Cultura solicita a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE

El Ministerio de Cultura y Deporte ha enviado a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, a través de la Abogacía General del Estado, la petición de autorización para intervenir de forma temporal la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La intervención se realizaría por un plazo inicial de seis meses, según el comunicado hecho público el lunes por la mañana por el Ministerio de Cultura, que ha solicitado también la medida cautelar de "remoción de los órganos de gobierno" de la entidad, es decir, de la Junta Directiva presidida por José Ángel Hevia. Con este procedimiento, iniciado el pasado viernes, el Ministerio emprende la intervención de la SGAE, anunciada desde el pasado 24 de enero, cuatro meses después del apercibimiento enviado a la entidad a finales de septiembre. 

Así, si el juez lo autorizara, el ministro de Cultura, José Guirao, nombraría a un gestor interino "constituido bajo la forma de una comisión", según lo previsto en la Ley de Propiedad Intelectual. Según ha aclarado el ministro, la comisión "asumiría las funciones legales y estatutarias" de los órganos de gobierno de la entidad anulados judicialmente, y estaría integrada por un subsecretario de Cultura, una subdirectora general de Hacienda y un "juez de lo mercantil especialista en derechos de autor" que "está de excedencia en un bufete de abogados privado", en calidad de experto. El objetivo de esta comisión, según recoge la legislación, sería "regularizar el funcionamiento institucional de la entidad, clarificar su gestión e implantar cuantas medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las obligaciones legales previstas en la normativa vigente". El Ministerio ha defendido desde el primer anuncio de una posible intervención que esta se limitaría a modificar Estatutos y el reparto de 2018 conforme a la ley, además de implantar el voto electrónico. 

En un comunicado hecho público a las 13.40 del lunes, varias horas después de que el Ministerio anunciara la intervención, la SGAE ha señalado "el riesgo de paralizar y debilitar una entidad que se enfrenta a grandes retos, a nivel nacional e internacional". La sociedad de gestión de derechos de autor ha reivindicado su "plena disposición a colaborar con las autoridades judiciales", y ha esgrimido como señal de buena fe las alegaciones al requerimiento del Ministerio que envió el pasado 8 de febrero, más de un mes después de que se cumpliera el plazo dado en un inicio. La SGAE respondía entonces a Cultura solicitando "el archivo del expediente de apercibimiento" y asegurando tener la "firme voluntad" de adaptarse a lo solicitado por Cultura.

"Nosotros en principio no tenemos notificación oficial de que se vaya a producir una intervención judicial, ni tenemos otra notificación por parte del Ministerio", dice José Ángel Hevia a este periódico en la tarde del lunes. El presidente de la SGAE no confirma que se vaya a recurrir o no la solicitud de Cultura al juez: "Para saberlo, tendríamos que saber qué recurrimos". La entidad defiende que no tiene potestad para cambiar los Estatutos, ya que estos fueron tumbados en la última Asamblea; que no puede cambiar el criterio de repartos ya realizados, como pide Cultura, porque estos se encuentran recurridos en los tribunales; y que el voto electrónico puede instaurarse para el futuro pero no en las elecciones ya realizadas. Sobre la modificación de la normativa de la entidad, de hecho, Hevia llega a pedir "la ayuda del Ministerio" para "imponer" unos nuevos Estatutos por vía directa", pero sin llegar a la intervención. 

"Está anunciado desde hace meses"

En su apercibimiento de septiembre, el Ministerio pedía a la entidad de gestión de derechos lo autor que actuara en tres puntos: la modificación de los Estatutos para adaptarse a la normativa europea, la revisión de los criterios del reparto de derechos y la habilitación del voto electrónico en las elecciones. El plazo de tres meses otorgado en esa primera comunicación cumplió a finales de diciembre, sin que Cultura considere que se haya atendido a esta petición todavía, por lo que en su solicitud a la Audiencia Nacional se señala que "concurren razones de urgencia" para la intervención. Que se haga efectiva la intervención está en manos del juez: "Depende de la Audiencia Nacional", decía el ministro en una comparecencia pública pasadas las 14.00 del lunes, "y no hay plazo previsto". 

José Guirao ha sido duro con la directiva de la SGAE. Si esta criticaba haberse enterado de la intervención por la prensa, el ministro socialista respondía: "Está anunciado desde hace meses que se iba a intervenir, y ha llegado el día. Yo le he escrito a la Audiencia Nacional, no a Hevia, así que se ha enterado quien se tenía que enterar". Sobre la "plena disposición a colaborar" esgrimida por la entidad, Guirao ha animado a la Junta Directiva a que cumpla su compromiso y se ponga "al día antes de que el juez hable", pero se ha mostrado escéptico: "Cuando nosotros hemos ido a la Audiencia Nacional es porque desde la SGAE no han solucionado lo que hemos querido que solucionen. Si en la SGAE dicen que lo van a solucionar de aquí a mañana, pues estupendo". 

Es el mismo tono tajante usado anteriormente por Cultura. "Se les ha dado tiempo, margen y no ha habido forma de arreglarlo de manera pacífica y por lo que hemos optado es por hacer lo que dice la ley", decía el ministro en la Cadena SER por la mañana. Y la respuesta del 8 de febrero, en la que la SGAE aseguraba que modificaría por sí misma —con salvedades— los tres puntos indicados por Cultura, no mejoró la situación. Aunque el Ministerio no quiso entonces responder formalmente a la propuesta, el ambiente era de cierto escepticismo ante la maniobra de la entidad. El 24 de enero Guirao ya descartaba una solución "acordada": "Yo recibí a la nueva directiva al día siguiente de tomar posesión y no tuve claro que quisieran arreglar los problemas de fondo. Lo digo claramente", lanzaba el ministro. 

El entendimiento entre ambas entidades no ha sido precisamente fluido. La SGAE recurrió ante los tribunales el apercibimiento, algo que no fue bien recibido en el Ministerio. Recientemente, Cultura paralizó el reparto de anticipos sobre la recaudación a socios de la SGAE, pidiendo aprobar previamente la concesión de 2,5 millones de euros en préstamos, algo que la entidad suele realizar mensualmente de manera autónoma. Durante estos meses, las fuentes de la SGAE consultadas por este periódico han considerado excesivas las medidas tomadas por Cultura, a quien no consideran imparcial. Por su parte, las fuentes del Ministerio han mostrado ciertas reticencias ante la respuesta de la entidad, criticando que se mostrara ante los medios más dispuesta a la colaboración de lo que parecía por canales oficiales. 

Estatutos, reparto y voto electrónico

Si el juez lo concede, el Ministerio —ya sea este o el del próximo Gobierno— modificará los Estatutos de la entidad para adaptarlos a la normativa europea y al texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. Fue un proceso que ya iniciado por la presidencia de Hevia: la nueva normativa de la entidad tenía que ser aprobada por la Asamblea del 27 de diciembre —justo cuando se cumplía el plazo de tres meses brindado por el apercibimiento—, pero los socios que votaron a favor de la misma no alcanzaron los dos tercios necesarios. La dirección de la SGAE proponía hace diez días y propone aún "aplicar directamente la Directiva Europea y la LPI, sin la intermediación de los Estatutos" para ajustarse a lo solicitado por Guirao. Para ello, la SGAE pide "ayuda" al Ministerio para "imponer desde la legalidad la adecuación de los Estatutos", para lo que entiende que no sería necesaria la intervención. Cultura no ha considerado esta posibilidad. 

El Ministerio también pedía que el criterio de los repartos de 2018 incluyera las precisiones del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, que fue propuesto en abril, debatido por el Congreso en noviembre y que pasará por el Senado el jueves —los dos repartos de derechos anuales se realizan en junio y diciembre—. En las modificaciones aprobadas por el Congreso se recogía un nuevo tope a lo recaudado por la emisión de las obras durante la madrugada televisiva, u otros canales con una "ausencia de audiencia significativa", que se establecía en un máximo del 20% del total recaudado por el autor. Esta acción atacaba directamente al funcionamiento de la ruedalarueda, el supuesto fraude por el que autores y televisiones se conchababan para que los primeros ingresaran irregularmente unos ingresos muy altos por su participación en los programas nocturnos. Estos autores habrían cedido previamente los derechos de sus obras a empresas editoriales propiedad de las televisiones, por las que estas reingresaban, como en una rueda, parte de lo abonado.

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El reparto de diciembre fue efectuado con arreglo a la normativa válida hasta ahora, que no pone un tope a lo recaudado en franjas de poca audiencia, pero no fue refrendado por la Asamblea: votó en contra más de la mitad de los socios. Además, una demanda interpuesta por las editoriales de Mediaset y Atresmedia había tumbado a finales de diciembre ese mismo reparto, y la SGAE decidió recurrir esta decisión judicial, aún en el aire. "Hay varias sentencias judiciales que orientan los repartos en una dirección o en otra", se defiende José Ángel Hevia, "y hasta que estas sentencias no se hagan firmes ni la Asamblea de la SGAE ni la SGAE ni el propio Ministerio pueden estar por encima de ellas". La SGAE considera que la entidad, por sí sola, no puede atender a esta petición del Ministerio. 

Por último, Cultura implantaría también el voto electrónico en las elecciones de la entidad. Según el texto enviado este lunes, el Ministerio había pedido a la SGAE que "se constituyera una junta directiva de la entidad de gestión, a través de un procedimiento que garantizara el respeto de todos los derechos reconocidos a sus miembros (...), incluido el derecho de los miembros a comunicarse por vía electrónica con la entidad, el cual incluye el ejercicio del derecho del voto por dicha vía". Las elecciones en las que Hevia resultó ganador no introdujeron el voto electrónico, por lo que la entidad no habría cumplido tampoco este punto. En la oferta de entendimiento realizada hace 10 días por la entidad, esta proponía "realizar los desarrollos reglamentarios que permitan que en el futuro" se utilice el voto electrónico, pero defendía a la Junta Directiva "elegida legítimamente", ya que durante esos comicios aún no se había implantado el voto digital.