominantes en pocos años y al carbón le queda muy poco tiempo de vida) y una duda no resuelta hasta hace muy poco: el papel de la energía nuclear.
Apenas queda gente en España que no crea que la generación de energía eléctrica mediante el carbón debe extinguirse más pronto que tarde, debido a su impacto ambiental y el desarrollo de alternativas más baratas y más limpias. Tampoco queda quien no piense que las renovables son el futuro: en 2019, no emitir CO2 de manera directa es garantía de posteridad y, además, ahora son rentables al margen de primas y subvenciones, lo que despierta la avaricia de los mercados. Sin embargo, la función que deben jugar las centrales nucleares en España no despierta tanta unanimidad. Los ecologistas, por lo general, se oponen a una generación de energía que consideran peligrosa, sucia –no emite dióxido de carbono, pero sí genera residuos tóxicos– y demasiado cara en comparación a sus competidoras limpias. Sus defensores aseguran que no es tan peligrosa como se suele argumentar, que una correcta gestión de los residuos no los hace contaminantes y que, en un escenario de transición energética, su estabilidad es la mejor garantía de suministro.
Así, en medio de estas posturas confrontadas, se sitúa un número clave para el debate: 40. Son los años, en teoría, referencia durante los que un reactor nuclear, base y alma de una central, puede funcionar en condiciones óptimas de seguridad. Es una cifra que repiten como un mantra los ecologistas, los que mayoritariamente apuestan por ir cerrando las instalaciones conforme alcancen esa fecha. Operador Nuclear, técnico y divulgador de este tipo de generación de energía, defiende en este artículo en Xataka que la tecnología permite hacer funcionar a una instalación por encima de los 40 años en perfecto estado, siempre que tenga el visto bueno del organismo regulador (en el caso de España, el Consejo de Seguridad Nuclear). No parece que el Gobierno del PSOE vaya a cumplir la regla no escrita del sector.
En una comparecencia la pasada semana, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, confirmó lo que era un secreto a voces: el Gobierno establecerá las condiciones en el Plan de Energía y Clima para que el cierre de las centrales nucleares en España se produzca entre 2025 y 2035. Contradijo, así, al propio secretario de Estado de Energía, José Domínguez, que meses antes aseguró que ninguna clausuraría después de 2030. El programa electoral del PSOE de cara a las elecciones de diciembre de 2015 prometía implantar "un calendario de cierre de las centrales nucleares con 40 años de vida (...) que culminará en la fecha límite del 2028".
En 2028 cumplirá 40 años de explotación comercial la central nuclear de Trillo, la más joven del parque español. En realidad, y a diferencia de lo que sostienen algunos críticos, los socialistas no prometieron que ninguna central estaría abierta con más de 40 años, sino que a partir de esa edad se plantearía la clausura. Con 2028 como fecha límite, de hecho, las más antiguas la sobrepasarían. Incluso con la más pronta de las fechas que baraja el Gobierno, 2025, las centrales de Almaraz y Ascó sobrepasan el límite defendido por los ecologistas, como se puede ver en el siguiente mapa.
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Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran que el Gobierno no ha elaborado ningún calendario en conversaciones con las eléctricas y que simplemente establece en el PEC las condiciones para que los cierres se sucedan de manera ordenada, atendiendo a las necesidades de las propias instalaciones y de las empresas titulares, que toman la decisión de manera independiente. Sin embargo, Cinco Días publicó que el calendario es real y que cada central ya tiene su año fijado de clausura, un extremo que ha negado el Ejecutivo en conversaciones con infoLibre.
El activista antinuclear Francisco Castejón critica las reuniones que, durante enero, han mantenido Ribera y su equipo y las principales empresas energéticas que poseen centrales en propiedad: Endesa, Naturgy e Iberdrola, para abordar el fin del parque nuclear español. "Ha habido una falta absoluta de transparencia. La sociedad civil tiene algo que decir sobre estos planes. La opinión pública en España es mayoritariamente antinuclear", afirma. "La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos y sin contar con la gente", aseguró en un encuentro el pasado miércoles el presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando. Transición Ecológica insiste: fueron reuniones normales de trabajo en las que no se acordó ningún calendario, porque el calendario no es objeto de debate.
El organismo encargado de tutelar la transición hacia un mix eléctrico sin presencia de centrales nucleares es el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya renovación ha querido el Gobierno dejar atada antes de la disolución de las Cortes. Curiosamente, uno de los activistas antinucleares con más presencia del país, el ya citado Francisco Castejón, ha sido propuesto por Unidos Podemos y ha entrado dentro de la lista del Ejecutivo para liderar el regulador durante los próximos seis años, publicada este viernes. El resto de nombres propuestos son Elvira Romera, Pilar Lucio y José María Serena. Serán cuatro de las personas que, si el Congreso da su visto bueno, pilotarán, tras décadas de funcionamiento sin incidencias reseñables, el principio del fin de la energía nuclear en España.
